La Paz, 23 de junio de 2026 (ANF).- Tras más de 50 días de conflictos y bloqueos en distintas regiones del país, legisladores y representantes del sector productivo intensificaron la presión para que la Asamblea Legislativa Plurinacional trate de manera urgente una ley contra el bloqueo de caminos destinada a garantizar la libre circulación y evitar nuevas paralizaciones.
Manolo Rojas, diputado del PDC, informó que actualmente existen seis proyectos de ley relacionados con la temática y anunció la intención de reactivar el foro de debate que estaba previsto para el pasado 12 de junio.
El legislador señaló que uno de los planteamientos es someter el tema a consulta ciudadana mediante un referéndum para que la población decida si está de acuerdo o no con los bloqueos como mecanismo de protesta.
“Queremos escuchar las posturas de diferentes sectores sociales y sobre todo que el pueblo boliviano, a través de su voto, pueda decir si está de acuerdo con los bloqueos como forma de protesta o no lo está”, sostuvo.
Desde el sector productivo, la Cámara Agropecuaria de Cochabamba también exigió el tratamiento inmediato de la normativa. Su presidente, Rolando Morales, advirtió que una vez concluido el estado de excepción existe el riesgo de que se repitan las medidas de presión si no se adoptan mecanismos legales para impedir nuevos bloqueos.
“De aquí a 90 días, una vez que pase el estado de excepción, podríamos tener nuevamente una situación similar”, alertó el dirigente.
Morales anunció además que los productores identificaron a presuntos responsables de los bloqueos en el Trópico de Cochabamba y solicitarán el acompañamiento del Gobierno para iniciar acciones administrativas, civiles y penales con el objetivo de exigir el resarcimiento económico por las pérdidas sufridas.
A estas iniciativas se sumó la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz. Su presidenta, María René Álvarez, informó que la próxima semana se debatirá una ley antibloqueo de alcance departamental y pidió que la iniciativa sea replicada a nivel nacional.
La legisladora departamental sostuvo que los recientes bloqueos dejaron pérdidas económicas, afectaciones a la producción, problemas de abastecimiento y vulneraciones al derecho de libre tránsito, por lo que consideró necesario fortalecer los mecanismos legales para evitar que este tipo de conflictos vuelvan a paralizar al país.
Álvarez también instó al Gobierno a aplicar plenamente las atribuciones conferidas por el estado de excepción y garantizar la seguridad jurídica, la circulación de personas y mercancías, así como la protección de la actividad productiva.
El debate sobre una ley antibloqueos cobra fuerza en medio de las secuelas económicas y sociales dejadas por las recientes medidas de presión, mientras distintos sectores coinciden en la necesidad de establecer mecanismos que permitan conciliar el derecho a la protesta con la protección de derechos fundamentales como la libre circulación, el acceso a alimentos y la continuidad de las actividades económicas.
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