La Paz, 27 de abril de 2026 (ANF).- El Proyecto de Ley PL-389/2025-2026, denominado “Ley Nacional de Economía Creativa”, plantea la creación de un marco normativo e institucional orientado a fortalecer los sectores basados en la creatividad, el conocimiento y el talento, con el objetivo de dinamizar la economía y diversificar las fuentes de ingreso del país.
La propuesta legislativa estructura sus lineamientos en varios ejes estratégicos. En el ámbito institucional, se prevé la conformación de un Sistema Nacional de Economía Creativa que articule políticas entre el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas, con la participación de los ministerios de Economía, Culturas y Educación.
Este sistema estará acompañado por un Consejo Nacional de Economía Creativa, encargado de la coordinación y orientación estratégica, así como de una Secretaría Técnica que brindará soporte operativo y seguimiento a las políticas implementadas.
Uno de los aspectos centrales del proyecto es el impulso a los llamados “Distritos, Polos y Territorios Creativos”. Estas áreas buscan revitalizar zonas urbanas y rurales con bajo dinamismo económico, promoviendo la concentración de actividades culturales, tecnológicas y productivas. La iniciativa apunta a convertir estos espacios en focos de innovación, capaces de generar empleo y atraer inversión.
En esa misma línea, la norma propone la denominada “industrialización del talento”, que busca transformar ideas en bienes y servicios con alto valor agregado y potencial exportador. Para ello, se contempla un apoyo específico a micro, pequeñas y medianas iniciativas creativas, facilitando su formalización y su acceso a mercados tanto nacionales como internacionales.
El financiamiento constituye otro de los pilares del proyecto. Se plantea que el Estado impulse mecanismos que reconozcan el carácter de riesgo inherente a las actividades creativas, evitando criterios discrecionales en la asignación de recursos. Entre las herramientas previstas se incluyen líneas de crédito especializadas, fondos de co-inversión y sistemas de garantía en coordinación con entidades financieras públicas y privadas. Asimismo, se propone priorizar las compras públicas de bienes y servicios creativos nacionales como una forma de estimular el mercado interno.
La protección de la propiedad intelectual también ocupa un lugar relevante en la iniciativa. El proyecto reconoce estos derechos como un activo estratégico, estableciendo la obligación estatal de garantizar su respeto y promover condiciones para que los creadores puedan monetizar sus obras de manera justa. Además, se contemplan acciones de sensibilización para prevenir el plagio y el uso indebido de contenidos.
En materia de información, la ley propone la creación de una Cuenta Satélite de la Economía Creativa, destinada a medir con mayor precisión la contribución de este sector al Producto Interno Bruto (PIB). A esto se suma un Registro Nacional de Actores, de carácter voluntario, que permitirá identificar y caracterizar a quienes participan en estas actividades.
El alcance de la propuesta abarca sectores como las artes y el patrimonio, el diseño, las nuevas tecnologías, la gastronomía y el turismo creativo. Según el proyecto, su implementación podría contribuir a la generación de empleo juvenil, especialmente entre personas de 18 a 35 años, así como al fortalecimiento de la soberanía tecnológica y la reducción de la dependencia de contenidos extranjeros.
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