La Paz, 7 de diciembre (ANF).- La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) confirmó la noche del jueves la retención de fondos del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), en mérito a una orden judicial. La entidad afectada denunció no haber sido notificada con la acción que pone en grave riesgo la continuidad de su labor.
En una respuesta escrita a las consultas de ANF, la ASFI señala que en el marco de lo previsto en el artículo primero de la sección dos del Reglamento para la Retención, Suspensión de Retención y Remisión de Fondos, “se limita a transmitir las órdenes de retención de fondos al sistema financiero regulado, siendo responsabilidad de las autoridades judiciales, fiscales o administrativas, el contenido de dichas instrucciones y sus efectos jurídicos”.
La ASFI señala que la retención de fondos es una orden impartida por una autoridad competente en la que dispone de manera expresa la inmovilización de los fondos que una persona natural o jurídica mantiene en las entidades supervisadas, de acuerdo con lo establecido en el ordenamiento jurídico vigente. Sin embargo no explica el tenor de la orden judicial.
El director ejecutivo del CEDIB, Marco Antonio Gandarillas, señaló a este medio que el martes 28 de de noviembre esta institución fue ingratamente sorprendida cuando fue impedida de realizar transacciones bancarias. “Al consultar al respecto a nuestro banco, éste nos informó que nuestras cuentas fueron congeladas por orden judicial a requerimiento de ASFI”, dijo.
Gandarillas consideró que este hecho no es casual porque forma parte de un sistemático ataque al CEDIB promovido desde el Poder Ejecutivo, y dejó en claro que esta entidad sin fines de lucro no fue notificada oficialmente sobre la referida orden judicial, algo que, desde ya, es irregular y atentatorio al derecho a la debida defensa.
“Nos encontramos nuevamente en una situación de grave riesgo a la continuidad de nuestras labores, nuevamente desde el poder político se nos ataca para impedir nuestro normal funcionamiento como centro de investigación independiente y organización defensora de derechos humanos y el medioambiente”, afirmó Gandarillas.
El director ejecutivo del CEDIB señaló que tal como se hizo conocer a instancias de derechos humanos de las Naciones Unidas el 24 de julio de 2017, en los últimos años esta institución fue víctima de ataques sistemáticos y permanentes de parte del poder político (Gobierno) que ha tratado de inviabilizar su trabajo por distintas vías.
Citó como parte de este esquema de ataques, la imposición de las más severas restricciones legales a su existencia legal (a través de la Ley 351), al hostigamiento y acoso administrativo, descalificaciones y amenazas públicas de altas autoridades del Gobierno, imposición de multas y sanciones económicas injustas, amenazas violentas al ejercicio de sus derechos a la libertad de información y expresión, desalojo forzoso de su sede mediante amenazas a su integridad personal y patrimonial por parte del Rector de la UMSS.
Lo más reciente dijo que fue la anotación preventiva de los bienes y el congelamiento de las cuentas bancarias del CEDIB, considerado el más duro de los ataques “ya que conlleva enormes perjuicios y pone en riesgo la continuidad de sus labores. Es un ataque del poder político que pretende obstruir el trabajo de información e investigación independiente y defensa de derechos humanos y la naturaleza que promueve nuestro centro”.
El congelamiento de cuentas según Gandarillas impide el cumplimiento de obligaciones sociales al personal del CEDIB, en su mayoría mujeres y jefas de hogar, lo cual también vulnera derechos laborales.
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