Democracia hiper-representativa

Si hay algo que el gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) está modificando en la política boliviana es la naturaleza de la democracia, por cuanto está abiertamente empeñado en volverla hiper-representativa.

Y que nadie malentienda esta novedosa categoría. No se trata, en absoluto, de que ahora haya una representación cabal y efectiva de los diversos intereses colectivos en el grupo que al momento controla el poder, sino más bien de la pretensión de éste de querer subsumir toda esa multiplicidad en la presunta representatividad superlativa de un único individuo.  

Esa argucia, que esconde y disfraza la despreocupación (¿o la incapacidad?) del masismo para entender la compleja realidad social nacional y generar liderazgos, supone que el personaje en cuestión sería el súmmum del ser boliviano y de su destino, hecho por el cual no sólo tendría el “derecho” a erigirse en candidato presidencial perenne sino que, además, estaría siendo “obligado” a ello por el clamor general.

He aquí, paradójicamente, uno de los ejes del desconocimiento oficialista de la victoria del NO en el referendo del 21 de febrero de 2016 que buscaba aprobar una tercera reelección consecutiva para el presidente Evo Morales. La contradicción evidente está en que quien dice “mandar obedeciendo” hace justamente lo opuesto: decide apenas en pro de su interés individual y del de su entorno corporativizado renegando, con prepotencia y ante los ojos de todos, de la mayoritaria voluntad popular expresada en las urnas. En ello, como es obvio, no hay representación sino usurpación del colectivo.

Aunque en teoría se tiene varios modelos de representación política, en lo básico ésta consiste en actuar en nombre del gobernado (el mandante) por delegación, asegurando sus intereses, escuchándole y rindiéndole cuentas. Sin embargo, por lo demostrado hasta hoy, esta noción y sus principios carecen de todo significado y existencia para la ya extensa gestión gubernativa que encarna el MAS.

En este sentido, los tres grandes retrocesos de política que tuvo que asumir el gobierno en estos más de 12 años –la anulación del “gasolinazo” (27 de diciembre de 2010), la declaratoria de intangibilidad del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (25 de septiembre de 2011) y la abrogación del Código del Sistema Penal (26 de enero de 2018)– fueron primordialmente producto de movilizaciones ciudadanas que tomaron las calles o carreteras para quebrar la sordera oficial. En todos esos casos, los representados fueron simplemente ignorados o reinterpretados de modo déspota por la autoridad.

Si al menos de vez en cuando quienes gobiernan se tomaran la molestia de escuchar al pueblo –hable en los caminos, los muros, las redes virtuales o donde fuere– tal vez podrían recuperar en parte el valor que posee la función de la representación.

Según el artículo 11 de la Constitución Política del Estado Plurinacional hay tres formas de ejercicio de la democracia en el país: la directa y participativa, la representativa y la comunitaria. Si el poder quiere negar a la primera en sus resultados vinculantes y la tercera no es sino una fórmula retórica, sólo va quedando la segunda, pero tampoco ésta existe realmente.

Entonces, lo que se tiene ahora es la conformación de una “democracia hiper-representativa”, personalizada, centralista, altamente concentrada y que se aproxima a pasos acelerados a la aberrante monocracia que ya Simón Bolívar combatió por ser contraria a toda libertad.