La Paz, 29 de septiembre de 2023 (ANF).- El abogado Jorge Valda informó este viernes que el juez Marco Antonio Amaru revocó la detención domiciliaria al dirigente de la Juventud Yungueña Raúl Uría y le amplió la detención preventiva en el recinto de San Pedro por tres meses más como “castigo” al no haber pagado la fianza de 100.000 bolivianos. Uría nunca pudo salir de la cárcel a su domicilio por ser “impagable” el monto respecto a sus condiciones económicas.
“El día de hoy el juez Marco Antonio Amaru, juez primero de instrucción de El Alto, ha determinado revocarle la detención domiciliaria que le había otorgado en mayo pese a que no salió ni un solo día de San Pedro porque no pudo pagar la fianza de 50.000 bolivianos y 50.000 bolivianos más que tenía que haber sido acreditado a través de una anotación preventiva de un bien inmueble”, dijo Valda a ANF.
El abogado también denunció las irregularidades y la “bajeza” del Ministerio de Gobierno que en audiencia señaló que la policía de inteligencia Soledad Limachi le había iniciado un proceso a Uría y que en los próximos días se llevará la audiencia cautelar por lo que no debe salir libre.
“Aclaramos al juez que esa denuncia se encuentra en el caso de César Apaza y que Raúl Uría no tiene nada que ver, que lo que señala el Ministerio de Gobierno es falso, sin embargo, el juez Amaru, de forma irresponsable, lo utiliza en su fundamentación para revocarle la detención domiciliaria a Raúl Uría”, cuestionó.
Para el jurista, el sistema de justicia está alcanzando niveles superiores de arbitrariedad, donde contra toda lógica los jueces toman determinaciones incluso con información falsa.
“No han presentado ninguna prueba contra Raúl Uría, sin embargo, el juez Amaru le da la razón al Ministerio de Gobierno, se presta al juego del Ministerio de Gobierno y señala que debe permanecer tres veces más, hasta el 29 de diciembre, por haber incumplido el pago de la fianza, como si fuera un castigo, cuando la medida cautelar no es un castigo, pero por esta maniobra absurda él debe permanecer tres meses más en prisión”, apuntó.
Valda calificó a este modelo de razonamiento del juez Amaru como “muy peligroso” debido a que de ser implementado en otros casos “sería muy fácil para los jueces determinar fianzas de imposible cumplimiento y después revocar la libertad por el solo hecho de no haber pagado el dinero que de ninguna manera una persona podría conseguir, más aún cuando atravesamos una crisis económica”.
Raúl Uría lleva más de un año preso sin ninguna prueba en su contra. Nunca fue encontrado con armas y artefactos explosivos, sin embargo, pese a no existir delito, el razonamiento del juez Amaru es que debe “resarcir hipotéticamente a las víctimas” y siendo que el único que se ha apersonado como “pseudoquerellante es el Ministerio de Gobierno”.
/FC/
