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Economía

Justicia Agroambiental ordena suspender el tratamiento de los contratos de litio en la Asamblea Legislativa

Los legisladores de oposición y varias organizaciones de la sociedad civil rechazaron los contratos de litio que promueve el Gobierno porque serían desventajosos para el país.
20 de agosto, 2025 - 12:43
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Foto: YLB
Foto: YLB

La Paz, 20 de agosto de 2025 (ANF).- Un juzgado agroambiental de La Paz concedió la solicitud de medidas cautelares para que se suspenda el tratamiento de los contratos de litio en la Asamblea Legislativa hasta que exista un estudio de impacto ambiental, informó el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya.

“La autoridad judicial ha determinado la suspensión momentánea del tratamiento de los dos proyectos de ley en tanto las autoridades administrativas no hagan un estudio de impacto ambiental estratégico sobre los recursos hídricos, aguas fósiles y como va a afectar o no a las poblaciones que están en esos territorios”, indicó Callisaya en Radio Fides.

El martes pasado, a cinco días de las elecciones presidenciales y luego de una resistencia de diputados y sociedad civil, la Comisión de Economía Plural de la Cámara de Diputados aprobó el contrato de litio en favor de la empresa rusa Uranium One Group. Ese convenio ya firmado es de especial interés para este gobierno saliente. 

Las autoridades del Ejecutivo defendieron la aprobación de los contratos, el otro con la empresa china CBC, sin un estudio de impacto medioambiental en las regiones de explotación de litio, indicaron que ese procedimiento se realizará una vez los convenios sean aprobados por el Legislativo.

“También se ha determinado por parte de la autoridad judicial que se haga un proceso de consulta previa, libre e informada con todos los involucrados; particularmente con los pueblos indígenas de Nor Lípez y finalmente ha dispuesto que la Asamblea Legislativa debe exigir estos estudios de evaluación de impacto ambiental estratégicos para continuar con el tratamiento de estos contratos”, agregó el Defensor del Pueblo.

Los legisladores de oposición y varias organizaciones de la sociedad civil rechazaron los contratos de litio que promueve el Gobierno porque serían desventajosos para el país y muy favorables para las empresas transnacionales.

 

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