La Paz, 15 de enero de 2026 (ANF).- Las filas por garrafas de Gas Licuado de Petróleo (GLP) continúan en distintas regiones del país, mientras se multiplican las denuncias por sobreprecios y desabastecimiento. A la situación crítica se suma la denuncia de vecinos que aseguran que revendedores comercializan la garrafa en Bs 37 y Bs 40, muy por encima del precio oficial de Bs 22,50.
Ante la falta de abastecimiento, los habitantes de San Borja conformaron una comisión vecinal con el objetivo de gestionar, ante la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), la asignación de un repartidor oficial, ya que actualmente el producto no llega de manera directa a la población, lo que favoreció a la especulación.
En Santa Cruz de la Sierra, vecinos denunciaron que en tiendas de barrio las garrafas se ofertan entre Bs 40, Bs 50 e incluso Bs 70. En la zona sur, sobre la avenida Santos Dumont, decenas de personas madrugaron para conseguir el producto en una agencia autorizada, donde se aplica un límite provisional de dos garrafas por persona debido a la alta demanda. Algunos ciudadanos relataron que, ante la ausencia de camiones distribuidores en sus barrios, se vieron obligados a comprar gas a precios inflados.
La escasez de GLP se arrastra desde finales del año pasado, tras las festividades de Navidad, y se replica también en ciudades como La Paz, donde persisten las filas y la venta con restricción mediante la presentación de la cédula de identidad.
Desde el Gobierno, el ministro de Hidrocarburos y Energías, Mauricio Medinaceli, afirmó que la producción nacional es suficiente y que el abastecimiento debería normalizarse en los próximos días. Explicó que el consumo diario pasó de 1.400 a 1.700 toneladas, y que aproximadamente un 20% del GLP estaría siendo desviado al contrabando.
La autoridad indicó que grupos dedicados anteriormente al contrabando de diésel ahora estarían enfocando sus actividades en el GLP, aprovechando la subvención estatal. “No se ha subido el precio del GLP porque es un producto de consumo básico para la población de menores ingresos”, sostuvo.
Ante este escenario, el diputado Manolo Rojas (PDC) anunció la presentación de un proyecto de ley contra el contrabando a la inversa de productos subvencionados, que propone sanciones de hasta 20 años de prisión. Según el legislador, esta práctica es una de las principales causas del desabastecimiento que afecta a varias regiones del país.
Mientras el Ministerio de Hidrocarburos analiza reforzar los controles fronterizos y aplicar dispositivos electrónicos de rastreo, la molestia ciudadana crece en ciudades y provincias, donde el gas escasea y el mercado informal impone precios que golpean directamente el bolsillo de las familias.
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