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Nacional Sociedad

Sobrevivientes de las dictaduras, 10 años en vigilia sin reconocimiento ni reparación

Ante falta de atención efectiva de las autoridades de turno, los adultos mayores desde 2012 acampan frente a la puerta del Ministerio de Justicia en el centro de la ciudad de La Paz para protestar y visibilizar la tragedia que viven en plena era democrática.
7 de julio, 2022 - 13:20
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Foto: Amnistía Internacional
Foto: Amnistía Internacional
La Paz, 7 de julio de 2022 (ANF).- Pasaron casi 10 años de vigilia al frente del Ministerio de Justicia y los sobrevivientes de las dictaduras -todos ellos de la tercera edad- continúan con su incansable lucha por el derecho a la reparación integral. En 40 años del restablecimiento de la democracia en el país no hubo un gobierno que reconozca a quienes sufrieron torturas y persecución política bajo regímenes de facto.

Por el contrario, dijo Victoria López, reciben maltrato y hasta ataques criminales por afines al gobierno del MAS, y uno de ellos cobró en 2019 la vida del octogenario Julio Llanos, quien fuera el presidente de la plataforma.

“En estos diez años todos los ministros que han pasado por el Ministerio de Justicia nos tienen así: que mandan notas, que reuniones acá, que la mesa técnica, que proyectos de ley; tenemos más de cuatro proyectos de ley (para solucionar nuestra demanda) en los diferentes gobiernos: en el de Evo Morales, en el de Jeanine Áñez, y ahora en el gobierno de Luis Arce, pero ninguno nos da solución”, lamentó López, representante de la plataforma, en declaraciones a ANF.

Ante falta de atención efectiva de las autoridades de turno, los adultos mayores desde 2012 acampan frente a la puerta del Ministerio de Justicia en el centro de la ciudad de La Paz para protestar y visibilizar la tragedia que viven en plena era democrática.

En la presente gestión de Gobierno, enviaron tres cartas al ministro de Justicia, Iván Lima, y no obtuvieron respuesta. Enviaron dos cartas al presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, y tampoco respondió. Enviaron tres cartas a la diputada Betty Yañiquez, en su condición de presidenta de la comisión de Derechos Humanos, apelando a la sensibilidad que representa su cargo. Tampoco respondió.

“Ellos con rehuir la respuesta quieren solucionar el problema y nos tienen aquí en la desesperación”, dijo López.

La víspera, los activistas, todos adultos mayores, salieron una vez más a protestar “ante la constante burla del gobierno que pisotea a quienes defendieron la democracia”, protestó uno de ellos. Más de una veintena de sobrevivientes de las dictaduras -de 1964 a 1982- bloquearon la puerta del Ministerio de Justicia.

En los años de vigilia, 48 sobrevivientes fallecieron en diferentes situaciones sin siquiera recibir un reconocimiento público del Gobierno por luchar por la democracia, y menos un resarcimiento económico.



El abogado especialista en Derechos Humanos, Jorge Quiroz, lamentó que el Gobierno no reivindique a estas personas reconocidas como luchadores por la democracia, por autoridades que se consideran “revolucionarios y que velan por los derechos de todos los ciudadanos”.

“Las actuales gestiones de gobierno no han tenido la voluntad política y social de reconocerlos, por una sencilla razón, los actuales gobernantes no devienen de la lucha para el retorno a la democracia, como sí son estas personas que se encuentran ahí, ellos si son luchadores por la democracia”, enfatizó Quiroz en entrevista con ANF.

El jurista lamentó que el gobierno haya caído en manos de “aventureros de la política” debido a que “si en estos momentos en realidad ellos quisieran reivindicar derechos, lo primero, que deberían de hacer es reivindicar los derechos de estas personas”.

“Es una pena la actitud que el Gobierno ha tomado frente a esta situación”, apuntó.

López denunció que el proyecto de Ley del actual gobierno solo beneficia a 1.714 personas cuando los sobrevivientes y víctimas identificadas en primera instancia fueron 6.221. Los sobrevivientes rechazaron el proyecto.

“Los que faltamos somos más de 5.000 y faltan los que todavía no presentaron sus expedientes y no podemos decir que no presenten porque tienen todo el derecho por haber sido víctimas de la violencia política, entonces eso hemos planteado al Ministerio de Justicia y ellos se comprometieron a hacer un proyecto de Ley y nos han mandado un proyecto Ley que no tiene ni pies ni cabeza, les hemos devuelto con una nota haciéndoles conocer que no pueden seguir tratándonos de esa manera y que de una vez por todas se solucione el problema”, refirió López.

Criticó que el Gobierno sostenga que el proyecto de Ley está elaborado en base a las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. “Lo que dice la Comisión de la Verdad es totalmente diferente”, enfatizó.

La actual Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley para la reparación integral de las víctimas, pero que solo considera a 1.714 personas.

En 2004, durante el Gobierno de Carlos Mesa (2003-2005) se promulgó la ley 2640, que contemplaba indemnizaciones a las víctimas, pero no se concretaron los pagos por falta de recursos. En la gestión de Evo Morales (2006-2019) se promulgó otra ley que permitió un desembolso de al menos 20 por ciento de esas reparaciones, quedando pendiente el 80%.

El Alto Comisionado de las naciones Unidas, dijo López, planteó que el Órgano Ejecutivo “no debería continuar maltratándonos de la forma en que lo está haciendo y que la Asamblea Legislativa debería preocuparse de elaborar normas y leyes a nuestro favor para solucionar este problema, pero ahora están trabajando solo este proyecto de ley para otorgar el 80% (que se les adeuda) a los 1.714”.

Amnistía Internacional concluyó en un informe de 2013 que las víctimas continúan esperando verdad, justicia y reparación. Constató, según el documento, que, para muchas víctimas, solicitar el resarcimiento conforme a la ley iba más allá de una compensación económica. 

“Al haber sido descalificados, muchos sienten que el Estado les desconoce los sufrimientos que padecieron y las violaciones de derechos humanos que enfrentaron durante los regímenes militares y autoritarios”.

Amnistía Internacional cuestionó que los requisitos exigidos para calificar como víctima “han sido inalcanzables para muchos de los solicitantes”. 

“No parece razonable exigir declaraciones testificales con especificación de fechas en casos de tortura, ni certificados médico forense cuando las lesiones han ocurrido hace más de 30 años; menos aún esperar que un médico hubiese otorgado un certificado por torturas en un contexto de regímenes autoritarios”.



/ANF/

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