Los juicios políticos ensayados tanto en Estados Unidos (EEUU) como en Bolivia fluyen como agua de superficie sobre el torrente fondo de las sociedades, en el que se incuban procesos sociales de vasto alcance. En este marco general puede encontrarse una coincidencia entre ambas realidades socio-políticas; ello a pesar de las líneas de análisis que dibujan direcciones encontradas. En efecto, mientras en EEUU trataron los demócratas de enjuiciar a los gangsters que estuvieron en el gobierno hasta hace poco, en Bolivia son estos últimos quienes impulsan el juicio político en contra de demócratas. Estas líneas encontradas se encuentran acompañadas por otras, según veremos a lo largo de este artículo.
Así tenemos, entonces, inicialmente que los procesos sociales y los juicios políticos presentan signos distintos, para EEUU y para Bolivia, debido a sus diferentes historias sociales y desarrollos de cada institucionalidad estatal. Los procesos sociales expresan, por su parte, la evolución de las configuraciones particulares de cada sociedad y en ese sentido son realidades únicas. En este orden, los juicios se asientan sobre actores políticos y soportes institucionales de diferente cualidad. Por tanto, únicamente en el contexto general que marcan los hechos (los procesos sociales y los juicios políticos) coinciden las experiencias de ambos países. Las conclusiones a formularse, consiguientemente, se remiten a esa generalidad.
Vamos a desarrollar nuestra reflexión en dos momentos. Primero nos referiremos a los procesos sociales en cada uno de los dos países y luego abordaremos los juicios políticos. En cada momento la distinción estará dada por las particularidades de uno y otro país.
Entre los múltiples dispositivos que dan lugar a la conformación de los procesos sociales en los países, encontramos diferentes predominios de estos dispositivos. Aunque los dispositivos ideológicos, políticos, económicos e históricos se encuentran en ambos ejemplos, no son los mismos dispositivos los que predominan en cada uno de ellos. Así, por ejemplo, diríamos que en EEUU, durante la última media década al menos, han predominado los dispositivos ideológicos y económicos, mientras que en Bolivia lo hicieron los dispositivos políticos e históricos, para la dinámica de sus sociedades y la consiguiente conformación de los procesos sociales hoy en curso.
Efectivamente, en EEUU se ha manifestado con fuerza una ideología racista, basada en el discurso de la supremacía blanca y la antiinmigración. Es verdad que detrás del dispositivo ideológico se encontraban otros dispositivos, como el económico y aun el histórico, pero es igualmente cierto que estos no se manifestaron en forma directa, sino por medio del primero. Por ello, detrás del racismo, puede decirse, subyacen también razones económicas, vigorizadas por el desempleo y el desmantelamiento de complejos industriales -como, notoriamente, en Pittsburg, al no poder competir, principalmente con países asiáticos-, en medio del cambio de la economía a nivel global. Igualmente es cierto que, mucho más en el fondo de esa ideología racista, se encuentran razones históricas. En EEUU, el discurso de la supremacía blanca tiene larga data y uno de sus momentos fundacionales nos remite, por lo menos, a mediados del siglo XIX, cuando se manifestara dramáticamente en la guerra civil de 1863.
Por su parte, en Bolivia, el principal dispositivo que dinamizó el comportamiento de la sociedad estuvo dado por la política. Fue la oposición abierta, de grandes sectores de la ciudadanía, la que desbarató el proyecto político de la delincuencia organizada en torno al gobernante Movimiento al Socialismo (MAS). En buenas cuentas, ese proyecto consistía en poner a disposición de la delincuencia internacional nada menos que un Estado. La desagregación social y política del MAS, posteriormente, no es sino la consecuencia del fracaso de aquél proyecto. Es cierto que aquí, detrás de todo ello, subyacen elementos históricos. Es indudable que las añejas contradicciones no resueltas, principalmente étnicas y regionales, han estado presentes en la configuración del proceso social en curso. Sin embargo, al igual que en el ejemplo anterior, este dispositivo de fondo no se manifestó de manera directa, sino por medio del principal dispositivo, que en este caso fue el político.
En relación al juicio político que en cada uno de estos países se ensaya, digamos que esos juicios grafican la toma de posición de defensores y detractores de la democracia, en el contexto general de los procesos sociales que comentamos y que condicionan la institucionalidad estatal, en cada caso. Es evidente que la institucionalidad estatal, en particular la institucionalidad política, presenta distintos grados de desarrollo entre ambos países. Es esta diferencia la que explica grandemente las causas por las cuales los “actores” del pleito democrático (defensores y detractores) pueden ocupar la posición por las que han optado y en última instancia, nos ayuda a comprender el sentido mismo del juicio político, ensayado en EEUU y en Bolivia.
En el primer caso se observa una institucionalidad estatal sólida. Fue esta solidez la que permitió resistir a las instituciones estatales, primero las arremetidas de la anti-democracia encabezada por Donald Trump y luego, facilitó que las expresiones democráticas ensayaran el juicio político a Trump. Junto a la institucionalidad estatal debe considerarse, para el juicio (y el decurso que éste ha tomado) la institucionalidad política. Entendida esta última como un sistema de mediaciones, se asume al juicio en cuestión como la capacidad institucional para procesar pulsiones anti-democráticas, activas en la sociedad. Sin embargo, dada la profundidad en la que se ancla el proceso social que viabilizó la actuación de la antidemocracia, paradójicamente la capacidad mediadora del sistema político norteamericano fue la que bloqueó la posibilidad de éxito de la estrategia del enjuiciamiento, elegida por los demócratas. Las propias críticas de representantes republicanos a Trump, en el senado durante el juicio seguida con su voto en contra del enjuiciamiento (por temor a los votantes republicanos), lo ejemplifican. Es inobjetable que en este caso fue la antidemocracia la que instrumentalizó las posibilidades que ofrece la institucionalidad democrática, para llevarse un triunfo político.
Un signo distinto se observa en el caso boliviano. Este país, habituado a contar con una raquítica institucionalidad estatal y una igualmente pobre institucionalidad política, muestra a los defensores y a los detractores de la democracia, ocupando diferentes posiciones en el juicio político. En este caso, son los antidemócratas quienes encubren las acciones delincuenciales de su partido, llevando a juicio a los demócratas. Recuérdese que el pretexto, bajo el que se escuda el MAS, es un supuesto golpe de estado, en octubre del 2019 cuando millones de bolivianos dieron fin con el proyecto del crimen organizado, que representaba el gobierno de Evo Morales. Para el burlote de juicio, como todo partido gobernante de alguna banana country que se precie, fueron anuladas la independencia, en particular de los órganos judicial y legislativo. Así, el supuesto juicio no se muestra sino como un mamarracho, que trata de cumplir con las órdenes de persecución política que emanan del partido. Pero la falta de institucionalidad del sistema político boliviano torno del todo inútil esta estrategia. Es que las causas del proceso social anotado -que motivó, a su vez, la desagregación del MAS; insistamos- resultan inaprehensibles para este sistema político. Se trata de un sistema que, dada su desinstitucionalización, no puede actuar como instancia de mediación entre el proceso social y el “juicio” político.
Concluyamos que en ambos casos, los juicios, como acción que se desarrolla en la superestructura política, lo hace sin corresponder ni reflejar los procesos sociales en desarrollo. Esta limitación, asimismo, muestra la poca utilidad de los sistemas políticos actuales, para actuar como instancia de mediación entre Estado y sociedad en defensa de la democracia. Mientras que en EEUU esa limitación se mostrara en la imposibilidad de enjuiciar al jefe de los asaltantes al Capitolio, en Bolivia torna ciega a la institucionalidad estatal cuyos poderes fueron totalizados por el poder ejecutivo, al reordenamiento socio-político que de manera imprevisible (como lo demuestran los resultados de las dos últimas elecciones) se opera. Estas conclusiones generales, por último, nos arrojan, en el plano teórico, interesantes cuestionamientos. Partimos del supuesto que las dos primeras conclusiones encuentran su fundamento en la profundidad de los procesos sociales. Es en este marco que la cuestión, en torno a la capacidad que tiene un sistema para procesar conflictos de alta intensidad, internos de las sociedades (como lo postula el funcionalismo y su lejana raíz weberiana) y de carácter estructural surgidos en ocasiones históricas excepcionales, se encuentra en debate.
Omar Qamasa Guzmán Boutier es escritor y sociólogo
