He quedado perplejo ante la reforma que plantea el Ministro de Justicia y Transparencia, Iván Lima, primero, porque falló en una tentativa pragmática de corte propagandístico a pocos días de su posesión en el cargo (noviembre de 2021) y segundo, porque en circunstancias de violación de derechos fundamentales y derechos humanos con exautoridades, jefes militares, policiales, exministros y ciudadanos que en número de 36 suman los detenidos preventivamente, sufren la tropelía tóxica del régimen del que forma parte y, que ahora, pretenda presentarse como autoridad moral para iniciar la reforma del sistema judicial, si en su haber la tortura y la persecución forman parte de su agenda pública, articulada con los tribunales y fiscalía general, no deja ser “un proyecto envolvente y estrepitoso”.
Cabría recordar que esa ética que predica la primacía de lo más útil en lo inmediato es lo que, en filosofía, se conoce con el término de utilitarismo. Si “lo que es útil en lo inmediato siquiera afianzándose en nuestras sociedades como “el único generador de todos los valores, entonces, como conjunto humano, estaríamos perdiendo la capacidad de entender también “lo que es bueno”, lo que es bello y, sobre todo, “lo que es justo”.
Ante los seis ejes que propone el ministro Iván Lima (1º -09-2021): Balanceo de conflicto, definido como una estrategia de reacomodo de jueces en el país de acuerdo a la cantidad de población y material judicial, cuando en realidad debería centrarse en cubrir con jueces en todos los municipios del país y en función de la carga procesal que se generen en cada uno de ellos; el sistema de acceso a la justicia, pretende que la justica alcance a los grupos más vulnerables, como si con el sistema actual habrían grupos privilegiados, como en realidad los hay, como los amnistiados e indultados por hechos gravísimos de color azul; la independencia judicial, a través de la fiscalización de procesos judiciales transparentes y garantizar la carrera judicial, lamentablemente, desprestigiada por el Consejo de la magistratura en los procesos de admisión, selección y designación; Soluciones TIC, que busca impulsar la transformación digital del modelo de gestión judicial, sin embargo las audiencias de acciones de garantías se suspenden sin justificación alguna; Desarrollo normativo, se plantea implementar políticas públicas y normativas y la adopción de métodos alternativos para la solución de conflictos: como la conciliación, mediación, etc. Y, por último, la Transparencia institucional, con el fin de promocionar la ética y la transparencia en la administración pública, por medio del acceso a la información, control, participación social y el uso de tecnologías de información.
Al hilo de la propuesta hay quienes se pueden sorprender un poco, pero entiendo que este va ser uno de los grandes debates de la legislatura, si se inicia la discusión política en torno a la -reforma de la Constitución vía referendo virtual- (art. 11. II. 1 CPE), en la que la gente tenga que decidir los pilares centrales de la reforma; en este sentido, para no tener oculto los problemas me permito plantear lo siguiente:
a) Si queremos ser honestos la reforma debe hacerse a partir de la Constitución y vía referendo virtual y así se aprovecha el tiempo.
b) Va ser un escollo para el gobierno, pero me temo que a la sociedad civil le va sobrar el coraje para plantear el debate del cambio urgente del modelo eleccionario de magistrados por un sistema meritocrático, porque los actuales magistrados y fiscales han fracaso al ponerse al servicio del gobierno.
c) La independencia de los órganos judiciales, la no injerencia abusiva en las decisiones del poder central político que se ha vuelto tóxica: con dobles sorteo de causas, denuncias de cambios de fechas de sentencias y hasta desaparición de expedientes o, sentencias resucitadas en acciones de garantías en contra de los tribunos, es otro de los temas nucleares a garantizar y eso pasa por la reforma del modelo y no con simples ejes repetitivos de transparencia, uso de TIC, acceso ala justicia de sectores más vulnerables, sin hacer mención que los que fallan son los magistrados que fueron seleccionados y designados por el poder político hegemónico del MAS IPS.
d) Una política preventiva de solución de conflictos es importante como la conciliación, la mediación, los juzgados de paz y jueces en todos los municipios del país, desde luego habrá que subrayar que este rubro precisa de mejor presupuesto para los órganos judiciales (3% reclamado desde hace más de veinte años).
e) Es importante plantear el tema cómo elegimos a los magistrados y fiscal general. Al parecer existe consenso en los juristas que sea una Comisión integrada por profesionales abogados éticos y de reconocida capacidad competencial en las Ciencias del Derecho, quienes tengan la responsabilidad de elaborar un procedimiento de selección, evaluación teórica-práctica y ejecutar, que garantice la elección meritocrática y de oposición a los mejores profesionales del país, que aseguren honestidad, transparencia, imparcialidad y hagan de la Constitución y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y los tratados sobre derechos humanos, el bastión de seguridad y ejercicio de las libertades de las personas.
f) Instituciones versadas en Derecho deben participar en la reforma: Los Ilustres Colegios de Abogados, Academias de Ciencias de Estudios Constitucionales y Penales, Facultades de Derecho, Asociación de jueces de magistrados, organizaciones de la sociedad civil y partidos políticos.
g) Para buscar un equilibrio en la representación de magistrados y la clase política y sociedad civil se sienta representada en el proceso meritocrático, se sugiere que el Órgano ejecutivo tenga un 33 %, la Asamblea Legislativa Plurinacional un 33% y las Academias, Colegios de Abogados y Facultades de Derecho un 34%. renovados en un tercio cada tres años por sistema de antigüedad y sorteo, exceptuando al presidente y Decano.
h) Como requisitos de admisión si se quiere avanzar se proponen: 1) Tener una antigüedad de 15 años en la profesión, jurisdicción y docencia universitaria, 2) No tener ninguna militancia política o afinidad en su vida profesional, 3) Exentos de procesos penales ejecutoriados ni pliegos de cargos ejecutoriados y 4) No haber vulnerado la Constitución y la CADH en el ejercicio de sus funciones.
En términos de reforzar las propuestas, me parece que la Constitución de 2009 no está hecha mirando al futuro, sino mirando al pasado y su legitimidad está en entredicho, al igual que de los magistrados y el fiscal general.
Pedro Gareca
Perales, Abogado Constitucionalista y defensor de DDHH
