Hace días el Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS) público el Informe 2020 Acceso a tierra y territorio en Sudamérica, compuesto por capítulos correspondientes a 10 países de la región que fue presentado en el 8° Encuentro Internacional por la tierra y territorio en Sudamérica, realizado a nivel virtual el 5, 6 y 7 de octubre del presente año.
Este informe en el capítulo referido a Bolivia, que fue trabajado por el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), proporciona insumos muy importantes para comprender la situación agraria del país, así como sus principales controversias en torno al acceso a la tierra y territorio el 2020 y el funcionamiento de la institucionalidad abocada a la temática. Por ejemplo se menciona que la crisis económica ocasionada por la pandemia llevó al gobierno de Jeanine Añez a impulsar y consolidar el modelo extractivista; y que los conflictos por el control de la tierra y los recursos naturales ese año, se centraron en la actividad minera y petrolera, la ampliación de la frontera agrícola para el uso de los transgénicos, para favorecer al agronegocio, en la consolidación de tierras a favor de grandes propietarios, además de la no atención de los conflictos de avasallamiento a los territorios indígenas por parte de comunidades interculturales.
En relación al acceso a la tierra y al territorio, se indica que entre el 2006 al 2010 el gobierno central empezó un proceso de redistribución de tierras que priorizó la dotación colectiva de las tierras fiscales a favor de los pueblos indígenas y las comunidades campesinas; sin embargo, en el periodo 2011– 2020, por diversos factores (principalmente políticos), el avance en el reconocimiento del derecho propietario de las tierras comunitarias a favor de indígenas fue casi inexistente. En este contexto, la débil institucionalidad del INRA, caracterizada por un manejo poco transparente en los últimos años, favoreció al agro, sectores vinculados al gobierno del MAS, y a funcionarios públicos, como el ex ministro Branko Marinkovic en el gobierno de Jeanine Añez. También señala que el gobierno central después del conflicto por el TIPNIS el 2011 tomó la decisión política de dilatar el saneamiento de los territorios indígenas de tierras bajas y priorizar su alianza con los sectores agroempresariales, acelerando sus procesos de titulación. En todo este tiempo, las autoridades que dirigen el INRA, se caracterizan por ser designados de manera interina, caso que pasa incluso en el gobierno de Luis Arce.
Por otro lado, según una reciente publicación del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), la estructura de la tenencia de la tierra a nivel nacional seria la siguiente: los empresarios (grandes y medianos) tendrían 13,6 millones de ha (15%), los campesinos e interculturales 24, 8 millones de ha (28%), los pueblos indigenas 24,3 millones de ha (27 %) y, la extensión de la tierra fiscal seria 26,7 millones de ha (30%) y de ellas solo faltarían un 13% de la superficie por titular, en ese contexto 5.747.690 hectáreas se encontrarían en proceso de titulación y 6.994.661 hectáreas se hallarían paralizadas por algún tipo de conflicto. En ese marco, el 90 % de la tierra en el departamento de Santa Cruz estaría saneada y solo faltaría el 10% por titular y el excedente de la tierra, estaría disputado por tres sectores: los empresarios que tendrían el 19% (6,2 millones de ha), los campesinos e interculturales tendrían el 16% (5 millones de ha), los indígenas tendrían el 16 % (5,3 millones de ha) y las tierras fiscales serian el 49% (15,9 millones de ha).
En el contexto mencionado, en julio de este año, el Comité pro Santa Cruz, el gobernador de Santa Cruz y una parte de las organizaciones indigenas de la Chiquitanía, realizaron una Cumbre por la Tierra en el municipio de San Miguel de Velasco en contra de los avasallamientos a los territorios indígenas por parte de los interculturales y migrantes collas. En el mes de agosto, la Central de Pueblos Étnicos Moxeños del Beni (CPEM-B) y las 5 regionales indígenas del Beni realizaron un bloqueo de caminos en San Borja, exigiendo al gobierno central la conclusión del saneamiento de sus territorios, entre otras demandas. Finalmente, en el mes de septiembre, una de las organizaciones paralelas de la Central de Pueblos Indígenas del Beni (CPIB) y la Central de Mujeres Indígenas del Beni (CMIB) inician una marcha hacia Santa Cruz por los avasallamientos a los territorios indigenas. En todo este panorama, resulta muy paradójico que la dirigencia del Comité pro Santa Cruz culpe por los avasallamientos únicamente a los migrantes collas y los acuse por los incendios que ocurren cada año y que tomen la bandera de la defensa de los territorios indígenas, cuando en años anteriores el Comité se oponía a la titulación de los territorios indigenas y consentía los avasallamientos que sufrían los pueblos indigenas por parte de algunas familias pudientes de Santa Cruz.
Para concluir, se debe mencionar que existen titulaciones pendientes a favor de los pueblos indigenas de la Amazonia, Chiquitanía y Chaco, que los avasallamientos a sus territorios son realizados tanto por colonizadores, ganaderos, madereros, cocaleros, castañeros y que su mayor amenaza es la profundización del modelo de desarrollo extractivista defendido por el gobierno central, los gobiernos departamentales y los comités cívicos que asalta y presiona a sus territorios, induciendo a una explotación y aprovechamiento acelerado de la tierra en el país a través de la ampliación de la frontera agrícola; mediante el chaqueo, la deforestación y la implementación de proyectos de inversión que no consideran las medidas de cuidado asumidas por las comunidades indígenas para resguardar su territorio.
Juan Pablo Marca es sociólogo e investigador del CEJIS
