La Paz, 30 de diciembre de 2022 (ANF).- Con motivo de fin de año, los cobros ilegales en el penal de San Pedro de La Paz aumentaron y van de la mano principalmente de la policía, denunciaron un grupo de internos del recinto carcelario que pidió la reserva de sus nombres.
El habitual cobro ilegal que siempre realizan los policías a las visitas y que ha sido normalizado por la indiferencia de las autoridades, se agrava por las fiestas de fin de año, donde todos quieren un ingreso extra.
Las puertas del penal son el primer filtro, donde incluso se imponen restricciones a las visitas con el propósito de pedir más dinero.
“Y ante esa injusticia no se puede reclamar a nadie, así restringen sin motivo a las visitas con el fin de pedirles dinero, y el policía te dice: ‘quéjate donde sea o donde quieras’”, contó un interno a ANF.
Los internos si bien saludan la decisión del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, de sancionar a los funcionarios de Régimen Penitenciario corruptos como es el caso de Álvaro D.P.L, involucrado en extorsión, aseguran que son muchos más, sino prácticamente todos, los funcionarios abusivos que aprovechan la oportunidad para beneficiarse.
Lamentaron que hasta la fecha no se procese ni se cambie “al teniente Saravia, uno de los más abusivos y extorsionadores con las visitas, pese a que incluso se firmó una resolución” para que lo saquen.
Los internos aseguran que todos estos abusos se realizan bajo la protección de las autoridades de la Gobernación y de Régimen Penitenciario. Las denuncias sobre este tipo de corrupción en el penal son constantes, sin embargo, la sordera de las autoridades las legitima.
“Tantas veces hemos solicitado que cambien a los policías de las puertas, pero solo los llevan de un penal a otro y luego regresan, cobran a las visitas, cobran por meter una papaya más grande, cobran por ingresar materiales pese a que tenemos tarjeta de autorización, siempre ven la forma de sacar ventaja”, refirió otro interno.
“Esos policías tienen esa maña de estar extorsionando, ven un negocio en los internos”, replicó otro.
Otro funcionario identificado es el sargento Ivar Quispe, encargado de Disciplina, Sanción y Castigo, que acostumbra a “arreglar” con los internos antes de hacer los informes. Como de él depende dentro del penal el récord de cada interno, señalaron los afectados, ofrece buenos informes a cambio de dinero.
“Él me pidió dinero para hacer un buen informe sobre mí cuando estaba en Muralla”, señaló un interno, “pero como no le pagué, me perjudico más”. El sargento le dijo, además, según recuerda: “Todos de Gobernación ya saben tu caso así que tienes que dar 5.000 bolivianos para el informe”.
Foto: Revista Datos
Con el caso del feminicida Richard Choque, que luego de ser liberado cometió más asesinatos, se conoció cómo este interno estaba respaldado por los mejores informes sobre su buena conducta, lo que le permitió cambiar su reclusión por detención domiciliaria.
Cuando alguien comete supuestamente un delito o falta, “lo primero que te dicen los policías es: ‘arreglamos aquí o te hago el informe’”.
“Con el sargento Ivar sabes que te llevará a Muralla y te sacará dinero”, remarcan.
Las denuncias también apuntan al suboficial Dávalos que se encarga del registro de los carnets de las visitas en la caseta de Chonchocorito.
“Amenaza con Muralla a quienes considera y cobra 300 bolivianos para que no seas castigado”, señalan.
Con el suboficial Dávalos, así como con los demás efectivos, es fácil quebrantar la ley, aseguran. “Si la visita no tiene carnet de vacunación le cobra 50 bolivianos, y por las visitas restringidas a Grulla 30 bolivianos la hora”.
“Él prohíbe el ingreso de los familiares pese a que la Ley 1192 dice que todo privado de libertad tiene derecho a recibir visitas”, denunciaron.
Pero los abusos e imposiciones vienen desde el mismo Consejo de Delegados, que mediante su coordinador Bruno M. C. realiza cobros no consultados con los internos. “150 bolivianos por interno y 180 a los nuevos que cubrirá el fricase de fin de año y las bebidas alcohólicas, y esto es obligatorio”, señaló otro reo.
Atribuyen además a Bruno ser el coordinador de los cobros que también favorecen a las autoridades penitenciarias. Incluso el interno se presta a efectivizar el firmado obligatorio de resoluciones que finalmente afectan a otros internos como el caso de César Apaza.
“Macías pidió firmar un voto resolutivo indicando que era para sacar a la proveedora de pan del desayuno, pero esas firmas fueron usadas finalmente para que el director del penal Juan Carlos Limpias diga que estamos declarando persona no grata a César Apaza y pedimos su traslado”.
De esta forma, señalaron, “el Consejo de Delegados sirve a los intereses de la gobernación y Régimen Penitenciario, esos delegados prácticamente son sus empleados”.
Y las resoluciones que emite el Consejo de Delegados son obligadas a firmar, de lo contrario “existen sanciones a los que se oponen y los ven como problemáticos”.
El grupo de internos exige a las autoridades parar la corrupción y los abusos en la cárcel de San Pedro que afecta principalmente a los reclusos nuevos y a los de escasos recursos.
El exdirector de Régimen Penitenciario Ramiro Llanos indicó que una solución a la corrupción en la administración carcelaria es cambiar a los actuales carceleros por civiles, que son sujetos a sanciones, debido a que en el caso de los policías solo los cambian de destino.
Los internos con sus versiones corroboraron la aseveración de Llanos. Para la exautoridad, la policía fracasó en la administración de las cárceles por lo que se debe dar paso a la administración por civiles.
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