Bolivia y la crisis Integral desatada por el Covid-19

No es aconsejable, en situaciones de crisis extrema responder a la situación con comportamientos tradicionales. Probablemente por ello Milton Friedman -según se le atribuye- señalaba que solamente las crisis producen cambios reales. Pero para ello dependerá de las acciones que se asuman durante las crisis y estas acciones, a su vez, dependen de las ideas dominantes en circulación. Debido a ello, entre tradición y cambio, durante el período de crisis, hay una distancia que no siempre logra cubrirse. América Latina experimenta, en la crisis integral desatada por la pandemia del coronavirus (Covid-19) esa casi insalvable dificultad, ratificando así una de sus características profundas, consistente en su paradójico sentido conservador.

En las siguientes líneas trataremos de ejemplificarlo, observando a manera de caso concreto a Bolivia y su gobierno. En este orden, comencemos diciendo que una de las fuentes de la tradición política boliviana, que se encuentra en la base del tratamiento a la crisis integral del gobierno de Jeanine Añez, se halla en la mentalidad prevaleciente, no sólo en el gobierno sino en toda la sociedad. Esta fuente (una mentalidad conservadora) explica en gran medida los motivos por los que las decisiones gubernamentales resultaran insuficientes frente a la dimensión de la crisis. En principio nos referiremos a lo que llamamos “mentalidad tradicional”; luego ilustraremos esa tradición con el tratamiento del gobierno a la crisis y por último apuntaremos algunas implicaciones que presenta la crisis integral.

Ilustremos aquella mentalidad con los criterios que orientaron al gobierno en esta crisis, anotando que estos criterios se enmarcan en la tradición cultural de las sociedades latinoamericanas. En esa tradición resalta la falta de capacidad para la planificación a largo plazo, estratégica, y predomina, al contrario, la planificación a corto plazo, como si siempre se tratara de respuestas de emergencia. Además, estas respuestas llegan, con frecuencia, con retraso para solucionar los retos de una crisis. Los criterios del gobierno quedan expuestos tanto en las declaraciones oficiales como en las decisiones gubernamentales.

Una de las declaraciones ejemplares, reveladora de la mentalidad tradicional prevaleciente en el actual gobierno boliviano, es la del ministro de Obras Públicas, Iván Arias, el pasado primero de julio. Ante la pregunta periodística, respecto a las unidades de terapia intensiva que la situación demanda, Arias respondió: “¿Sabe usted cuánto cuesta un tratamiento de terapia intensiva? Mil quinientos dólares y el gobierno no piensa gastar tanto”. Lo sorprendente no es la total falta de tino, sino el enfoque que se tienen en el Ejecutivo, frente a un problema de la dimensión de la pandemia. A manera descriptiva diríamos que se trata de una visión de “khatero”[1]. No es la idea sólo de un miembro del gobierno, sino del equipo gobernante todo. Meses antes un personero del ministerio de Salud había señalado que no harían test masivos a la población porque resultaba muy caro. La actitud del gobierno, en efecto, fue concordante con esos criterios, obligando al país a caminar a ciegas, por medio de esta larga noche de pandemia. Pero a la realidad, por supuesto, no le interesó aquél particular criterio del gobierno, por lo que el número de infectados continúo subiendo, hasta obligar a varios gobiernos municipales (muchos de ellos aliados políticos de Añez) a realizar sus propias pruebas masivas.

En términos generales puede dividirse el tratamiento gubernamental a la pandemia en dos etapas, en las cuales el gobierno, sin embargo, no tuvo la capacidad de modificar su actitud y enmendar errores. La primera etapa corresponde al tiempo del estallido de la pandemia en el país hasta la aprobación del Índice de Riesgo Municipal (IRM) -principal instrumento de trabajo de planificación-, a fines de mayo, mientras que la segunda etapa corresponderá al período posterior a esa aprobación. Como quiera que la actitud del gobierno se mantuvo invariable a lo largo del tiempo, puede decirse que la aprobación del IRM no contribuyó significativamente a enfrentar con éxito la crisis sanitaria. En este instrumento rector, lo dijimos entonces, resultaba llamativa la ausencia de referencia a indicadores del sistema sanitario, como son las unidades de terapia intensiva, número de camas en los hospitales, la capacidad de análisis de laboratorio a las muestras, etc. Ahora queda claro que esa ausencia no fue un silencio inocente sobre el tema.

La diferencia de la primera etapa con la segunda, desde el punto de visto del trabajo gubernamental, se encuentra en la oportuna toma de decisiones. Mientras en la primera las medidas asumidas fueron rápidas y oportunas, en la segunda fueron inoportunas y tardías. Esta diferencia tendrá una incidencia directa en el incremento de los contagios y las víctimas fatales del Covid-19. A su vez, es evidente que el comportamiento del gobierno en la segunda etapa, al ser similar al sostenido en la primera, permitió incubar las condiciones para el agravamiento de la crisis sanitaria. Si ya durante la primera etapa el gobierno daba signos de negarse a la realización de test masivos, en la segunda continúo esa resistencia, pese a que tuvo que aceptar, finalmente y a regañadientes, la realización de los test.

El resultado de los equívocos del Ejecutivo será pues la cada vez mayor brecha entre la efectividad de las medidas adoptadas y el grado de expansión de la pandemia. Este resultado expresa la pérdida de la iniciativa gubernamental y la falta de planificación consistente; a no ser que entendamos por planificación consistente el ordenamiento de la circulación de los buses, en la terminal interprovincial de la ciudad de El Alto, como parece entenderlo el ministro de Obras Públicas. En este orden, no resulta extraño que el Estado, en todos sus niveles de gobierno, se encuentre corriendo tras los hechos, en vez de anticipárselos.

Junto a la crisis sanitaria, la crisis económica que la pandemia ha puesto en marcha es otro de los terrenos en los cuales el gobierno responde con propuestas parciales e insuficientes. Las principales manifestaciones de esta crisis se refieren al cierre de empresas, al incremento del desempleo y a la pérdida de la calidad de empleo, de los que aún se mantienen en pie. También en este caso el motivo de fondo radica en respuestas tradicionales a una situación excepcional. Poco importa que en este acápite el esmero, en la formulación de propuestas, hubiera sido mayor que en el acápite de la salud, porque de todas maneras la vorágine de la crisis tiende a rebasar las estimaciones del Ejecutivo, para la reactivación económica.

La reactivación económica, en las condiciones difíciles que la crisis pone a todos los países, demanda el concurso de todos los actores económicos y de todos los agentes productivos. Esta urgencia es sentida con mayor fuerza en América Latina, dada la fragilidad de su aparato productivo. A ello, en Bolivia se suma además la ausencia de experiencias de acuerdos, de la magnitud que se requiere; acuerdo entre todos los actores económicos, financieros y productivos. En este país no hay antecedentes de un acuerdo de tal naturaleza y al contrario, en su historia predomina el atrincheramiento posicional de cada actor y el obstáculo mutuo, debilitando cualquier proyecto económico ensayado. Precisamente la no consideración de un acuerdo general en este terreno es una de las insuficiencias de la propuesta del gobierno de Añez.

Al igual que la crisis sanitaria, la crisis económica contiene, en su dinámica, núcleos que le proporcionan un impulso propio. Para enfrentarlos se demanda marcos generales, aunque integrales, de solución. En último término, lo que importa de esos marcos es la función extraeconómica que al Estado le permite cumplir, en beneficio de la economía. Además, claro, esos marcos dotan al Estado de la capacidad para avalar a los proyectos de desarrollo económico. A la luz de estas básicas consideraciones es evidente el carácter limitado de las iniciativas, denominadas plan de reactivación económica, del gobierno. Estas limitaciones ilustran también la fuerza de la costumbre. En el contexto político pre-electoral al cual ingresa el país (por irresponsabilidad del presidente del Tribunal Electoral, de lo cual hablaremos en otra oportunidad), es inevitable no reconocer mezquinos cálculos que subyacen en las medidas. Desde ya, el propio contexto limita el alcance de los efectos buscados con las medidas económicas, porque entre economía y política no hay un muro divisorio y al contrario, de la estabilidad (o inestabilidad) política dependen las condiciones inmateriales que proporcionan seguridad a la economía.

Concluyamos diciendo que el criterio de Friedman acerca de la crisis como oportunidad para cambios reales puede complementarse con un razonamiento contrario. Así como en las crisis las decisiones acertadas florecen en nuevos lanzamientos, decisiones equivocadas o insuficientes, languidecen y desaparecen como factores de impacto, absorbidos por la espiral de la crisis. En períodos de crisis, la toma de decisiones acertadas, oportunas y audaces, como ejercicio teórico no parece ser algo que presente mayores dificultades, sin embargo, como práctica política, de acuerdo a lo que vimos, resulta difícil de realizarse porque debe sortear un obstáculo muy grande, cual es el pasado, legado por una mentalidad dada. Por eso, en estos períodos se requiere de cierta grandeza para producir cambios reales, es decir se requiere de grados de lucidez y aplomo para conducir con seguridad el timón del Estado. Sin estos ingredientes, no es posible enfrentar la magnitud de la crisis, por más planificación con la que, en el mejor de los casos, se pudiera contar. Planificación estratégica, por lo demás, ausente como instrumento guía en la gran mayoría de los países latinoamericanos, en estos tiempos de pandemia.