La Paz, 15 de abril del 2026 (ANF). – El director de la Fundación Tierra, Juan Pablo Chumacero, advirtió que la Ley 1720 de reconversión de tierras en realidad favorecerá a medianos y grandes agroempresarios, que al momento de sanear sus tierras buscan alternativas para no pagar impuestos y evitar el control del cumplimiento de la Función Económica Social (FES).
“(Los voceros del gobierno) hacen un análisis muy simplista de la realidad (sobre la Ley 1720) porque hay intereses ocultos como los que he mencionado de grandes y medianos propietarios que han camuflado sus propiedades como pequeñas y quieren salir de esta autolimitación que se metieron en el proceso de saneamiento. Eso no se dice (la Ley 1720)”, declaró Chumacero a la ANF.
La Ley 1720 de “conversión de la clasificación de la pequeña propiedad titulada a propiedad mediana”, promulgada el 10 de abril del 2026, tiene cinco artículos y supuestamente beneficiará a los pequeños productores, que podrán recategorizar su propiedad a mediana y así la puedan poner como garantía para acceder a créditos bancarios.
La normativa fue rechazada por pueblos indígenas del norte del país, que actualmente se dirigen hasta la ciudad de La Paz en demanda de la abrogación de esa norma. La preocupación es que muchos podrían perder sus tierras al ya ser objeto de embargo. El Gobierno intentó dialogar con ese sector, pero fracasó.
El director de la Fundación Tierra advirtió que el trasfondo de la normativa tiene que ver con intereses de la agroindustria que camufló sus tierras en pequeñas propiedades para evadir impuestos en el proceso de saneamiento de tierras y evitar el control de la FES. Según la Constitución Política del Estado, las tierras podrán ser revertidas si incumplen esa función.
“Muchos medianos y grandes productores logran titular sus tierras como pequeñas propiedades, amañando y aprovechando un sistema corrupto. Hacen esto (…) porque el saneamiento en pequeñas propiedades no tiene costo; las medianas y grandes, sí. Lo hacen para evitar el pago de impuestos (…) y lo hacen para evitar verificar la Función Económica Social, que la mediana y gran propiedad tiene que cumplir”, puntualizó Chumacero.
Además, reveló que los agricultores titulan sus tierras como ganaderos para obtener hasta 500 hectáreas y utilizarlas con fines productivos. Según la normativa, un pequeño agricultor tiene derecho a sembrar solo en 50 hectáreas y un agricultor tiene derecho a 500 hectáreas.
“Uno logra titular 400 hectáreas como pequeña propiedad ganadera, pero en la práctica le da uso agrícola. En Santa Cruz, una parcela de tierra dedicada a la soya cuesta 2.000 dólares; si tú tienes 400 hectáreas como pequeña propiedad granadera, tu tierra vale 800.000 dólares, solo la tierra, no pensemos en pequeños ingresos. ¿Ustedes creen que es un pequeño productor?”, cuestionó Chumacero.
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