La Paz, 22 de agosto de 2024 (ANF).- En Bolivia, la situación de las mujeres privadas de libertad es alarmante, especialmente para aquellas que cumplen su condena junto a sus hijos pequeños, según un informe reciente del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.
La entidad, dependiente de la Defensoría del Pueblo, documenta la cruda realidad que enfrentan estas mujeres, donde la prisión no solo afecta a ellas, sino también a los niños que las acompañan.
En el país es común ver a niños viviendo en cárceles con sus madres, una realidad que choca con los derechos fundamentales de los menores de edad. Estas mujeres, muchas de ellas encarceladas en condiciones precarias, señala la Defensoría, ven cómo sus hijos crecen en un entorno inadecuado, sin acceso a servicios básicos de calidad como alimentación, educación y salud.
El informe “Mujeres en cárceles de Bolivia” resalta que, en la mayoría de los casos, las madres se ven obligadas a mantener a sus hijos en la cárcel debido a la falta de apoyo externo. La ausencia de programas estatales que ofrezcan una alternativa para el cuidado de estos niños fuera de la prisión agrava la situación.
Este vacío institucional genera un entorno donde los niños sufren no solo la privación de libertad, sino también la falta de un desarrollo integral.
Las mujeres privadas de libertad, enfrentan una doble condena: su pena y la responsabilidad de criar a sus hijos en un ambiente hostil.
En este contexto, los niños se convierten en las víctimas invisibles del sistema penitenciario, expuestos a situaciones que comprometen su bienestar físico y emocional. Las limitaciones en el acceso a servicios de salud y educación dentro de las cárceles son apenas la punta del iceberg.
El informe subraya la necesidad urgente de políticas públicas que aborden esta problemática. Es imperativo que el Estado garantice los derechos de los niños que viven en prisión, proporcionando condiciones dignas y alternativas viables para su desarrollo fuera del entorno carcelario.
A pesar de los esfuerzos internacionales para proteger los derechos de estos menores de edad, como lo estipula la Observación General Nº 14 de la ONU, en Bolivia, la implementación de estas normas sigue siendo deficiente.
En este período crucial de desarrollo de los niños, la privación de un entorno adecuado puede tener consecuencias irreversibles en su crecimiento. El informe llama la atención sobre la necesidad de priorizar el interés superior del niño en todas las decisiones judiciales y administrativas relacionadas con las mujeres encarceladas.
A pesar de las recomendaciones internacionales, como las Reglas de Bangkok, que instan a los gobiernos a considerar alternativas a la prisión para las mujeres embarazadas o con hijos pequeños, en Bolivia, estas directrices no se aplican de manera efectiva. Las madres encarceladas continúan enfrentando barreras significativas para acceder a beneficios penitenciarios que podrían mejorar su situación y la de sus hijos.
La falta de datos precisos y actualizados sobre la población carcelaria femenina y sus hijos también es un problema identificado en el informe. Sin estadísticas claras, es difícil para el Estado diseñar e implementar políticas efectivas que aborden las necesidades específicas de estas mujeres y sus hijos. Este vacío de información perpetúa la invisibilidad de estos niños dentro del sistema penitenciario.
El informe concluye que es esencial mejorar la coordinación entre las distintas instituciones del Estado para garantizar que los derechos de los niños en prisión sean respetados. Esto incluye no solo a las autoridades penitenciarias, sino también a los servicios de salud, educación y bienestar social, que deben trabajar juntos para crear un entorno más seguro y saludable para estos menores de edad.
Asimismo, se destaca la importancia de sensibilizar a la sociedad sobre esta problemática. La mayoría de las personas desconocen la realidad que viven las mujeres y los niños en las cárceles bolivianas, lo que dificulta la generación de apoyo y presión social para el cambio.
El informe del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura revela una situación crítica que requiere una respuesta urgente por parte del Estado boliviano. Los niños que viven en cárceles con sus madres son quizás los más vulnerables dentro del sistema penal, y es responsabilidad de la sociedad y del gobierno garantizar que sus derechos sean protegidos y respetados.
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