La falta de voluntad política del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) para dialogar con la ciudadanía y atender su demanda respecto al censo nacional, ha tratado de ser encubierta mediante dos supuestos diálogos; el del sábado 22 y el del viernes 28 de octubre. Disimular el espíritu dictatorial con la teatralización de “diálogos” solamente sirvió para incrementar la falta de credibilidad del MAS, ante la opinión pública. El descrédito de este partido viene de lejos: ajusticiamientos extrajudiciales en Santa Cruz, desfalco del fondo indígena premiando a los autores con un curul parlamentario, desconocimiento del referéndum del 21 de febrero del 2016, fraude electoral el 2019, linchamiento judicial a la expresidenta constitucional Jeanine Añez, etc., etc.
Debido a los diversos intereses representados en el MAS -todos ellos unificados por el común denominador del carácter antidemocrático del partido- la violencia es incentivada a escalar, colocando al país todo ante la perspectiva de una confrontación interna. Todo ello, por la pretensión del gobierno de imponer un censo que no genera confianza alguna en la ciudadanía, particularmente por el año sugerido, el 2024.
En estas condiciones, el binomio MAS-violencia deviene en el motor que lleva a la situación nacional a un aparente callejón sin salida. Sin embargo, resulta bastante sencillo destrabar el conflicto, si Luis Arce asumiera el rol de primer mandatario y dejara el rol de agitador de plaza, que hasta el momento ejerce con gran entusiasmo.
Los grados de violencia se elevan por la responsabilidad del MAS, en varios sentidos. El traslado de grupos de choque (en rigor, cercanos a grupos paramilitares) a Santa Cruz, con la absurda intención de cercar (i. e., circunscribir el conflicto) a esa ciudad, no hace sino alentar a otras regiones a sumarse activamente al pedido por un censo para el 2023. El rechazo a la intención del gobierno por manipular el censo, realizándolo en un año pre-electoral (2024) es, pues, nacional, aunque ello se exprese con bastante lentitud.
Adelantándose al fracaso de doblegar al pedido ciudadano por la fuerza, varias voces desde el gobierno buscan complementar el trabajo sucio de sus grupos de choque, con la judicialización de la protesta ciudadana. Pero si el servilismo del Ministerio Público y del Poder Judicial quisiera cumplir a cabalidad ese deseo y satisfacer a los jefes del partido, tendrían que construirse centenares de cárceles en el país, para recluir a los cientos de miles de ciudadanos. En este orden, la judicialización de la demanda ciudadana se torna en una simple arma política, para descabezar la protesta social, con la poca probabilidad de aplastarla.
Líneas arriba dijimos que los diversos intereses (sectoriales, corporativos y personales) explicaban, en parte, la inclinación del MAS para escalar la violencia; añadamos ahora que ello es así porque el MAS no tiene proyecto nacional, ni proyecto partidario. Lo único que les unifica es la peregrina idea de proteger, entre todos, los intereses particulares de cada uno. De esta manera, intereses particulares y ausencia de proyecto político explican el aumento de la violencia, por parte del MAS, por cuanto saben que sin censo manipulado, un fraude electoral el año 2025 será imposible de encubrir.
Desde una perspectiva nacional general, todo lo que vimos en estas líneas nos habla de una sociedad profundamente dividida y sin puentes internos de comunicación. Destruidas las instituciones estatales de mediación, toda demanda ciudadana deviene en debate político nacional, en el sentido que su solución involucra a las diversas instancias del gobierno central. Las instituciones de mediación permiten, precisamente, que las demandas ciudadanas puedan ser procesadas, sin involucrar necesariamente a los núcleos centrales del poder político.
Así como la falta de credibilidad de la población en el MAS se ha cultivado durante largo tiempo en la sociedad, así también este partido ha cultivado otro perverso hábito. Se trata de mantener vigencia política nacional no en base a proposiciones e iniciativas políticas, sino en base al conflicto. La falta de voluntad política para garantizar a la población un censo confiable el 2023, se escuda bien tras el conflicto, porque permite la apariencia de un partido propositivo y con un proyecto. Es decir, el conflicto provocado permite “mantener a flote” una estructura partidaria carcomida por la corrupción, la división interna, la prebenda y la falta de espíritu democrático.
Omar "Qamasa" Guzmán es sociólogo y escritor
