La Paz, 25 de noviembre (ANF).- Un total de 30 mil funcionarios y funcionarias públicas de todo el país ya han tramitado su certificaciones del Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia (Sipasse) de antecedentes de violencia y, de ellos, se ha detectado a 10 personas con sentencias condenatorias ejecutoriadas por casos de violencia de género.
“A la fecha se han emitido ya aproximadamente 30 mil certificaciones Sipasse de antecedentes en violencia, a servidores y servidoras públicas a nivel nacional, de más de cien mil funcionarios públicos. (De esos) hasta ahora han salido aproximadamente 10 certificados con antecedentes penales en violencia en todo el país”, informó Ana María Rojas, abogada del Sipasse, dependiente del Ministerio de Justicia.
El objetivo del proceso es acreditar que los funcionarios no figuran en el
registro de personas que hubieran sido condenadas por violencia
intrafamiliar.
Al respecto, explicó que ya se han identificado sentencias ejecutoriadas por hechos de violencia y como establece la ley 348 de lucha contra toda forma de violencia hacia las mujeres, se hará el seguimiento para que los funcionarios identificados sean inmediatamente inhabilitados del ejercicio de cualquier cargo en instancia del Estado. “Entonces el Sipasse está haciendo el monitoreo y el seguimiento de estas personas que tienen sentencias condenatorias ejecutoriadas”, dijo Rojas.
El cronograma establecido tenía como fecha de vencimiento el 31 de octubre para que los servidores públicos de todo el país presenten el certificado, sin embargo, la funcionaria señaló que debido a un nuevo comunicado emitido desde el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades el plazo fenece el 29 de diciembre de 2017.
El artículo 13 de la ley 348 establece que "para el acceso a un cargo público de cualquier Órgano del Estado o nivel de administración, sea mediante elección, designación, nombramiento o contratación, además de las previstas por Ley, se considerará como un requisito inexcusable el no contar con antecedentes de violencia ejercida contra una mujer o cualquier miembro de su familia, que tenga sentencia ejecutoriada en calidad de cosa juzgada".
Para obtener la certificación ante el Sipasse se debe presentar una fotocopia del carnet de identidad y realizar dos depósitos bancarios, uno de Bs 25 para cubrir los costos operativos del Órgano Judicial y otro de Bs 10 para los costos administrativos del Ministerio de Justicia, en el Banco Unión.
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