El 85% de la fuerza laboral en Bolivia se encuentra en la informalidad, un fenómeno que tiene consecuencias múltiples y profundas para la economía y la sociedad. Esta alta tasa de trabajo informal se traduce en empleos precarios y poco productivos, alimentando una economía basada en la renta más que en la producción sostenible y de alto valor agregado. La informalidad no solo estanca el crecimiento económico, sino que también limita las oportunidades de transformación tecnológica y de innovación.
El alto porcentaje del trabajo informal afecta negativamente a la industria formal. Los costos de producción se encarecen debido a la competencia desleal de mercados inundados con productos de contrabando. Este contrabando, lejos de ser regulado adecuadamente por el Gobierno, es en parte tolerado ya que ayuda a ocultar la magnitud de la crisis económica en el país. Ante un mercado laboral formal insuficiente y limitado, la población se ve forzada a insertarse en el sector informal, aceptando condiciones laborales precarias.
La proliferación de emprendimientos de subsistencia, especialmente en el sector de la preparación de alimentos, es una respuesta directa a la crisis y al desempleo. Estos emprendimientos, aunque son una solución inmediata para muchas familias, son en realidad emprendimientos por necesidad más que por oportunidad. Requieren poco capital y se basan en habilidades básicas como la cocina, y otros basados en rentas que puedan obtener por algún producto, estos no contribuyen significativamente al crecimiento económico, ni generan alto valor agregado en términos de innovación o desarrollo tecnológico.
La actual gestión económica del país ha debilitado la capacidad productiva, resultando en una escasa generación de empleos formales. Este debilitamiento ha llevado a una pérdida de la vocación productiva, una disminución en la capacidad de transformar mercancías con alto valor agregado y una caída en la oferta de trabajos especializados con formación profesional.
Investigaciones del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) señalan que alrededor de 200,000 jóvenes profesionales no logran encontrar empleo cada año. Los profesionales que consiguen empleo lo hacen en condiciones temporales e inestables, a menudo bajo formas de subcontratación o tercerización, lo que implica una pérdida significativa de derechos laborales y seguridad social de largo plazo.
El panorama se agrava con la aparición de emprendimientos enfocados en la importación de mercancías, perpetuando la dependencia de productos extranjeros y debilitando aún más la economía local. La informalidad no solo impide la generación de riqueza económica, sino que también agrava la desigualdad social. Aunque puedan aumentar los salarios en términos nominales, el poder adquisitivo de la población disminuye debido al encarecimiento de los productos, resultando en un ciclo de pobreza económica.
La gestión económica del gobierno en Bolivia ha demostrado ser insuficiente para enfrentar los desafíos que plantea la alta tasa de informalidad laboral. La informalidad laboral es un síntoma de la crisis económica y social del país.
El autor es sociólogo
