La Paz, 15 de febrero (ANF).- Luis Guillén, abogado de la expresidenta Jeanine Áñez, afirmó este martes que en 15 meses del proceso penal denominado Golpe de Estado I, la fiscalía no pudo sostener los presuntos delitos de conspiración, sedición y terrorismo por los que organizó un operativo para aprehender a la exmandataria.
Guillén dijo que transcurrido 11 meses de encarcelamiento preventivo la fiscalía debería haber concluido la investigación, por lo que un juez cautelar deberá resolver el nuevo pedido de cese a la detención preventiva de la expresidenta Áñez y de los exministros Álvaro Coimbra y Rodrigo Guzmán.
“El proceso de terrorismo, sedición y conspiración lleva abierto desde noviembre del año 2020, vale decir que a la presente fecha en esta investigación han transcurrido más de 15 meses sin que el Ministerio Público haya podido sustentar los elementos que provocaron que se realizara un operativo en Trinidad para aprender a la ex mandataria Áñez”, señaló Guillén.
La defensa de Añez precisó que la detención preventiva de la exmandataria feneció el 13 de febrero y que prolongar su encierro es indebido.
Los abogados de la exmandataria hasta la fecha no fueron notificados con una solicitud de ampliación de detención preventiva por parte del Ministerio Público ni de la Procuraduría ni por parte del Ministerio de Gobierno, por lo que el juez al no existir solicitudes debe realizar un control jurisdiccional, dado que ya venció el plazo de detención preventiva.
Este martes, el juez Décimo de Instrucción Penal Cautelar, Armando Zeballos, debió realizar la audiencia, pero lo reprogramó para el jueves 17 de febrero.
Áñez, Coimbra y Guzmán fueron aprehendidos en marzo de 2021 y se les dictó detención preventiva de seis meses. Luego, se amplió ese plazo cinco meses más, para que la fiscalía realice las investigaciones.
Pese a que Áñez pueda revertir la detención preventiva en el caso Golpe de Estado I, cumple detención preventiva por el caso Golpe de Estado II, que desdobló la fiscalía. En el que ya tiene acusación formal por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la ley.
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