La Paz, 12 de mayo de 2026 (ANF).- El anteproyecto de la Ley del Litio impulsado desde Potosí ingresó en su fase final de elaboración, en medio de cuestionamientos al Gobierno nacional por presunta falta de transparencia en el tratamiento de la normativa y por impulsar procesos paralelos de socialización sin presentar públicamente su propia propuesta legislativa, según informó Alberto Pérez, representante del Comité Cívico Potosinista (Comcipo).
Pérez refirió que el documento regional fue consolidado tras la realización de una segunda “precumbre” en el municipio de Colcha K, donde participaron representantes cívicos, académicos y sectores de las provincias Daniel Campos, Nor Lípez y Antonio Quijarro.
“El anteproyecto prácticamente está concluido”, afirmó el dirigente en declaraciones a ANF, aunque aclaró que aún se trabaja en el fortalecimiento técnico de la propuesta. Para ello, explicó, se programaron reuniones en la Universidad Autónoma Tomás Frías (UATF), institución que encabeza la redacción académica y científica de la iniciativa.
Pérez sostuvo que los componentes sociales y jurídicos ya fueron consensuados y que el objetivo ahora es consolidar una norma con sustento técnico suficiente para regular la explotación e industrialización del litio en el país, priorizando garantías ambientales y seguridad jurídica.
Sin embargo, el representante cívico cuestionó al Ejecutivo por impulsar, de manera paralela, mesas de trabajo y procesos de socialización liderados por el viceministro de Energías Alternativas, Eduardo Osorio, particularmente en el municipio de Uyuni.
A juicio de Pérez, el Gobierno no transparentó el contenido de su propio proyecto de ley y estaría intentando legitimar una propuesta desconocida mediante reuniones sectoriales. “No conocemos el proyecto del Gobierno. Pareciera que quieren hacer pasar una ley sin consenso previo”, señaló.
En ese contexto, explicó que tanto Comcipo como la universidad decidieron no participar en las convocatorias oficiales hasta que ambas propuestas —la regional y la gubernamental— sean conocidas y debatidas públicamente. El dirigente advirtió que avanzar sin consensos podría derivar en conflictos durante el tratamiento legislativo en la Asamblea.
Pérez también vinculó la necesidad de una ley específica con la situación de los contratos suscritos por el gobierno de Luis Arce con empresas de China y Rusia para proyectos relacionados con el litio.
Recordó que dichos acuerdos se encuentran paralizados tras la intervención de un juez agroambiental que observó posibles vulneraciones constitucionales y riesgos ambientales, además de cuestionamientos vinculados al acceso al agua y al derecho a la consulta previa.
En criterio del representante cívico, mientras no exista una normativa clara que garantice seguridad jurídica, protección ambiental y reglas transparentes para las inversiones, será difícil reactivar esos convenios. Añadió que, una vez aprobada una ley consensuada, Bolivia podría abrir nuevamente convocatorias internacionales para empresas interesadas, independientemente de su origen, siempre que ofrezcan condiciones favorables para el país.
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