La Paz, 18 de mayo de 2026 (ANF).- La creciente demanda de antimonio, mineral estratégico utilizado en baterías, semiconductores, aleaciones metálicas y aplicaciones militares, abrió una nueva expectativa económica para el país, especialmente para Potosí, donde se concentran importantes reservas. Sin embargo, especialistas consultados advirtieron que el impulso de nuevos proyectos debe ir acompañado de transparencia, control estatal y cumplimiento de normas ambientales y legales.
El tema cobró relevancia tras la consolidación de una alianza estratégica entre la empresa boliviana Alchemy SRL y la estadounidense United States Antimony Corporation (US Antimony o USAC), orientada a desarrollar una planta hidrometalúrgica de procesamiento de antimonio en Aguadulce, Potosí. El acuerdo contempla financiamiento, transferencia tecnológica y asistencia técnica para refinar minerales críticos a escala comercial.
La iniciativa fue destacada por el viceministro de Política Minera, Danilo Velasco, quien visitó la planta y afirmó que el proyecto representa un “hito” para la industrialización minera boliviana y para la atracción de inversiones extranjeras.
Para Héctor Córdova, expresidente de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) y analista en temas mineros, el contexto internacional convierte al antimonio en un recurso de alto valor geopolítico.
Explicó que Estados Unidos depende en gran medida de importaciones para cubrir su demanda y que Bolivia posee una ventaja estratégica debido a sus reservas, estimadas en unas 310.000 toneladas, además de una larga tradición en la explotación de este mineral.
Córdova señaló que, aunque el precio internacional del antimonio descendió desde el pico de más de 50.000 dólares por tonelada registrado hace aproximadamente un año hasta niveles cercanos a los 27.000 dólares, la cotización continúa siendo lo suficientemente elevada como para reactivar operaciones que permanecían paralizadas.
Según el especialista, esta situación generó un renovado interés de empresas privadas y cooperativas que anteriormente habían dejado de explotar el mineral debido a la baja rentabilidad. A su juicio, el escenario representa una oportunidad económica significativa para Bolivia y particularmente para Potosí.
Respecto a la asociación entre Alchemy y US Antimony, Córdova sostuvo que se trata de una operación legal entre privados. Explicó que la normativa boliviana permite que empresas nacionales se asocien con capitales extranjeros sin necesidad de una autorización especial del Estado, más allá de los procedimientos administrativos correspondientes.
Añadió que el Estado no participa directamente como socio de esta iniciativa, pero sí obtiene beneficios mediante el cobro de impuestos y regalías que alcanzan tanto al nivel central como a los municipios productores.
Asimismo, mencionó que las compañías deben cancelar un 12,5% adicional por concepto de remesas de utilidades al exterior, lo que, según su análisis, eleva la carga tributaria total a casi el 50%.
Sin embargo, Córdova considera que el país todavía enfrenta desafíos estructurales en el manejo de sus recursos minerales. Observó una contradicción entre la Constitución Política del Estado y la Ley Minera vigente, debido a que esta última permite que los operadores privados actúen como propietarios efectivos del mineral extraído y decidan libremente su comercialización.
Frente a ello, propuso que Bolivia avance hacia un modelo similar al aplicado en hidrocarburos, donde el Estado tenga mayor control sobre la comercialización de minerales considerados críticos, aunque advirtió que cualquier cambio debe realizarse con cautela para no desalentar la inversión privada.
El especialista también consideró estratégico recuperar y rehabilitar la planta estatal de Vinto Antimonio, revertida al Estado en 2010 luego de haber sido abandonada por la empresa canadiense Glencore.
Recordó que la infraestructura quedó prácticamente inutilizada tras años de descuido y afirmó que, ante el incremento previsto en la producción de antimonio, podría resultar más eficiente modernizar esa planta antes que impulsar nuevas inversiones dispersas.
Una visión más crítica planteó Alfredo Zaconeta, investigador especializado en temas mineros del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA). El analista advirtió que los anuncios sobre el proyecto todavía dejan numerosas dudas respecto a su legalidad y transparencia.
Zaconeta sostuvo que cualquier contrato relacionado con el tratamiento de materias primas nacionales debería pasar obligatoriamente por la Asamblea Legislativa Plurinacional. En su criterio, hasta ahora no se conoce públicamente ningún proceso de aprobación formal ni documentación técnica suficiente, por lo que considera que existe más expectativa mediática que certezas institucionales.
El investigador cuestionó además el rol que asumieron las autoridades gubernamentales en la promoción del proyecto. Señaló que, si la iniciativa corresponde exclusivamente a privados, resulta necesario explicar por qué existen visitas oficiales y anuncios públicos que podrían interpretarse como respaldo estatal a un negocio cuyos beneficios directos no necesariamente llegarán al país.
A ello sumó otra observación de fondo: Bolivia ya cuenta con una fundición estatal de antimonio, Vinto Antimonio, que actualmente permanece paralizada. Para Zaconeta, reactivar esa infraestructura permitiría que el valor agregado generado por el procesamiento del mineral beneficie directamente al Estado y no dependa de acuerdos privados.
El especialista también recordó que la ley minera establece la obligación de que cooperativas y pequeños productores ofrezcan prioritariamente sus minerales a fundiciones estatales. Desde esa perspectiva, consideró que el fortalecimiento de proyectos privados podría interpretarse como una forma de eludir el espíritu de la normativa vigente.
Las preocupaciones no se limitan al plano económico y legal. Zaconeta subrayó que la instalación de una planta metalúrgica requiere procesos técnicos complejos y largos, incluyendo consultas públicas, estudios de factibilidad y la obtención de licencias ambientales conforme a la Ley 1333 de Medio Ambiente y al reglamento de actividades minero-metalúrgicas.
Advirtió que la industrialización minera no puede desarrollarse únicamente bajo la presión de los altos precios internacionales, sino que debe garantizar controles ambientales rigurosos y mecanismos transparentes de fiscalización estatal.
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