Mientras los gobiernos de 197 países están preocupados por la pandemia, diez de los cuales poseen bombas nucleares y uno de ellos (China) en el ojo de la tormenta por la acusación de Estados Unidos sobre la propagación del SARS-CoV2, presuntamente salido del laboratorio de Wuhan en noviembre de 2019, exige nueva investigación internacional completa, transparente y basada en pruebas por el grupo de científicos, a fin de determinar el brote del coronavirus, con más de 168 millones de casos y registrado 3,5 millones de fallecidos en todo el mundo. Sin embargo, nuestro país, no se inmuta de la gravedad de la letalidad y mortalidad de la población boliviana, si se ha batido el récord con 3.213 infectados y 102 muertos (27-05.2021).
La salud debería ser la agenda pública estratégica y prioritaria para el gobierno de Arce Catacora, si los médicos denuncian que los hospitales están colapsados de enfermos, no hay espacios en las salas de Unidades de Terapia Intensiva (UTI), falta de oxígeno y medicamentos, al extremo que el presidente de la Sociedad de Medicina Critica y Terapia Intensiva, Noel Gutiérrez advirtió que en algunos departamentos están en puertas de ingresar a la fase 4 de la pandemia, que consiste en tomar la difícil decisión de elegir al paciente que tiene la mayor capacidad de sobrevivir para que ingrese a una unidad de terapia intensiva, lo que es una alerta gravísima.
He tenido que referirme a este lamentable episodio por sensibilidad humana y como persona de fe tengo la esperanza en que los gobiernos departamentales y municipales tengan que idear refinanciar a largo plazos sus deudas para ser sujetos de crédito, para invertir los recursos en salud y adoptar las medidas inmediatas y razonables para contener la virulencia del Covid-19, evitando el descarte del derecho a vivir (fase 4).
Otro asunto, de los que exigen planificación y que no podría quedar fuera del espacio público y de la agenda política de gobierno es el fenómeno de la corrupción, que se ha institucionalizado, bastará con recordar los casos siguientes: la compra de las 16 barcazas chinas que se pagó por adelantado la suma de 28 millones de dólares(2009), cuya responsabilidad de recuperación el expresidente Evo Morales le asignó al exprocurador General Héctor Arce Zaconeta actual embajador en la OEA; la cancelación a la Empresa chilena Quiborax por la demanda ante el CIADE de 48,6 millones de dólares (24-05-2018); compra del satélite Tupac Katari por 302 millones de USD (2013); el FONDIOC 6,8 Y 14 millones de dólares en proyectos fantasmas y cuentas privadas de dirigentes afines al MAS IPSP (2013); caso de la Empresa china CAMC y su gerente Gabriela Zapata que obtuvo más de cinco contratos con el Estado por el orden de 86 millones de dólares, entre otros., los más han quedado en la impunidad y si alguno ha merecido sentencia (caso Gabriela Zapata, sin embargo se presume que los delitos no han sido debidamente calificados y los principales coautores intelectuales y materiales no han sido investigados).
No menos gravoso para el Estado, es el caso adjudicado por vía de excepción que hace la Empresa Mutún a favor de Alliance Abogados Asociados S.C., bufete conformado por los exprocuradores del exgobierno de Evo Morales, Pablo Menacho y Héctor Arce Zaconeta, sin cumplir con el Registro Público de la Abogacía (RPA), por el monto de Bs. 2.505.600, para asumir la defensa en proceso arbitral ESM-Jindal Steel.
El viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales César Siles, no sólo que exigió el registro en el RPA, sino también la conformación del Directorio de la Sociedad e integrantes. A estas observaciones, se sumaría que ambos personeros estarían -legalmente inhabilitados para suscribir contratos con el Estado-, en virtud que Héctor Arce Zaconeta ejerce funciones diplomáticas en la OEA, por tanto es funcionario público y, Pablo Menacho que afirma ser Director General de la de la firma Alliance Abogados Asociados S.C., al margen de no haber acreditado el poder especial que le confiere el Directorio del bufete -si este no estaba constituido antes de la adjudicación-, resulta que desde la cesación en el cargo de Procurador General 10 de noviembre de 2019, no han transcurrido los dos años que exige la ley de contrataciones Públicas y la 1178 para celebrar contratos con el Estado; en consecuencia, se presume la comisión de hechos delictivos como: tráfico de influencias, contratos lesivos al Estado y daño económico.
En lo referente a la detención del exministro de gobierno Arturo Murillo en Miami (EEUU), acusado por soborno y blanqueo de dinero en la compra de gases lacrimógenos (noviembre de 2019 y abril de 2020) de la Empresa intermediaria de Bryan Berkman que recibió el contrato de 5,6 millones de dólares por la provisión de gases antidisturbios, es un caso que está bajo la jurisdicción norteamericana y que en tanto no reciba sentencia condenatoria o absolutoria, es más que probable que no será entregado a la justicia boliviana, sino previo cumplimiento de condena o, por beneficio de libertad condicional por transcurso de tiempo de ley. La solicitud de extradición que anuncia el gobierno por vía Ministerio Público y Tribunal Supremo de Justicia, llevará su tiempo y correspondiente espera, conforme a la doctrina jurisprudencial norteamericana.
Como no basta para resolver ninguno de los problemas que no forman parte de la agenda pública del Estado -la salud y la corrupción-, es relativamente sencillo qué es lo que no funciona en nuestras sociedades, pues todos sabemos que nos asedia la injusticia, la desigualdad, porque la democracia es a corto plazo, electorera y nada futurista.
Sobre el tema de la corrupción el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa dice: “La corrupción es una gangrena que puede echar abajo los progresos que se están haciendo”. Para los ganadores del Premio Nóbel en Economía Paul R. Milgrom y Robert B. Wilson (2020) sostienen que: “Deben existir mecanismos estrictos que garanticen, no sólo la reducción de riesgos por corrupción, sino la aplicación del único desincentivo probado para estas prácticas: la penalización, sin excepción de este tipo de acciones que nos afectan a todos”.
Junto a las medidas y reflexiones realizadas, comparto que la lucha contra la corrupción debe ser frontal y contra quien se atreva a generarla, pero me animo a señalar que quienes pretenden romper con la comunidad histórica de Bolivia, carecen de legitimidad para proponerles a ellos, un proyecto sugerente mínimamente de vida en común y de honestidad en la cosa pública.
Pedro Gareca
Perales, Abogado constitucionalista y defensor de DDHH
