La Paz, 12 de mayo de 2026 (ANF).- La dirigencia del Comité Cívico Potosinista (Comcipo) advirtió que podría ingresar en un escenario de conflicto si el Gobierno nacional avanza con una reforma a la Ley Minera sin consultar ni incorporar a los sectores técnicos, académicos y productivos de Potosí.
La posición fue expresada por Alberto Pérez, representante de la entidad cívica, quien cuestionó que el Ejecutivo impulse cambios normativos de manera unilateral en uno de los sectores económicos más sensibles del país.
Según Pérez, en Potosí ya existe una propuesta técnica elaborada desde la Universidad Autónoma “Tomás Frías” (UATF), específicamente desde la Facultad de Minas. El dirigente sostuvo que ese documento recoge años de seguimiento académico y científico sobre la actividad minera y plantea lineamientos para una nueva normativa orientada al desarrollo del sector.
“El departamento tiene capacidad técnica y conocimiento acumulado sobre minería, pero no está siendo tomado en cuenta”, señaló Pérez a ANF, al lamentar que el Gobierno no haya convocado a las instituciones potosinas para debatir el contenido de la futura legislación.
El representante de Comcipo observó que, pese a que Potosí continúa siendo uno de los principales productores de minerales del país, las autoridades nacionales estarían elaborando la reforma sin participación regional. A su juicio, esa exclusión refleja una falta de transparencia y de apertura al diálogo con actores especializados.
Pérez también expresó preocupación por la posibilidad de que la nueva normativa sea aprobada de manera acelerada o mediante mecanismos que eviten un debate amplio. En ese sentido, advirtió que el Gobierno podría intentar imponer la reforma “por decreto” o replicar prácticas de anteriores gestiones, donde —según afirmó— se tomaron decisiones sin consenso con las regiones productoras.
Ante ese escenario, el dirigente cívico aseguró que Comcipo no descarta movilizaciones. “Potosí no va a aceptar una ley que no conoce”, afirmó, al sostener que cualquier modificación legal relacionada con la minería debe ser socializada previamente con universidades, cooperativas, expertos y organizaciones regionales.
La advertencia surge en medio de los anuncios realizados por el gobierno de Rodrigo Paz sobre una nueva política minera orientada a “agilizar” el sector, atraer inversiones y convertir al Estado en un facilitador de la actividad extractiva.
En distintas declaraciones públicas, el mandatario señaló que Bolivia necesita una normativa más flexible para generar crecimiento económico y captar capital extranjero.
El Ejecutivo también planteó reducir trámites y acelerar aprobaciones de proyectos mineros, argumentando que la actual legislación mantiene inversiones paralizadas por excesiva burocracia. Además, Paz adelantó que la futura reforma formará parte de un paquete de cambios económicos vinculados a hidrocarburos, evaporíticos y tierras raras.
La propuesta gubernamental también despertó cuestionamientos desde sectores ambientalistas y analistas especializados. Algunas organizaciones advirtieron que las reformas podrían flexibilizar controles ambientales o facilitar la regularización de operaciones extractivas sin suficientes licencias ambientales.
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