En el reflote del conflicto histórico por la cuestión de la hegemonía en Bolivia, se ha abierto, a partir del 2006, una coyuntura larga solamente interrumpida entre octubre del 2019 y el 2020. En el balance político del 2021 se tiene, por tanto, la retoma de la situación conflictiva del 2019, debido a lo cual, con el año que termina, surge una coyuntura corta, en torno al conflicto histórico no resuelto.
La coyuntura política inaugurada en octubre pasado retoma, pues, el conflicto nacional entre la ciudadanía democrática y el proyecto totalitario del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) y ratifica la persistencia de la profunda división de la sociedad boliviana. Se trata, a todas luces, de la continuidad de un conflicto histórico no resuelto. Continuidad, en la que el proceso retomado este año proyectará, al próximo 2022, las tendencias generales referidas a una sociedad dividida y a una débil institucionalidad estatal, a causa de su uso instrumental, al servicio del MAS.
Por ello, en el balance de la situación política boliviana del 2021, resaltan los aprestos totalitarios del MAS y la rápida resistencia nacional de la ciudadanía democrática. Las muestras totalitarias se manifiestan en hechos tales como la existencia de presos políticos defensores de la democracia, el intento de aprobar un paquete de instrumentos legales de contenido totalitario o la reunión pública del MAS, en una plaza de la ciudad de La Paz, para definir cómo atentar contra la democracia. Al contrario, la resistencia democrática se expresó en la contundencia del paro cívico nacional en noviembre último, que volvió a derrotar los proyectos por establecer una legislación totalitaria.
Pero la contundencia de la respuesta de la ciudadanía democrática tuvo otros dos efectos, no esperados por el gobierno. Primero, desnudó las intenciones del MAS por ocultar el contenido antidemocrático que representa y volvió a poner al desnudo su contenido totalitario. Los presos políticos (civiles y uniformados), la persecución y el amedrentamiento a la dirigencia cívica, particularmente de Potosí, Santa Cruz, Tarija y La Paz, así como el total sometimiento a esas intenciones, del poder legislativo y el poder judicial, no dejan duda alguna que se trata de una cruzada en contra de la democracia. En segundo término, reveló el propósito que el MAS pretende, al instrumentalizar a la “justicia”, para que se haga de la vista ciega de las acciones vandálicas que adherentes del MAS cometieron en los conflictos del 2019. Se trata, por parte de la “justicia” no únicamente de ignorar la quema del transporte municipal por parte de grupos vandálicos del partido de gobierno o del incendio de domicilios particulares, como las del ex-rector en La Paz o de la periodista Casimira Lema, sino, principalmente, de beneficiar al exdictador Morales y sus cómplices, para obtener, a mediano plazo, la impunidad.
Así las cosas, las perspectivas políticas para el 2022, en Bolivia, marcan la continuación, en términos de su radicalización, de esas tendencias. Esto quiere decir que se acentuarán, tanto las características de la estrategia del MAS, como las de la defensa de la democracia, por parte de la ciudadanía. Lo que en esta polaridad destaca, sin embargo, es la debilidad de la estrategia de dos componentes, del MAS y, en contrapartida, la claridad de la proposición democrática de la resistencia ciudadana. Esto quiere decir que, pese al replanteo de la situación conflictiva de octubre del 2019, algo ha cambiado en los actores de esta contienda.
El proyecto totalitario del MAS -recordemos- tiene dos componentes: la represión y la fingida voluntad al diálogo; o si se quiere, en una mano el garrote y en la otra el dulce. Ambos componentes se complementan bajo el mismo propósito: salvaguardar a los miembros del anterior gobierno delincuencial encabezado por Evo Morales, para procurar su retorno, a mediano plazo. En ese marco se inscribe la persecución y el encarcelamiento de opositores políticos, así como la absoluta inoperancia de la “justicia” para procesar a los grupos vandálicos del partido de gobierno. En ese marco se encuentra también, claro, la pantomima del gobierno de convocar a diálogos, para alcanzar acuerdos con la ciudadanía. Que la estrategia de dos componentes del MAS pretenda, de esa manera, confundir a la ciudadanía democrática, es una infantil ilusión, como lo es también pensar que esa estrategia permitirá encubrir una verdad de fondo en este partido: la opción escogida por el MAS no sólo se basa en razones estratégicas, sino, principalmente, en motivos mucho más simples.
Se trata de ocultar la confusión reinante en el partido de gobierno. No es para menos, porque este es un partido sin principios, sin proyecto nacional, sin ideología, sin vocación democrática, sin cuadros políticos, sin organización partidaria –asumiendo que la prebenda, al calor del uso instrumental de las instituciones estatales no representa lo que debe llamarse, con propiedad, organización partidaria.
Es verdad también que la debilidad del MAS ha sido puesta al descubierto por la fortaleza de la resistencia democrática ciudadana. En esta última, dijimos, su fortaleza se expresa en la claridad de sus proposiciones. Es esta claridad propositiva la que le dota de un accionar coherente. Claridad y coherencia son los elementos que explican la fortaleza de la ciudadanía democrática y la preparan, en mejores condiciones que el bloque social totalitario, para retomar el conflicto en torno a la democracia.
Expuesta la situación política y la de los actores en torno a ella, debemos preguntarnos por el impacto que todo ello tiene en la sociedad y el Estado. Para reiterar lo que venimos advirtiendo con insistencia, digamos que la abigarrada formación social boliviana exhibe, hoy por hoy, una sociedad profundamente dividida. Se trata de una división motivada por el conflicto de dos proyectos políticos antagónicos: uno totalitario, expresado por el MAS y otro democrático, expresado por la pluralidad de corrientes democráticas dentro de la ciudadanía. En este conflicto, la sociedad se expresa no a través de las mediaciones estatales, sino por medio de sus propias instituciones, como son las organizaciones cívicas, profesionales, sindicales (no pertenecientes al sindicalismo prebendal del MAS), corporativas, etc.
Este hecho es consecuencia de la desinstitucionalización del Estado, impulsada por el MAS. Gracias al uso instrumental de las instituciones públicas, así, simplemente se ha privado a la sociedad toda, de canales de mediación con el Estado y éste se ha vuelto, ante la sociedad, ciego y sordo por decisión propia. Pero ignorar a la ciudadanía, en particular a la ciudadanía democrática (que es, en buenas cuentas, la mitad del país), no significa que ésta no exista. Por ello, en el contexto del desarrollo del conflicto, la actual caricatura de institucionalidad estatal corre el riesgo de ser, una vez más, rebasada por el conflicto ciudadano. El haber puesto en situación de vergonzoso servilismo al poder legislativo, judicial y electoral tiene, pues, un alto costo.
Omar Qamasa Guzmán Boutier es escritor y sociólogo
