OMAR QAMASA GUZMAN BOUTIER
La desinstitucionalización del aparato estatal, dejado como triste herencia por el Movimiento al Socialismo (MAS), representa un reto tan grande para el país que le dificulta toda acción en bien de su ciudadanía, incluso cuando debe afrontar desastres naturales. En realidad la desinstitucionalización que auspició el MAS era funcional a las prácticas delincuenciales que el gobierno de Evo Morales impulsaba en todos los niveles del Estado. En consecuencia, el próximo gobierno tendrá, en esta materia, la tarea de desandar el camino que siguiera el MAS, para devolver a Bolivia el orden institucional de su Estado.
Decir que la administración pública, durante el anterior gobierno fue considerado como un verdadero botín a repartirse entre militantes y allegados al partido azul, negro y blanco, describe una parte de la estrategia seguida. Se trató, ciertamente, de la complementación, en el plano institucional, a un proceso social y político consistente en la renovación y rotación de las élites, en base principalmente al ascenso de los grupos dirigenciales campesinos e indígenas. Ambas consideraciones se encuadran en las razones del manejo delincuencial de la administración pública; entendida, para el caso, como un mecanismo de acumulación económica al igual que ocurriera, a lo largo de la historia, en todas partes del mundo.
La catástrofe generada por las lluvias hace una semana, en la población cochabambina de Tiquipaya, ha revelado tanto el desinterés como el manejo profesionalmente desprolijo para el control técnico de las cuencas en la zona. No fue un descuido administrativo, sino la consecuencia natural del encuadre anotado. Como lo fue también el manejo del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) dado como feudo a las manos de un personaje, Juan Carlos León, en calidad de director, pese a que incumpliera los requisitos establecidos por el propio INRA, para asumir el cargo. Esta misma figura se repetirá en todas las instituciones del Estado: el Instituto Nacional de Estadísticas, la Contraloría, el poder judicial, la Fiscalía, la Procuraduría y la larga lista continúa, para no hablar de otras instituciones sometidas al manejo político partidario hasta convertirlas, virtualmente, en simples células armadas (nos referimos a la policía y al ejército) del partido de gobierno. Incluso instituciones que en teoría deberían estar más cerca de la sociedad que del Estado, como la Defensoría del Pueblo, fueron inutilizadas para el cumplimiento de sus fines, ocupación de allegados masistas mediante. Y ni qué decir de las instituciones sindicales (la COB, las confederaciones y otras), transformadas en la cueva de dirigentes corruptos y habilitados, para todos los efectos, apenas como agentes del gobierno en el seno de los trabajadores.
Como se observa, Evo Morales y sus cómplices no sólo han destruido la institucionalidad estatal hasta los niveles más inferiores, sino que, paralelamente, han debilitado consiguientemente al Estado mismo al punto de subordinarlo a la lógica delincuencial, tanto de la militancia del MAS como del crimen internacional organizado, proveniente principalmente de México, Brasil y Rusia. Es que entre la cúpula del anterior gobierno y la delincuencia internacional, la comunidad de intereses demandaba tanto la desinstitucionalización estatal como la corrupción de las instituciones sindicales de la sociedad. En definitiva, el proyecto delincuencial de Morales requería un Estado destruido y una sociedad civil institucionalmente desarmada.
Decir, por tanto, que en el gobierno el MAS era el partido de la delincuencia organizada no es ninguna exageración. Los nexos (autoridades improvisadas, jueces y fiscales allegados al MAS, al igual que la Defensoría del Pueblo, sin olvidar de las asistencias de altos jefes policiales a concentraciones partidarias o la inoperancia de instituciones que debieran proteger al país del crimen internacional como la Unidad de Investigaciones Financieras) son demasiado evidentes como para que ahora Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos, finja “preocupación” por la situación de los derechos humanos en el país. No sugerimos que también ella sea parte de la cosa nostra que gobernó Bolivia con apoyo de las redes de la mafia internacional, pero su “preocupación” por la detención de ex-autoridades del anterior gobierno boliviano, que operacionalizaron las exigencias de las bandas criminales, es tan insólita que resulta difícil, para la sociedad boliviana, creer que en definitiva se trate de una verdadera preocupación.
Fue precisamente esta sociedad la que pudo liberarse de semejante costra. Gracias a su alta acumulación democrática y a la larga tradición de su auto-organización echó por la borda toda aquella planificación salida de mentes criminales, con la ingenua pretensión de asentarse en las instituciones estatales de nuestro país. Es comprensible que hoy por hoy el MAS, en tanto partido de la delincuencia organizada, haga todos los esfuerzos por salvar a sus principales cabecillas (Morales y sus ministros) de la justicia, como también es comprensible que hagan este esfuerzo aprovechando las libertades democráticas que brinda el período pre-electoral que vive Bolivia, pero resulta ciertamente llamativo que organismos internacionales de protección a los derechos humanos se sumen a esa intención.
Con todo, el proceso de la recuperación de la democracia y del desmontaje del crimen organizado que el MAS había ayudado a instalarse en el aparato estatal, sigue su curso. Ello, a pesar de la resistencia que ofrecen los principales cabecillas de las bandas criminales y ciertamente también a pesar del apoyo indirecto que reciben en ese propósito, de Michelle Bachelet, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (convertida a estas alturas en una comisión cantinflesca) o algún funcionario de las Naciones Unidas que habla a nombre de su secretario general, desde La Paz. Está claro también que el proceso de la re-institucionalización será largo, porque se trata de poner en orden institucional el aparato estatal en todas sus áreas y en todos sus niveles. Es en este sentido que, en rigor, el verdadero gobierno de transición será el que salga ganador de las elecciones nacionales próximas.
Omar Qamasa Guzman Boutier es escritor y sociólogo
