La Paz, 23 de junio de 2026 (ANF).- Los gobiernos de Estados Unidos Argentina, Bolivia, Canadá, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Jamaica, Panamá, Paraguay y Perú respaldaron al gobierno de Rodrigo Paz y alertaron que los esfuerzos por derrocarlo representan una “grave amenaza para el orden constitucional”.
“Respaldamos al gobierno boliviano constitucionalmente elegido e instamos a los grupos movilizados a priorizar el diálogo y la negociación dentro del marco constitucional establecido, como herramienta fundamental de la democracia”, señala el pronunciamiento.
Asimismo, expresaron su "profunda preocupación por los efectos de los bloqueos violentos de carreteras sobre la democracia y el estado de derecho en Bolivia. Los continuos esfuerzos por debilitar y derrocar al gobierno legítimo y democráticamente electo del presidente Rodrigo Paz representan una grave amenaza para el orden constitucional y la estabilidad democrática en el país y en el hemisferio”.
Los gobiernos de 14 países se pronunciaron después que el país cerró un largo periodo de protestas, cuando la Central Obrera Boliviana (COB) dictó su paro indefinido el 1° de mayo, mientras que la Federación de Campesinos Tupac Katari declaró el bloqueo de carreteras el 6 de mayo, posteriormente las organizaciones del Trópico de Cochabamba de la facción evista se sumaron a las manifestaciones.
Durante este periodo hubo violencia, destrucción de bienes públicos, enfrentamiento entre la policía y los movilizados, también hubo un saldo de muertos, pérdidas productivas millonarias, entre otros. Este escenario se produce a solo seis meses desde que el gobierno de Paz asumió la presidencia del Estado, tras un proceso electoral que le dio la victoria.
El pronunciamiento suscrito por Estados Unidos y otros 13 gobiernos observa que “Una minoría violenta pretende desconocer la voluntad expresada por la mayoría de los bolivianos en las urnas hace apenas unos meses, rechaza la disposición del gobierno al diálogo y ha mantenido bloqueos de carreteras durante más de siete semanas, privando al pueblo boliviano de acceso a alimentos, atención médica, combustible y otros artículos de primera necesidad Estas acciones han afectado gravemente la vida cotidiana de millones de ciudadanos y han puesto en riesgo derechos fundamentales”.
Así como el registro de “muertes de civiles bolivianos” como consecuencia de las restricciones a la libre circulación en las vías, o que los manifestantes causaron lesiones a agentes de policía en el ejercicio de sus funciones. “La violencia no puede subvertir el orden constitucional”.
“Defender la libertad, la democracia y la seguridad hemisférica exige compromiso y cooperación”, señalaron los gobiernos. En ese contexto, reafirmaron su compromiso para seguir fortaleciendo la estabilidad y preservando el orden democrático en la región, además expresaron su “solidaridad con el gobierno democrático del presidente Paz y con el pueblo de Bolivia”.
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