La Paz, 23 de mayo de 2026 (ANF).- La promesa gubernamental de garantizar el abastecimiento de alimentos mediante vuelos de “apoyo humanitario” comenzó a generar cuestionamientos desde distintos sectores. Mientras el Gobierno sostiene que el puente aéreo busca mitigar el impacto de los bloqueos y evitar una crisis mayor en La Paz y El Alto, comerciantes, dirigentes y legisladores denuncian altos costos, falta de transparencia y presuntos privilegios para grandes cadenas de supermercados.
El preventista y promotor de carne Sergio Alanoca cuestionó la narrativa oficial sobre el “apoyo humanitario” de los vuelos realizados en aviones Hércules de la Fuerza Aérea Boliviana y en la aeronave de apoyo enviada por Argentina. Según su experiencia directa en el traslado de productos cárnicos, los comerciantes deben pagar entre 18 y 20 bolivianos por kilo transportado por vía aérea, un costo que termina encareciendo significativamente el precio final para el consumidor.
Alanoca explicó que el kilo gancho de carne en Santa Cruz ronda los 48 bolivianos, pero que al sumar el transporte aéreo, la descarga, los estibadores y otros gastos logísticos, el producto llega a La Paz a aproximadamente 68 bolivianos por kilo. Para el comerciante, esto contradice el concepto de “apoyo humanitario” difundido por las autoridades.
“Decir que esto es humanitario es una mentira”, afirmó a la ANF, al señalar que el costo operativo termina siendo trasladado directamente a las familias paceñas.
Las críticas no se limitan al precio. Alanoca también describió un sistema logístico marcado por retrasos e incertidumbre. Según relató, los vuelos no tienen horarios estables y frecuentemente sufren demoras de más de 24 horas. En algunos casos, indicó, los proveedores deben esperar hasta un día y medio para recibir la carga comprometida.
A su juicio, la capacidad de transporte resulta insuficiente para cubrir la demanda de las ciudades afectadas por los bloqueos. Aunque el Gobierno anunció el apoyo de una aeronave argentina, Alanoca sostuvo que en la práctica solo un avión está operando de forma constante y que los volúmenes trasladados no alcanzan para estabilizar el mercado.
Uno de los aspectos más delicados de sus denuncias apunta a presuntas irregularidades en la asignación de espacios de carga. El preventista aseguró que existe una “corrupción más grande” detrás del sistema de distribución y afirmó que quienes logran asegurar un espacio en los vuelos son aquellos que realizan pagos extraoficiales.
“Ya no interesa si es carga del Gobierno o no; el que da más dinero al vuelo se lo traen”, denunció.
Según Alanoca, esta situación perjudica especialmente a los comerciantes pequeños y medianos que intentan operar de manera regular y legal, ya que no cuentan con recursos para acceder a esas supuestas ventajas.
El comerciante también cuestionó el destino de los productos que llegan mediante el puente aéreo. Aseguró que existe una marcada preferencia hacia grandes cadenas de supermercados, mientras que los mercados populares continúan enfrentando desabastecimiento.
“Para el pueblo queda muy poco”, afirmó, al sostener que los supermercados no tienen la capacidad de abastecer por sí solos a toda la población paceña.
El viceministro de Comercio, Gustavo Serrano, defendió la implementación del puente aéreo y aseguró que se trata de una medida extraordinaria destinada a reducir el impacto de los bloqueos en el abastecimiento de alimentos y medicamentos.
La autoridad explicó que la logística se concentra principalmente en el traslado de carne de pollo, carne de res y carne de cerdo, debido a la alta demanda en La Paz y El Alto. Además, informó que el Gobierno trabaja para incluir el transporte de oxígeno medicinal ante el riesgo de desabastecimiento en centros hospitalarios.
Serrano aclaró que la mayoría de los cargamentos transportados corresponden a acuerdos entre proveedores y comercializadores privados, y sostuvo que el Estado únicamente facilita la logística aérea.
“No estamos dando preferencias. Los vuelos se organizan según el orden de llegada y la capacidad disponible”, afirmó en entrevista con Erbol.
El viceministro dijo que no hay favoritismo hacia la estatal Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) en el abastecimiento de carne de pollo. Explicó que la empresa participa como un comercializador más dentro del sistema y argumentó que priorizar exclusivamente a la estatal podría generar “competencia desleal” frente al sector privado.
La autoridad también admitió que el Estado no subvenciona el costo del transporte aéreo debido a limitaciones económicas. Según indicó, los gastos operativos y el combustible son cubiertos por proveedores y comercializadores, lo que inevitablemente repercute en el precio final de los alimentos.
Desde el ámbito político, la diputada Patricia Patiño expresó una postura aún más crítica sobre el manejo gubernamental de la ayuda internacional y del puente aéreo.
La legisladora cuestionó la falta de transparencia respecto al destino de las toneladas de alimentos enviadas por otros países y aseguró que la población no percibe un beneficio concreto.
“No hemos visto absolutamente nada”, afirmó en sus redes sociales, en referencia a la distribución de la ayuda humanitaria.
Patiño también criticó el rol de Emapa y acusó a la estatal de comercializar productos con márgenes elevados en lugar de entregarlos como asistencia. Como ejemplo, señaló que el kilo de pollo habría sido adquirido a 14 bolivianos, pero vendido posteriormente a 35 bolivianos en La Paz.
“¿Cuál ayuda humanitaria? Por favor, seamos claros”, cuestionó la diputada.
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