En determinados períodos históricos convergen algunas condiciones que permiten, a intereses mezquinos, conflictuar el bienestar de todo un país. Precisamente uno de estos períodos vive hoy por hoy Bolivia, a raíz de la manipulación política del censo nacional que el gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) pretende y la ciudadanía rechaza. La fracción gobernante de este partido, a la cabeza de Luis Arce (ocupado en una menuda pugna interna con la fracción de Evo Morales), sin contar con un proyecto político y menos con una convocatoria nacional, cree haber encontrado, en la manipulación del censo, su tabla de salvación.
El innecesario conflicto -desde el punto de vista del interés nacional- provocado por el gobierno, ha llevado a la ya defectuosa institucionalidad estatal, a un estado de incertidumbre extrema. Para llegar a este punto, la carga negativa que se expresa en las mezquinas acciones del gobierno, fue suficiente para conflictuar al país, pero no alcanzó a sacar a flota las pequeñas ideas, de los hombres del palacio de gobierno, a título de proyecto político. Aunque ninguna de las fracciones masistas lo entienda, un verdadero hombre de Estado debería tener, al menos, la capacidad de mirar más allá de su nariz.
La principal pérdida del MAS, que le ha provocado su afán de imponer el censo para el 2024, se encuentra en el plano discursivo. El conflicto puso al descubierto, ante los ojos de las instituciones, de la opinión pública y ante su propia militancia, que el vacío propositivo de Luis Arce le ha llevado a instrumentalizar las instituciones estatales, disponiendo de ellas como si fueran simples células de militantes partidarios.
De hecho, el conflicto invalidó la narrativa que el gobierno pretendía instalar, al calificar la demanda ciudadana como un intento de golpe, “como en el 2019”. Arce incluso exhortó al nuevo Alto Mando militar, en ocasión de posesionarlo el 1 de noviembre, a “defender la Constitución”, ante los supuestos aprestos golpistas de la población. El nuevo comandante, en agradecimiento por el alto cargo, se apresuró a asegurar que las Fuerzas Armadas (FFAA) harían respetar la Constitución. Sin embargo, estas alarmistas voces estuvieron tan alejadas de la realidad, que incluso el jefe del partido de Luis Arce salió a decir que hablar de golpe era una exageración. El conflicto, pues, no sólo anuló la inverosímil narrativa del gobierno, sino también, por comparación, dejó en claro que la crisis social nacional del 2019, tampoco produjo golpe alguno, por parte de la población.
En lo ideológico la pérdida del MAS es igualmente grandiosa. Las altisonantes amenazas de la dirigencia sindical campesina y de los “interculturales”, de ejecutar el plan Tupac Katari para cercar la ciudad de Santa Cruz, fue un rotundo fracaso. Luego de la crisis del 2019 escribimos que uno de los cambios más importantes que ella produjo, consistía en el derrumbe del mito de “la indiada carga” y del retorno de Katari en millones y millones. Ese mito había servido desde siempre como un mecanismo de disuasión e intimidación psicológica. Ahora, tres años más tarde, ello se ejemplificó de manera sobreabundante. Ni con el militante apoyo de la policía boliviana, a los grupos de choque del MAS trasladados a Santa Cruz, ni con la entusiasta participación policial en los intentos de aquellos grupos vandálicos por quebrar el paro cívico, tuvo éxito aquel plan.
El mismo fracaso ideológico puede observarse en relación al pedido de la dirigencia sindical nacional -sujeta al MAS por la prebenda-, de “tomar las fábricas” de Santa Cruz que estuvieran apoyando al paro y nacionalizarlas. Rápidamente salieron al frente no sólo los trabajadores de aquellas empresas (pensadas como botín de guerra del masismo), sino el propio máximo dirigente fabril, de ese departamento. Todos ellos dejaron en claro que ni apoyaban las pretendidas tomas, ni se encontraban movilizados en apoyo al partido de gobierno.
Sin narrativa creíble, sin discurso ideológico nacional, la pretensión del gobierno por imponer al país todo un censo manipulado políticamente, se muestra como lo que es; un proyecto antidemocrático y dictatorial. Lo peor en esto es que el partido gobernante utiliza a las instituciones estatales como simples instancias operativas de su partido. Así, la Fiscalía y el poder “judicial”, son puestas en estado de apronte para arremeter con cientos de juicios a los ciudadanos demócratas. Ello lo dejó en claro Richter, vocero del gobierno, cuando en su desesperación por la persistencia del pedido ciudadano por un censo confiable el 2023, amenazó: “habrá consecuencias”.
Se entiende que por falta de propuesta nacional, el MAS ha impulsado el conflicto por el censo, provocando un estado nacional cercano al quiebre. Desde ya, ha profundizado la división interna en todos los sentidos; división política, social, regional. En ese afán, el mismo MAS ha terminado por dividirse. Lo hizo, no porque hubieran sectores dispuestos a atender el pedido ciudadano, sino porque entre los querellantes se encuentra la disputa por el control del poder. Con tal de salir adelante en ese pleito, ni a evistas, ni al ala gobernante, les interesa la suerte de este país, de su institucionalidad o de su sociedad.
Visto el atropello a la institucionalidad estatal y vista la incapacidad de dialogar con la ciudadanía movilizada, así como vista la insistencia por imponer el censo manipulado, puede decirse que Luis Arce ha dejado en claro que pretende desarrollar una perspectiva totalitaria y dictatorial. Para encubrirlo, de nada le sirve escudarse bajo el pretexto del acompañamiento de organismos internacionales, para garantizar un censo fiable el 2024, porque en las elecciones del 2019 también hubo acompañamiento de organismos internacionales y al MAS no le tembló la mano para imponer un gigantesco fraude. Ante ello, algunos de esos organismos internacionales simplemente prefirieron hacerse de la vista gorda.
Por otro lado, el censo que el gobierno pretende imponer está, desde ya, destinado al fracaso. Lo está por la falta de credibilidad que hasta el momento ha despertado el proceso de definición del año censal; y sin credibilidad, sencillamente no podrán desarrollarse exitosas políticas públicas que, se supone, emergen y se nutren de un censo fiable. El país, pues, se encuentra convulsionado y todo parece señalar que incluso medidas represivas como las que Richter adelantó o el nuevo comandante militar se mostró dispuesto a cumplir, serán rebasadas en su capacidad de contención, por la fuerza del pedido democrático ciudadano.
Omar "Qamasa" Guzmán es sociólogo y escritor
