Más allá de las infantiles bravuconadas (inútiles intentos por tender una cortina de humo) del partido de Evo Morales -quien, dado las innumerables denuncias por corrupción y estupro decidió refugiarse en la Argentina-, el Movimiento al Socialismo (MAS), durante el período pre-electoral e incluso más allá de la débil voluntad del gobierno transitorio de Jeanine Añez por proteger constitucionalmente los derechos democráticos de la sociedad, o del estupor casi paralizante de los principales partidos en la carrera electoral, importa fijar la atención tanto a los movimientos estructurales, como a la situación de la superestructura, para aproximarnos a una comprensión de la coyuntura. Tenemos entonces dos niveles de análisis, así como dos consideraciones problemáticas: la crisis Integral desatada por la pandemia del coronavirus (covid-19) y la crítica situación social, política e institucional post-elecciones.
No cabe duda que los efectos de la crisis Integral posterior a las elecciones nacionales condicionarán la agenda del próximo gobierno. Esta crisis marca la continuidad entre la actual situación y la venidera. Lo hace, sin embargo, en medio de un pasaje altamente dinámico, de nuestra historia política. La crisis Integral y sus efectos aún después de las elecciones, forman el contexto en el que se desarrollará la próxima gestión gubernamental, por lo que la vida política nacional expresará la continuidad de ese condicionante, así como el reacomodo de los actores políticos y sociales, en el nuevo escenario socio-político.
La crisis Integral motiva el desplazamiento en la base de la formación social, expresado en los movimientos simultáneos de desagregación – agregación social. Este movimiento se produce en un contexto estatal de desinstitucionalización. En lo inmediato, este desplazamiento social agudizará la debilidad del sistema de mediación democrática, demarcando al mismo tiempo los límites, en materia de gobernabilidad, de la próxima gestión de gobierno. Es que, en último término, la crisis Integral, expresada en el ámbito social, establece la dinámica del ámbito político, vale decir, conlleva una repercusión en este último ámbito.
Dentro de la sociedad hablamos de la correlación social de fuerzas. Una correlación configurada en un proceso que se inició, por lo menos, hace algo más de media década. La tendencia política mayoritaria de esta correlación es hoy por hoy claramente democrática; sin importar las opciones electorales específicas en las que esa tendencia pueda expresarse. Por otra parte, en la opción antidemocrática y corrupta, representada por el MAS, encontramos alguna llamativa subdivisión. Por un lado tenemos a la dirección sindical y partidaria fuertemente ligada a grupos de interés y al crimen organizado. Por otro lado tendríamos sectores, aunque minoritarios, específicamente políticos y más interesados, no en la conspiración antidemocrática que impulsa su dirección, sino en el juego democrático constitucional, para formar parte de la vida política nacional.
La correlación social, democrática, de fuerzas, no debe confundirse con apoyo incondicional a las opciones democráticas, por las que pudiera optar la ciudadanía en las elecciones. No debería incurrirse en esta equivocada apreciación, porque hablamos de una sociedad civil altamente politizada y en estado de alerta. Estas características hacen de ésta una sociedad con elevada capacidad de determinación sobre su Estado, sin importar, incluso, la proyección política de esa determinación.
La constitución de la actual correlación política de fuerzas debe considerarse, entonces, como parte de un proceso histórico; pero, desde el punto de vista político institucional, debe asumirse como parte de los factores que condicionan al sistema de partidos y al sistema parlamentario. Más allá de la composición específica del parlamento, según el número de representantes partidarios e incluso más allá de las “costumbres” que caracterizan al sistema de partidos en Bolivia, destaca en este sistema un dato histórico estructural que en no pocas ocasiones cambia la ecuación en la toma de decisiones en el parlamento. El dato en cuestión se refiere a la falta de tradición institucional de los partidos en esta competencia electoral. En realidad es en toda América Latina donde, grados más grados menos, los sistemas de partidos tienen una pobre tradición y una débil representación. Ello repercute de múltiples maneras en las instituciones democráticas partidarias. Lo hace por ejemplo manifestando la falta de tradición y desarrollo de lealtades partidarias en la sociedad; lo cual es de indudable importancia para la salud de las instituciones representativas del Estado. En este sentido hay que asumir que el respaldo electoral a una opción determinada no significa necesariamente un respaldo al programa ofertado. Con todo, la repercusión en el grado de legitimidad del sistema democrático representativo no es solamente la extensión del déficit del sistema de partidos, sino también el fomento para la maduración del propio déficit representativo de esas instituciones.
En la etapa post-electoral continuará, pues, el desarrollo de estas tendencias, acentuadas sin embargo, por la maduración provocada por la crisis Integral. Esto quiere decir que la crisis repercutirá en la calidad de la relación entre Estado y sociedad. La crisis del covid-19 actúa como acelerador para la baja de la calidad de esa relación y a la vez es la condición para el cambio de la correlación de fuerzas. En la relación entre Estado y sociedad la baja de su calidad o flujo será la manera en que la crisis Integral repercuta, remarcando los grados de desencuentro entre ambos.
Cuando hablamos de la baja calidad en la relación entre Estado y sociedad nos referimos al flujo de esas relaciones, o mejor, a la fluidez de ese flujo. Consecuentes con el principio de la conformación de una nueva articulación o agregación social, diremos que el movimiento de distanciamiento entre el Estado y la sociedad es el que provoca que las mediaciones estatales puedan atrofiarse, ampliando la brecha entre ambos polos. Como sabemos, se trata lamentablemente de una característica de vieja data del Estado boliviano: la dificultad de expresar a su sociedad. Junto a esta primera constante, mencionemos una segunda, referida a las instituciones.
Además de la habitual debilidad institucional que caracteriza al aparato estatal boliviano tengamos en consideración la política de abierta desinstitucionalización que impulsara el gobierno del MAS. Así, los pocos y modestos desarrollos alcanzados en las instituciones estatales fueron revertidos en catorce años de una administración corrupta y delincuencial. De ahí que la institucionalidad misma representará un área problemática para el próximo gobierno. Es un área que influirá en la propia ejecución de las políticas de gobierno, por lo que esta área demanda líneas políticas de institucionalización y modernización del aparato estatal. Ésta es una exigencia que, en el mejor de los casos, sólo podrá ser abordada de forma parcial. En efecto, la institucionalización no puede dejar de asumirse como parte de una política basada en los principios republicanos, pero el desarrollo institucional es ya parte de una cultural institucional, es decir de un proceso histórico que rebasa los límites de una gestión de gobierno.
El impacto de los factores de la crisis Integral continuará por mucho luego de las elecciones y condicionará la gestión misma del próximo gobierno. Junto a ello debe considerarse los dispositivos de la crisis, sembrados por el anterior gobierno. Nos referimos principalmente a la desinstitucionalización y el consiguiente debilitamiento del Estado, frente a la presión del crimen organizado, en particular del narcotráfico. Todos estos elementos complementan el contexto en el que se realizarán las elecciones nacionales. Lo destacable de esta contienda electoral no es, pues, la confrontación de proyectos ideológicos y políticos (uno de “izquierda”, el MAS y otro de derecha, el resto de los partidos), sino de las formas de gobierno que uno y los otros proponen: una delincuencial y antidemocrática, representada por el MAS y otra democrática e institucional. Nadie pensará, seriamente, que el MAS (al igual que el resto de la “izquierda” delincuencial del continente) exprese una perspectiva socialista. Está claro que para este tipo de organizaciones “políticas”, el discurso socialista no es sino un pretexto para justificar acciones delincuenciales (robos, secuestros, narcotráfico) a título de lucha “revolucionaria”.
Es en torno a esta disyuntiva que la sociedad boliviana y su madurez democrática definirán la contienda electoral próxima y en vedad, nadie debería sorprenderse por la ratificación mayoritaria de la voluntad democrática nacional; salvo, claro, que se finja sorpresa para, en un último pataleo de desesperación, intentar la quimera de desconocer la voluntad mayoritaria de la ciudadanía. Más allá de las infantiles bravuconadas (inútiles intentos por tender una cortina de humo) del partido de Evo Morales -quien, dado las innumerables denuncias por corrupción y estupro decidió refugiarse en la Argentina-, el Movimiento al Socialismo (MAS), durante el período pre-electoral e incluso más allá de la débil voluntad del gobierno transitorio de Jeanine Añez por proteger constitucionalmente los derechos democráticos de la sociedad, o del estupor casi paralizante de los principales partidos en la carrera electoral, importa fijar la atención tanto a los movimientos estructurales, como a la situación de la superestructura, para aproximarnos a una comprensión de la coyuntura. Tenemos entonces dos niveles de análisis, así como dos consideraciones problemáticas: la crisis Integral desatada por la pandemia del coronavirus (covid-19) y la crítica situación social, política e institucional post-elecciones.
No cabe duda que los efectos de la crisis Integral posterior a las elecciones nacionales condicionarán la agenda del próximo gobierno. Esta crisis marca la continuidad entre la actual situación y la venidera. Lo hace, sin embargo, en medio de un pasaje altamente dinámico, de nuestra historia política. La crisis Integral y sus efectos aún después de las elecciones, forman el contexto en el que se desarrollará la próxima gestión gubernamental, por lo que la vida política nacional expresará la continuidad de ese condicionante, así como el reacomodo de los actores políticos y sociales, en el nuevo escenario socio-político.
La crisis Integral motiva el desplazamiento en la base de la formación social, expresado en los movimientos simultáneos de desagregación – agregación social. Este movimiento se produce en un contexto estatal de desinstitucionalización. En lo inmediato, este desplazamiento social agudizará la debilidad del sistema de mediación democrática, demarcando al mismo tiempo los límites, en materia de gobernabilidad, de la próxima gestión de gobierno. Es que, en último término, la crisis Integral, expresada en el ámbito social, establece la dinámica del ámbito político, vale decir, conlleva una repercusión en este último ámbito.
Dentro de la sociedad hablamos de la correlación social de fuerzas. Una correlación configurada en un proceso que se inició, por lo menos, hace algo más de media década. La tendencia política mayoritaria de esta correlación es hoy por hoy claramente democrática; sin importar las opciones electorales específicas en las que esa tendencia pueda expresarse. Por otra parte, en la opción antidemocrática y corrupta, representada por el MAS, encontramos alguna llamativa subdivisión. Por un lado tenemos a la dirección sindical y partidaria fuertemente ligada a grupos de interés y al crimen organizado. Por otro lado tendríamos sectores, aunque minoritarios, específicamente políticos y más interesados, no en la conspiración antidemocrática que impulsa su dirección, sino en el juego democrático constitucional, para formar parte de la vida política nacional.
La correlación social, democrática, de fuerzas, no debe confundirse con apoyo incondicional a las opciones democráticas, por las que pudiera optar la ciudadanía en las elecciones. No debería incurrirse en esta equivocada apreciación, porque hablamos de una sociedad civil altamente politizada y en estado de alerta. Estas características hacen de ésta una sociedad con elevada capacidad de determinación sobre su Estado, sin importar, incluso, la proyección política de esa determinación.
La constitución de la actual correlación política de fuerzas debe considerarse, entonces, como parte de un proceso histórico; pero, desde el punto de vista político institucional, debe asumirse como parte de los factores que condicionan al sistema de partidos y al sistema parlamentario. Más allá de la composición específica del parlamento, según el número de representantes partidarios e incluso más allá de las “costumbres” que caracterizan al sistema de partidos en Bolivia, destaca en este sistema un dato histórico estructural que en no pocas ocasiones cambia la ecuación en la toma de decisiones en el parlamento. El dato en cuestión se refiere a la falta de tradición institucional de los partidos en esta competencia electoral. En realidad es en toda América Latina donde, grados más grados menos, los sistemas de partidos tienen una pobre tradición y una débil representación. Ello repercute de múltiples maneras en las instituciones democráticas partidarias. Lo hace por ejemplo manifestando la falta de tradición y desarrollo de lealtades partidarias en la sociedad; lo cual es de indudable importancia para la salud de las instituciones representativas del Estado. En este sentido hay que asumir que el respaldo electoral a una opción determinada no significa necesariamente un respaldo al programa ofertado. Con todo, la repercusión en el grado de legitimidad del sistema democrático representativo no es solamente la extensión del déficit del sistema de partidos, sino también el fomento para la maduración del propio déficit representativo de esas instituciones.
En la etapa post-electoral continuará, pues, el desarrollo de estas tendencias, acentuadas sin embargo, por la maduración provocada por la crisis Integral. Esto quiere decir que la crisis repercutirá en la calidad de la relación entre Estado y sociedad. La crisis del covid-19 actúa como acelerador para la baja de la calidad de esa relación y a la vez es la condición para el cambio de la correlación de fuerzas. En la relación entre Estado y sociedad la baja de su calidad o flujo será la manera en que la crisis Integral repercuta, remarcando los grados de desencuentro entre ambos.
Cuando hablamos de la baja calidad en la relación entre Estado y sociedad nos referimos al flujo de esas relaciones, o mejor, a la fluidez de ese flujo. Consecuentes con el principio de la conformación de una nueva articulación o agregación social, diremos que el movimiento de distanciamiento entre el Estado y la sociedad es el que provoca que las mediaciones estatales puedan atrofiarse, ampliando la brecha entre ambos polos. Como sabemos, se trata lamentablemente de una característica de vieja data del Estado boliviano: la dificultad de expresar a su sociedad. Junto a esta primera constante, mencionemos una segunda, referida a las instituciones.
Además de la habitual debilidad institucional que caracteriza al aparato estatal boliviano tengamos en consideración la política de abierta desinstitucionalización que impulsara el gobierno del MAS. Así, los pocos y modestos desarrollos alcanzados en las instituciones estatales fueron revertidos en catorce años de una administración corrupta y delincuencial. De ahí que la institucionalidad misma representará un área problemática para el próximo gobierno. Es un área que influirá en la propia ejecución de las políticas de gobierno, por lo que esta área demanda líneas políticas de institucionalización y modernización del aparato estatal. Ésta es una exigencia que, en el mejor de los casos, sólo podrá ser abordada de forma parcial. En efecto, la institucionalización no puede dejar de asumirse como parte de una política basada en los principios republicanos, pero el desarrollo institucional es ya parte de una cultural institucional, es decir de un proceso histórico que rebasa los límites de una gestión de gobierno.
El impacto de los factores de la crisis Integral continuará por mucho luego de las elecciones y condicionará la gestión misma del próximo gobierno. Junto a ello debe considerarse los dispositivos de la crisis, sembrados por el anterior gobierno. Nos referimos principalmente a la desinstitucionalización y el consiguiente debilitamiento del Estado, frente a la presión del crimen organizado, en particular del narcotráfico. Todos estos elementos complementan el contexto en el que se realizarán las elecciones nacionales. Lo destacable de esta contienda electoral no es, pues, la confrontación de proyectos ideológicos y políticos (uno de “izquierda”, el MAS y otro de derecha, el resto de los partidos), sino de las formas de gobierno que uno y los otros proponen: una delincuencial y antidemocrática, representada por el MAS y otra democrática e institucional. Nadie pensará, seriamente, que el MAS (al igual que el resto de la “izquierda” delincuencial del continente) exprese una perspectiva socialista. Está claro que para este tipo de organizaciones “políticas”, el discurso socialista no es sino un pretexto para justificar acciones delincuenciales (robos, secuestros, narcotráfico) a título de lucha “revolucionaria”.
Es en torno a esta disyuntiva que la sociedad boliviana y su madurez democrática definirán la contienda electoral próxima y en vedad, nadie debería sorprenderse por la ratificación mayoritaria de la voluntad democrática nacional; salvo, claro, que se finja sorpresa para, en un último pataleo de desesperación, intentar la quimera de desconocer la voluntad mayoritaria de la ciudadanía.
Omar "Qamasa" Guzmán es sociólogo y escritor
