PEDRO GARECA PERALES
La utilización de la razón en el análisis de problemas del mundo, nunca está de más recordar en paráfrasis de (Ferrajoli, Luigi, 1997:918), que “el progreso de la democracia se mide por la expansión y la justiciabilidad de los derechos”; sobre todo de los derechos fundamentales como la salud, inescindiblemente ligado al derecho a la vida y por ende al valor fundante de la dignidad de la persona.
En medio de la crisis universal del Covid-19, nuestra población ha respondido enormemente a las medidas de confinamiento y distanciamiento social que ha aplicado el sistema sanitario del gobierno; sin embargo, la cultura de la disciplina no se ha puesto de manifiesto en determinadas regiones del país. Es cierto, que las sanciones por incumplimiento deliberado de pobladores tienen que ser de carácter administrativo, como las sanciones pecuniarias entre otras.
A su vez, la expulsión ejecutada por dirigentes cocaleros y pobladores a los 85 policías producido en la localidad de Shinahota el jueves 16 de abril, los que buscaron refugio en las instalaciones de la Novena División del Ejército por la hostilidad desatada, no justifica en modo alguno la supuesta provocación o falta de coordinación para ingresar a la zona, con las lesiones graves que sufren actualmente dos policías que se hallan internados en un hospital de Cochabamba.
De hecho, está claro, que en muchos otros países la confianza hacia su gobierno ha crecido tras la crisis del Coronavirus y, en Bolivia, pese a la situación de polarización política que vivimos la pandemia no se ha acentuado, gracias a la conciencia colectiva y solidaria de los diversos segmentos de la ciudadanía.
Por lo demás, la Policía Boliviana tiene la misión de la defensa de la sociedad y la conservación del orden público en todo el territorio nacional (art. 251.I CPE), y en su actuación depende de la presidente o del ministro de gobierno, Por ello, desde el respeto a la dignidad de las personas y en este caso de una institución tutelar del orden, debemos bajar el nivel de tensión y repensar nuestro Estado con las diferencias de unos y otros, sin tener que recurrir a la violencia.
Al propio tiempo, es imposible soslayar la existencia en todo momento de un espíritu de diálogo, que podría servir para blindar la salud pública y preservar la vida de todos los ciudadanos, pero siempre desde el respeto para alcanzar los acuerdos mínimos.
La mediación de la gobernación de Cochabamba, la Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo, ciertamente ha cerrado el acuerdo entre dirigentes de las seis Federaciones de cocaleros y la Policía Boliviana (martes 21-04-2020) en los términos siguientes: “La Policía Boliviana desarrollará sus servicios integrales policiales en el Trópico de Cochabamba de forma inmediata; estas acciones serán realizadas en coordinación con las instancias jerárquicas correspondientes, así como también con las organizaciones sociales”.
El referido acuerdo, demuestra no haber considerado que la Policía Boliviana sujeta sus actuaciones a la ley y responde a un mando único constitucional y no a organizaciones sindicales que se acostumbraron durante 14 años a actuar al abrigo de la impunidad, a sabiendas que la Ley Nº 906 Ley General de la Coca promulgada el 8 de marzo de 2017 amplió de 12.000 a 22.000 hectáreas el cultivo de la hoja de coca (art. 16.V L. 906), producción que en un 94% va a la fabricación de cocaína. Además, las bases jurídicas y axiológicas mínimas no han sido sustentadas en el aludido acuerdo, si en situación de la expansión de la pandemia del COVID-19, se prescinde los riesgos de contagio a la que están expuestos los policías víctimas de la hostilidad, así como no se reconoce que la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) y la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) forman parte de un todo, como es la Policía Boliviana (17 policías infectados según reporte). También al ser un escrutinio sin causa, urge aclarar ¿Quedarán impunes Omar Claros y dos dirigentes que fueron identificados en los hechos lesivos a los dos policías? Y cuáles las garantías que tienen los policías que retornaron al Trópico.
Por último, en opinión de Gibson, Wiliam “Los conspiradores no se sienten incómodos por sus sospechas constantes; al contrario se sienten reconfortados por la radical simpleza de sus planteamientos”.
Pedro Gareca Perales es abogado constitucionalista y defensor de DDHH.
