La eficacia del bloqueo de rutas en la política contemporánea de Bolivia, como principal instrumento de máxima presión social, ha dependido de que se lo emplee bajo una dirección centralizada, en defensa de intereses de país vinculados con la preservación del orden democrático y en lo posible con alcance nacional.
Al menos así lo prueba la historia desde noviembre de 1979, cuando la articulación obrero-campesina con la movilización de sectores urbanos desbarató en dos semanas la dictadura militar que se había instalado con extrema violencia a principios de ese mes. Otros momentos relevantes de la aplicación de esa fórmula de protesta y resistencia colectiva, siempre con rasgos particulares, se dieron por ejemplo durante las “guerras” del agua (enero-abril de 2000) y del gas (septiembre-octubre de 2003) o en ocasión de la crisis político-electoral de 2019 (octubre-noviembre).
La experiencia actual, que se vive/sufre desde el pasado 1 de mayo, difiere en buena medida de las mencionadas.
En un tiempo de evidente carencia de organizaciones políticas estructuradas, hoy son más bien algunas de carácter sindical las que pretenden, en nombre incluso de amorfos “movimientos sociales”, asumir el control de la dirección política nacional en “representación del pueblo”, pero además en franco desconocimiento de la institucionalidad democrática.
En ese cuadro, la Central Obrera Boliviana (COB) y la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) –ambas desfiguradas– no tienen posibilidad cierta de desempeñar el papel expresivo y conductor de los objetivos colectivos como lo pudieron hacer en el tránsito hacia la democracia (1979-82) y previamente a que el ahora otra vez debilitado sistema de partidos fuera recompuesto en 1985.
Aparte de haber dejado de ser la síntesis de lo nacional y popular, ninguna de ellas constituye un referente para la mayoría de la población, pues han acabado vacías de proyecto histórico. Su desembozada como prolongada cooptación por el llamado Movimiento al Socialismo (MAS), casi desaparecido al presente, las convirtió en meras ramificaciones de la dirigencia aprovechada de esa agrupación corporativa.
El bloqueo de estas semanas muestra esa falta de horizonte común, lo que se traduce en fisuras que separan una COB dominada por un sector económicamente privilegiado, el minero, de una CSUTCB puesta al servicio de cocaleros y avasalladores “interculturales” de tierras, a la vez que distanciada de una reducida federación campesina aymara cuyo enemigo declarado es el Estado colonial. Esos tres ejes no terminan de congeniar entre sí, aunque hagan esfuerzos retóricos por probar lo contrario, Entonces, un centro único de comando es imposible. Y menos factible todavía es que aspire a germinar ahí el liderato de algún resabio dogmático de la izquierda o algún brazo de la que se travistió de progresista.
El mito heroico del cerco de Tupaj Katari a La Paz en 1781 tampoco sirve ya de cemento para unir esos fragmentos, pues obviamente la realidad sociocultural y político-económica del siglo XXI es de lejos distinta a la de aquellos añejos tiempos en que múltiples barreras desunían a la población nativa de la criolla. Basta ver a los “ponchos rojos” cubriendo sus vestimentas citadinas con esas prendas tejidas (que, como sus sombreros, no tienen nada de origen ancestral) y usando teléfonos celulares, maletines, mochilas, gafas de sol o hasta desplazándose en motocicletas. Basta ver a las ciudades de El Alto y La Paz que entremezclan y superponen en la cotidianidad procesos lingüísticos, ritos, costumbres, negocios y conjuntos familiares.
Esto, y mucho más de lo que ocurre en lo concreto de la vida social de esta parte occidental del país, sugiere que el bloqueo tiende a convertirse cada vez más en un auto-bloqueo; si no, cabe preguntar por sus efectos, entre otros, a comerciantes, pequeños empresarios, transportistas, agricultores, profesores o cuentapropistas.
Otro dato clave de los límites a que se enfrenta el bloqueo en 2026 es el de que, pese a la continuación del centralismo andino, al que se sumó el aymara-centrismo excluyente cultivado por el MAS, es claro y lógico que Bolivia no se agota en su geografía altiplánica, por lo que esta última no resume lo nacional –nunca lo hizo– ni debe pretender decidir en nombre de todos. Antes, el bloqueo luchaba en contra de que el pueblo quede al margen; esta vez es el bloqueo mismo el que queda al margen del pueblo.
Y si es obvio que sectores de una franja en el occidente del territorio del país no pueden arrogarse su representación total, el impedimento para que quienes usufructúan el espacio geográfico dedicado a un monocultivo destinado a la industrialización ilegal quieran hacerlo es mucho mayor.
De esto último se desprende otra consideración: ¿a quién o a quiénes busca beneficiar un bloqueo que muy pronto cambió demandas sectoriales por la exigencia maximalista de que renuncie el gobernante que Bolivia eligió en las urnas hace siete meses? Hechos y declaraciones recientes ocurridos en una zona del Chapare dan clara respuesta a esta interrogante. Lo que resta es que también sean develadas las razones de fondo de esa frenética urgencia.
Entonces, según se advierte, el bloqueo de estas más de siete semanas, que vulnera múltiples derechos de la colectividad nacional y cosecha el repudio ciudadano, no solo está averiando de manera seria tal instrumento, sino que resultará ineficaz en su desproporcionado propósito antidemocrático. Tendrá, por tanto, consecuencias en la naturaleza y composición de las organizaciones implicadas en tal acción y otras en las del sistema político del país.
La evidencia primordial, empero, es que el bloqueo y sus protagonistas van a dejar de ser lo que fueron.
El autor es especialista en comunicación y análisis político
