La Paz, 26 febrero (ANF).- Las denuncias en contra de las empresas chinas por la vulneración de derechos laborales y medioambientales son recurrentes, pero también en contra de ciudadanos chinos involucrados en actividades ilícitas. Al respecto, el ministro de Obras Públicas, Milton Claros aseguró que los actos ilegales no serán cubiertos.
“Estamos teniendo reuniones con las empresas chinas, con la Embajada China, sobre todo en el tema del cumplimiento de la normativa laboral, esos otros elementos (delitos) están en proceso de investigación en las instancias que corresponden y tienen que ser investigadas como corresponden, actos ilegales no van a ser cubiertos de ninguna manera porque nosotros estamos coordinando el cumplimiento de la normativa legal”, afirmó.
Tras participar de los actos de promoción de la bandera marítima en plaza San Francisco, Claros dijo que a estas reuniones también se invitó al Ministerio de Trabajo. Sin embargo minimizó las vulneraciones laborales al atribuirlas a temas “culturales”.
“Consideramos que es un tema cultural; es un tema de costumbres que se tienen (…). Todas las empresas chinas deben respetar las costumbres y las leyes bolivianas en nuestros territorio”, dijo.
Las empresas chinas en el país que se adjudicaron importantes obras de infraestructura vial son permanentemente denunciadas por incumplimiento de normas labores, pero también por la vulneración de normas ambientales.
Ciudadanos chinos también se vieron implicados en actividades ilícitas como la explotación ilegal del oro en el norte de La Paz, y recientemente se verificó de la caza ilegal de animales silvestres en la Amazonía y el tráfico de 185 colmillos de jaguar y pieles del felino.
Condiciones “blandas” para chinas
El Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB) alertó que las empresas chinas en el país cuentan con normativa específica que les permite procedimientos “blandos” para acceder a contrataciones estatales millonarias, la mayoría por invitación directa.
Los créditos financieros provenientes del EximBank de la República Popular de China lejos de ofrecer ventajas para Bolivia, condicionan la ejecución de recursos bajo reglas propias.
El Decreto Supremo 2574 del 31 de octubre de 2015, no sólo crea procedimientos y tratos extraordinarios a las empresas chinas en el país, sino que también impone a algunas instituciones estatales a aprobar y ejecutar proyectos con financiamiento chino.
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