Los Estados que se reconocen en los valores de la democracia, no pueden abandonarse a conflictos sociales que pudieran deslegitimarlos paulatinamente; en este sentido es determinante que gobernantes, instituciones y sociedad civil actúen en el respeto de los derechos fundamentales, ejerciendo con moderación escrupulosa su acción política, en el orden nacional e internacional.
Con asombro se observa que se aprueban Leyes contra legitimación de ganancias ilícitas y el financiamiento del terrorismo; Asensos de la Policía Boliviana en que la autoridad máxima de la institución del orden es el ministro de gobierno; Reglamento de Ley Anticorrupción que afecta a toda profesión incluso con sanciones de prohibición de ejercicio profesional y se reglamenta la Ley de Emergencia Sanitaria al margen de la profesionalidad de los médicos bolivianos; disposiciones que en su conjunto no están dirigidas a solucionar los problemas acuciantes, por ejemplo (salud, incremento de quemas, avasallamientos); sino de atacar la libertad y seguridad humana.
La atención por un modelo de -Bolivia apuesta por seguridad humana-, no aparece como un rayo de esperanza para las generaciones nuevas; sino que el esfuerzo se desplaza sobre otros factores de interés político. De este modo, es importante buscar soluciones en todos los ámbitos posibles y con los diversos actores y cancelar el riesgo que deriva de no exigir a las personas el sacrificio desproporcionado de sus libertades.
En democracia no es bueno hacer del reformismo legislativo su marca personal, verbigracia ¿Cómo un presidente va a meterse en temas mollares en el Congreso de la ALP que hubo golpe de Estado (12-11-2019), sin reconocer que viene de un proceso democrático? ¿Cómo ser tan provocador llamando a las Fuerzas Armadas a que nunca más deben ser parte de golpes y ruptura constitucional? Y, cometer el desaire y falta de respeto al Gobernador de Chuquisaca sustituyendo su nombre y apellido por el otrora Esteban Urquizu, anuncio premeditado o no que no fue rectificado como correspondía en una sesión de Aniversario de las FFAA. La ciudadanía chuquisaqueña no merece ser ofendida en su dignidad por ningún poder del Estado en que cabe el desagravio.
En estos días de festividad de la República de Bolivia en que se esperaba por rigor constitucional un discurso informe de política de gestión en temas de resultados de salud, generación de empleo, inversión pública, etc, primaron frases inapropiadas para un presidente que, pensaba que estaba revolucionando la política y que la revolución no se acabaría en la ficción de “golpe de Estado”. Seguramente, al gobernar con mayoría absoluta en las cámaras de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), no sentía la fiebre fuera del Congreso.
Ahora, la oposición que no tiene en la ALP, le ha salido ya en las calles de cinco ciudades del país, pero que ante las airadas protestas de -democracia, libertad y no avasallamientos-, no tiene una sola voz con la que dialogar para encontrar la conciliación pregonada por el vicepresidente; sobe todo si le embarga un sentimiento inconexo de rechazo, odio y revancha.
Desde otro plano, un tema de mayor calado ligado a lo anterior son las publicaciones de Leyes, sentencias constitucionales, resoluciones y declaraciones constitucionales, que al ser dictados por los órganos competentes dentro del marco organizativo del Estado de Derecho, deben ser publicados en la Gaceta Oficial del Estado y la Gaceta constitucional (TCP), con el objetivo central que los ciudadanos tengan el derecho de acceso a la información pública y la prensa en su rol relevante de la libertad de expresión se nutra con la verdad de los contenidos, así como los senadores y diputados al ejercicio del derecho de fiscalización.
Ahora bien, como emergencia de la consulta que elevó la expresidenta del senado Eva Copa al Tribunal Constitucional Plurinacional de los arts. 1 y 4 del Proyecto de Ley de Excepción de prórroga de mandato de la presidenta y autoridades elegidas, el TCP admitió en Comisión de Constitución la referida consulta y la trasladó a la Sala Plena del Tribunal Constitucional para su compatibilización con la Constitución (art. 10 numeral 3 parágrafo I y II CPC).
El Tribunal Constitucional Plurinacional conforme al numeral 3 parágrafo I del art. 10 Código Procesal Constitucional emitió la Declaración Constitucional 001/2020, resolviendo la constitucionalidad de la Ley 1270 de Excepcionalidad de prórroga de mandato constitucional de la presidenta, senadores, diputados, alcaldes, gobernadores, concejales y asambleístas departamentales, Declaración Constitucional de carácter vinculante y cumplimiento obligatorio y ha sido publicada en la Gaceta de jurisprudencia constitucional (arts. 203 CPE; 15.II; 19 y 105 numeral 2 del Código Procesal Constitucional). En este sentido, el TCP reconoció la Constitucionalidad del mandato transitorio de Jeanine Añez y difundió la Declaración en la Gaceta Constitucional, obviamente al margen de haber emitido el Comunicado de 12 de noviembre de 2019, por el que reconoció la sucesión constitucional, dejando sin debate el supuesto “golpe de Estado” y la consiguiente libertad de la expresidenta, exministros de Estado, Generales del Ejército, Jefes Policiales y de graduación inferior y jóvenes de la “Resistencia de Cochabamba”; máxime si la OEA ratifica irregularidades en elecciones de Bolivia de 2019 y asegura que no es ni será posible dar certeza sobre los datos ni los resultados a la pericia española. Entonces, si el TCP no cumple la Constitución, es un cheque en blanco para que el gobierno del MAS IPSP arrase con los derechos humanos y el riesgo de que se anulen leyes y sentencias publicadas.
Por tanto, cuando la sociedad se moviliza en forma civilizada, sin violencia y grupos de oración demandando libertad, democracia y basta de avasallamientos a la Chiquitanía (invasión de 3.500 colonos a Santa Rosa), es porque -Bolivia apuesta por la seguridad humana-.
Fuentes, A. (2018: 3) frente a los conflictos que afectan a la estabilidad y seguridad humana de los Estados dice: “No pueden ser un río donde quieran pescar la extrema socialista ni la derecha”. En nuestro caso la extrema antidemocrática.
Pedro Gareca Perales es abogado constitucionalista y defensor de DDHH
