Luego de haber suscrito un acuerdo entre una parte de los Empresarios Privados y el Gobierno que consta de 17 puntos, cabe preguntarse porque es que la premura, la urgencia, el apuro en el que se encuentra la administración de Luis Arce Catacora es el único motivo por el decide escuchar al sector privado, o por lo menos una parte.
Bueno, la respuesta radica en la necesidad de esconder la mano a la hora de definir las políticas que neutralizan o resuelvan la crisis económica del país. Los empresarios privados o pecaron de ingenuos al suscribir un acuerdo en el que ninguno de los puntos acordados resuelve el origen del problema mucho menos atenúa sus efectos secundarios. O negociaron algunos beneficios fuera de la mesa. Me inclinó por lo segundo.
No es casualidad que los puntos se ajusten al mismo “Modelo Económico Social Productivo Comunitario”, insistir en la Sustitución de Importaciones es una quimera que se viene reciclando en cada discurso, lo lamentable es que los empresarios consideren que esta política sea efectiva y se incluyan en la misma, orientando sus operaciones con prioridad al mercado interno.
Fomentar las energías limpias bajo la lógica del Gobierno parece desconocer totalmente la naturaleza de estas, el problema energético actual con la necesidad inmediata de gasolina y diésel, así como la caída en la producción de gas natural que impulsa la generación de energía eléctrica en el país no tendrán respuesta a partir de altas inversiones condicionadas al largo plazo.
Abrir la posibilidad a la importación de combustibles a los privados viene acompañada del candado estatal que nuevamente se refugia en trámites y procesos administrativos que el Gobierno sostiene no solo como muestra de su poder sobre el sector sino también como un pretexto más para la corrupción institucionalizada.
En ese marco el Gobierno vuelve a convocar tarde a los empresarios y estos se sientan en una charada de Cumbre por la Economía, sino que terminan aceptando puntos incoherentes, inaplicables, inviables y hasta dantescos para el sentido común. En ningún punto se cuestiona el problema central: el déficit público de más de 5 años producto de un excesivo gasto público financiado a partir de las Reservas Internacionales y Créditos Internos y Externos.
Si los empresarios privados no tienen claro el diagnóstico, no importa el número de puntos de los que se componga el acuerdo con el Gobierno, la crisis económica se recrudecerá y será el propio sector privado uno de los damnificados. Tuvieron la oportunidad no solo de escuchar sino tomar la palabra y demandar ajustes a nivel gobierno, reducción del gasto público, asumir un paquete de medidas de austeridad lo suficientemente agresivas para generar confianza en los probables agentes de crédito internacional para otorgar fondos que respalden el tipo de cambio fijo. Este no es momento de políticas fiscales asistencialistas, redistributivas y de inversión para alargar la agonía a sabiendas de que estas no son resultado de variables reales en la economía sino simplemente inyecciones de gasto para revivir la demanda interna lo suficiente como para patear la crisis hasta agosto 2025, por lo menos.
Las alianzas entre el sector público y privado demandan de negociaciones en el que ambas partes ceden, pero también defienden sus intereses. Lo que sucedió en Bolivia la pasada semana simplemente fue resultado de una imposición unilateral en la que los empresarios fueron simples observadores, sin capacidad de reacción y respuesta como sector.
El simple hecho de asistir a pesar de las intenciones manifiestas de proponer medidas como el control de divisas y otras medidas sugeridas por la Cumbre Social, reunión de amigos del poder, es clara muestra que parte del sector empresarial a perdido el norte no solo a la hora de identificar los problemas sino a la hora de proponer soluciones que en definitiva les permita sortear la crisis y establezcan las bases de un nuevo escenario para la inversión privada de los próximos 25 años.
No se exige de los empresarios privados hacer política, se les pide coherencia con su sector y con sus intereses. La pasividad con la que asumen la crisis no les garantiza más que la ruina. ¿Por qué no arriesgarse a salir de la zona de confort? Desafíen, cuestionen, propongan señores.
El autor es economista, Máster en Desarrollo Sostenible y Cambio Climático, Especialidad en Gestión del Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio Climático, presidente de Fundación Lozanía
