Ir al contenido principal
 

Opinión

Bolivia en cuarentena: difícil camino de salida

13 de Mayo, 2020
Compartir en:
OMAR QAMASA GUZMAN BOUTIER
La estrategia del gobierno de Jeanine Añez para salir paulatinamente de la cuarentena, denominada “cuarentena dinámica” mostró inicialmente prometedores características pero …, al momento de su concretización las cosas comenzaron a desdibujarse. Lo interesante consistía en la estructura de la estrategia, es decir en la incorporación activa de los gobiernos subnacionales a la lucha contra el coronavirus (covid-19), además de asumir al sector de salud como eje técnico en ese propósito. Se dice que en los detalles se encuentran las diferencias por lo que, del propósito inicial, según veremos, al final del día queda muy poco. Sin embargo, como marca la tendencia de las primeras decisiones de los gobiernos municipales, tendremos cuarentena todavía hasta el 30 de este mes; lo que otorga un tiempo adicional para volver sobre la estrategia de la cuarentena dinámica y rectificar errores. 

La estructura de la estrategia la componen principalmente los gobiernos subnacionales, aunque en su concretización son los municipios los que conforman la instancia ejecutora decisiva; las gobernaciones, en verdad, no pasan de ser una instancia de coordinación. Tal es así, que el gobierno, por medio del ministerio de Salud, ha establecido el índice de riesgo como instrumento de medición de los niveles de riesgo, en los municipios. Este índice se desagrega en las denominadas “dimensión epidemiológica” y “dimensión poblacional”, a fin de conocer las tasas de incidencia de la enfermedad en los municipios, de contagios y de letalidad. La dimensión poblacional, por su parte, caracteriza a los municipios en grandes, intermedios y pequeños y establece una división etárea según la población económica activa (PEA) que, en criterio del gobierno, ocupa el rango de 20 a 49 años; al resto de la población pasado el límite de este rango se la denomina “adultos mayores”. Por arte de magia el gobierno pasa de una nomenclatura socio-económica (la PEA) a una social (“adultos mayores”) y en este astuto movimiento de manos desaparece la posibilidad de comprender también a los “adultos mayores”, dentro de la PEA. 

No vamos a concentrarnos en las debilidades del diseño que presenta este instrumento de medición, pero digamos, a manera de ejemplo, que la circunscripción de la PEA al rango señalado de edades resulta de poca utilidad, no sólo para su aplicación en municipios intermedios y pequeños, sino incluso en importantes distritos municipales de los grandes, porque la fuerza laboral excede las puntas de ambas edades de referencia, incorporando a contingentes que no son comprendidos en la PEA establecida por el gobierno. Este tipo de deficiencias abundan, al punto de afectar a la dimensión epidemiológica, ya que, si no se tiene claridad de las características de la fuerza laboral -fuerza asumida, para la dimensión epidemiológica, como la de potenciales agentes de propagación de la enfermedad- será muy difícil, a su vez, conocer el propio comportamiento de la epidemia. 

Dijimos que no nos ocuparíamos de este tipo de debilidades del instrumento de medición del gobierno; más bien queremos llamar la atención respecto a una destacada ausencia en el instrumento del ministerio de Salud. Se entiende que la estrategia del gobierno debería estar orientada a dotar al país de las mejores condiciones posibles en la lucha contra el covid-19. Pero en el diseño no se dice nada de indicadores tan importantes en la actual emergencia sanitaria, como son el del número de camas disponibles por cada diez mil habitantes, de camas de terapia intensiva, de respiradores artificiales e incluso del personal de salud, para no hablar ya del número de test requeridos, de los tipos de pruebas y sus diferencias en los grados de fiabilidad que ofrecen, de la capacidad operativa instalada para procesar a nivel nacional y por departamentos las muestras, etc. Estas ausencias no son casuales y revelan el verdadero espíritu de la propuesta que ejecuta el gobierno. Para decirlo sin rodeos: el gobierno de Jeanine Añez elude sus responsabilidades, para cargarlas a los municipios. 

Veamos. Las falencias sanitarias del país son un hecho del cual debemos partir, a fin de prepararnos mejor en este período y ello no se logra reiterando el descuido al que el anterior gobierno delincuencial de Evo Morales sometió al área de salud; reiteraciones que vistas las cosas como las estamos viendo, se asemejan a una mezcla de auto-justificación y propaganda electoral. Pero volvamos al propósito inicial, en el manejo de la epidemia. Está claro que debería buscarse una rápida detección de la contaminación para su contención inmediata, a fin de cortar, desde sus fases iniciales, posibles cadenas de contagio. Nada de eso se vislumbra alcanzar con la estrategia en curso del gobierno porque además, a las falencias anotadas se suman otras. 

En la medida en que la responsabilidad es trasladada a los municipios y en último término a la población para contener la expansión del coronavirus, sin dotarles de los mínimos requerimientos materiales, la perspectiva de la situación se torna sombría. Parece que en el gobierno la expansión lineal y no exponencial de los contagios les ha otorgado algunos injustificados grados de confianza, como para pensar que la situación sanitaria podría no descontrolarse. Pero sucede que el crecimiento lineal, llegado a cierto punto (dado por la capacidad del sistema sanitario) puede colapsar, debido a que el ritmo de internación es mayor al ritmo de altas de pacientes. Santa Cruz muestra esta evolución y la consiguiente disminución de la capacidad de contención a la enfermedad. Si ello sucede en un municipio como el de Santa Cruz no pude obviarse la posibilidad que en municipios menores se replique. Hablar de la capacidad de contención de municipios en ciudades intermedias, en estas condiciones, es imposible. 

Con todo, la cuarentena se ha extendido, en términos generales, hasta fin de mes a pedido de los gobiernos municipales y no por iniciativa del poder ejecutivo. Esto quiere decir que contamos con dos semanas para corregir errores y enmendar el rumbo. Debido a las señales dadas por el gobierno, sin embargo, tenemos pocos motivos para ser optimistas, pero nunca se pierde la esperanza. En principio recordemos que hasta ahora el gobierno no ha mostrado ninguna voluntad para hacer frente a las burlas a la cuarentena, principalmente en la ciudad de El Alto. A tal punto llega la irresponsabilidad gubernamental que tuvo que ser la propia vecindad, en particular en el populoso distrito-8 de esa ciudad, la que asumiera iniciativas para hacer cumplir la cuarentena. Resulta irónico, por decir lo menos, que quienes incumplieron sus obligaciones ahora adviertan a la población que si no mantienen la cuarentena, ésta podría extenderse. 

En segundo término, como extensión del comportamiento de mirar a un lado del gobierno, éste continúa resistiéndose a implementar pruebas masivas, para conocer mejor el estado de la situación. Es tan llamativa esta negación, que tuvieron que ser los gobiernos municipales de La Paz y El Alto (por lo demás, socios políticos de Añez, de cara a las próximas elecciones) quienes gestionaran dichas pruebas para sus municipios. Pero, ¿qué pasará en municipios de ciudades capitales de departamento más pequeños? En la lógica del gobierno, se les deja a su suerte. Así, bajo estas condiciones, sin pruebas masivas, sin material sanitario, con recursos humanos muy limitados, estos municipios no tienen capacidad alguna para contener el crecimiento de la contaminación en sus territorios, por lo que no les queda más alternativa que cruzar los dedos y esperar que la mano no venga tan dura. 

Llama también la atención, finalmente, el silencio que guarda el gobierno respecto a las peticiones de convocar a un acuerdo nacional (formulada no sólo por Carlos Mesa, sino a la vez por organizaciones empresariales, sociales y otras) para alcanzar un acuerdo no únicamente respecto a la epidemia, sino también en relación a la crisis económica que ésta ha desatado. Acuerdos que rebasan las limitadas políticas de gobierno y procuran políticas de Estado. Si nos atemos a los  discursos del pasado jueves 7, de Jeanine Añez en ocasión de posesionar al nuevo ministro de Minas, así como al del nuevo ministro de Desarrollo Productivo, Ortiz, convengamos que en el poder ejecutivo simplemente no llegan a comprender la dimensión de la crisis y la delicada situación que ya toca nuestras puertas. Resulta claro que semejante ceguera no corresponde a hombres (y mujeres) de Estado, porque esta tan desubicada como la del gobernador de La Paz, Felix Patzi, cuyo manejo de la epidemia es simplemente impresentable. 

Omar Q. Guzmán es sociólogo y escritor

Etiquetas