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Nacional Seguridad

De las faltas menores al crimen organizado: el avance de la infiltración narco en la Policía Boliviana

Un punto de inflexión ocurrió en 2008, con la salida de la DEA de Bolivia y la denominada nacionalización de la lucha antidroga.
30 de junio, 2026 - 12:08
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Operativo de incautación de droga. Imagen archivo: FELCN
Operativo de incautación de droga. Imagen archivo: FELCN

La Paz, 30 de junio del 2026 (ANF).- Durante la década de 1990, las denuncias contra efectivos policiales vinculados al narcotráfico estaban asociadas principalmente a abusos de poder, extorsiones, cobros ilegales y apropiación de dinero o droga durante operativos antidroga. Tres décadas después, distintos reportes policiales y un recuento de investigaciones periodísticas muestran una evolución más compleja: el crimen organizado habría pasado de aprovechar conductas individuales de algunos funcionarios a buscar espacios de protección dentro de estructuras institucionales.

El abogado y analista en seguridad Omar Durán sostuvo que la Policía Boliviana enfrenta actualmente una crisis profunda de capacidad e integridad para combatir al narcotráfico, debido a que sectores de la institución habrían sido penetrados por redes criminales. Según su análisis, la infiltración no se limita a policías de bajo rango, sino que habría alcanzado niveles de mando y generado redes de protección.

“La Policía ya no tiene la idoneidad para enfrentar sola al narcotráfico”, afirmó Durán a ANF, quien considera que la corrupción dentro de la institución llegó a un punto crítico. En su evaluación, de cada diez policías, solo dos cumplirían adecuadamente su función, mientras que el resto estaría afectado por prácticas irregulares o por una cultura institucional deteriorada.

El recuento de casos documentados en los últimos años muestra un cambio en la naturaleza del problema. Durante los años 90, bajo el esquema de lucha antidroga establecido por la Ley 1008 y con apoyo de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) concentraba las principales operaciones. Las denuncias estaban vinculadas a excesos operativos, torturas durante interrogatorios y cobros ilegales, pero no existían evidencias públicas de una captura sistemática de la estructura policial por organizaciones criminales.

 

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