La Paz, 19 de febrero de 2026 (ANF).- Tres analistas coincidieron en que el esquema actual del modelo aurífero boliviano, dominado por cooperativas con amplios beneficios fiscales y escasa fiscalización, es insostenible tanto en términos económicos como ambientales. Plantearon eliminar privilegios, recuperar el control estatal y transformar estructuralmente al sector para evitar una mayor pérdida del patrimonio nacional.
Para Luis Paz, investigador del Observatorio de Economía de la UMSA, lo que ocurre en el sector no es simplemente una distorsión, sino una “perversión económica”. Según explicó, resulta inaceptable que las cooperativas se apropien de la riqueza aurífera dejando “el hueco” y la contaminación, mientras el Estado apenas recibe un 2,5% en regalías.
“Deberían pagar al menos el 7%, como corresponde a un recurso estratégico”, sostuvo en entrevista con ANF.
Paz enfatizó que el problema central es la desigualdad tributaria. “Las cooperativas no pueden seguir siendo tratadas como un sector privilegiado. Deben pagar el Impuesto a las Utilidades de las Empresas y estar sujetas a una fiscalización estricta, como cualquier otra industria”, afirmó. A su juicio, el trato diferenciado ha consolidado un sistema que favorece la evasión y debilita las finanzas públicas.
El economista también puso el foco en el destino del oro. Advirtió que gran parte de la producción termina en manos de intermediarios privados o sale del país mediante circuitos de contrabando. Por ello propuso que la producción aurífera tenga como destino final el Banco Central de Bolivia, con el objetivo de fortalecer las Reservas Internacionales y asegurar que el beneficio impacte en la economía nacional.
En la misma línea, Guillermo Dalence, exministro de Minería y exgerente de la Empresa Minera Huanuni, describió la situación actual como una “anarquía absoluta”. Según señaló, el Estado ha quedado reducido a un espectador mientras los recursos estratégicos se agotan sin planificación ni control técnico.
Dalence planteó que la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) debe retomar la administración y el control de las áreas auríferas. “No es posible que el Estado renuncie a su rol en un sector tan estratégico. Debe recuperar la soberanía sobre las áreas y ordenar la explotación bajo criterios técnicos”, sostuvo.
A su criterio, muchas de las actuales cooperativas son en realidad empresas privadas disfrazadas que utilizan esa figura jurídica para evadir obligaciones laborales, tributarias y ambientales.
“Si operan como empresas, deben formalizarse como tales y cumplir con la normativa vigente”, afirmó a ANF. Para Dalence, la transformación del modelo cooperativo es una condición indispensable para frenar la explotación irracional que está devastando ríos y ecosistemas.
“Se necesita terminar con la explotación salvaje y avanzar hacia una planificación estatal que garantice que la riqueza del oro contribuya al desarrollo del país y no solo a grupos particulares”, remarcó.
Héctor Córdova, analista en temas mineros, coincidió en que la situación es de profunda ilegalidad y falta de control estatal, pero advirtió que la solución no pasa por eliminar de inmediato a las cooperativas, sino por impulsar una transición estructural hacia la legalidad.
Córdova propuso autorizar asociaciones entre cooperativas y empresas privadas, siempre que se constituya una nueva persona jurídica con categoría empresarial que pague las regalías correctas —al menos el 7%— y tribute sobre sus utilidades.
“Al volverse legales, podrán contratar personal de manera formal, invertir y crecer dentro de un marco normativo”, explicó a ANF.
El analista también planteó frenar el crecimiento descontrolado del sector. Dijo que actualmente existen alrededor de 2.800 cooperativas y se crea una nueva cada dos días. Por ello sugirió cerrar los registros y congelar el número actual, impidiendo la creación de nuevas cooperativas y el ingreso de nuevos socios.
En cuanto al control de la comercialización, Córdova propuso eliminar a las empresas privadas intermediarias y centralizar la venta del oro en una única entidad estatal, con el fin de reducir irregularidades y combatir el contrabando. Paralelamente, sugirió descentralizar la vigilancia de la explotación y el tráfico hacia gobernaciones y municipios.
Una de sus propuestas más innovadoras es la implementación de plantas de procesamiento asociadas al Estado que operen sin mercurio. Estas instalaciones procesarían el material antes de que las cooperativas lo traten con ese químico altamente contaminante, recuperando el oro de manera más eficiente y garantizando el cobro efectivo de regalías e impuestos.
Córdova advirtió que cualquier reforma será inviable si el gobierno mantiene una relación de dependencia política con el sector cooperativista, como lo han hechos los gobiernos anteriores.
“El apoyo político no puede ser una moneda de cambio para tolerar la ilegalidad”, señaló.
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