La Paz, 6 de junio de 2026 (ANF).- Los pacientes renales de La Paz y El Alto enfrentan una emergencia sanitaria marcada por la imposibilidad de acceder a sus sesiones de diálisis, la falta de transporte, el encarecimiento de alimentos esenciales para su dieta, la escasez de insumos en algunos centros públicos y la incertidumbre sobre la continuidad de los servicios médicos. La situación ya habría cobrado la vida de al menos tres personas que no lograron llegar a tiempo a sus tratamientos debido a los bloqueos instalados en distintas rutas del departamento.
La denuncia fue realizada por Roberto Chipana, presidente de la Asociación de Enfermos Renales de La Paz, y Marcos Quispe, representante de la Regional de El Alto para pacientes renales, quienes alertaron que el sector atraviesa una etapa muy difícil.
Chipana explicó que los pacientes con insuficiencia renal crónica dependen de tres sesiones de hemodiálisis por semana para mantenerse con vida. Sin embargo, los conflictos sociales y la interrupción de vías han impedido que muchos de ellos puedan trasladarse hasta los centros de salud donde reciben tratamiento.
“Ya tenemos tres compañeros fallecidos, principalmente en la ciudad de El Alto, porque no han podido pasar los bloqueos para llegar a sus sesiones de diálisis”, afirmó el dirigente a ANF, quien calificó la situación como una emergencia que requiere atención inmediata.
Según explicó, algunos pacientes han perdido hasta dos sesiones consecutivas debido a la falta de transporte y a la imposibilidad de atravesar los puntos de bloqueo. La situación afecta especialmente a personas de escasos recursos, adultos mayores y pacientes que llegan desde provincias como los Yungas, donde las restricciones de circulación dificultan aún más el acceso a los servicios de salud.
A las dificultades de movilidad se sumó recientemente la amenaza de cierre de los centros privados de diálisis CEPI y Agramont, dos establecimientos que atienden a una importante cantidad de pacientes del área metropolitana. Tanto Chipana como Quispe señalaron que las observaciones realizadas por autoridades sanitarias generaron preocupación entre los usuarios, quienes temían quedarse sin atención.
Quispe explicó que, tras movilizaciones y medidas de presión impulsadas por los propios pacientes, se logró un acuerdo con autoridades nacionales para que ambos centros continúen operando.
El representante alteño remarcó que la falta de transporte es actualmente uno de los mayores obstáculos para el sector. Muchos enfermos renales dependen del transporte público para asistir a sus tratamientos y, ante la escasez de combustible y los bloqueos, se ven obligados a permanecer en sus domicilios a la espera de una nueva oportunidad para trasladarse.
Las consecuencias médicas pueden ser graves. Quispe explicó que cuando un paciente falta a una sesión de diálisis comienza a acumular líquidos en el organismo, lo que provoca hinchazón en pies, manos y rostro. Además, esta condición puede afectar órganos vitales y generar complicaciones cardiovasculares.
“Los líquidos son el principal enemigo en estos momentos. Cuando una persona no sabe si podrá llegar a la próxima sesión de diálisis, tiene que extremar cuidados porque cualquier exceso puede poner en riesgo su vida”, advirtió.
La crisis también golpea la alimentación de este grupo vulnerable. Tanto Chipana como Quispe coincidieron en que los bloqueos han provocado un incremento considerable en el precio de los alimentos, dificultando el cumplimiento de las dietas especiales que requieren los pacientes renales.
“Necesitamos una alimentación diferenciada y controlada. Los productos han subido demasiado y muchas familias ya no pueden costearlos”, señaló Quispe.
Muchos pacientes sobreviven gracias al comercio informal y dependen de los ingresos obtenidos día a día. Las restricciones de circulación no solo les impiden acudir a sus tratamientos, sino también desarrollar sus actividades laborales.
Los dirigentes relataron casos de madres solteras que, pese a su enfermedad, continúan trabajando para sostener a sus hijos, así como de personas de la tercera edad y usuarios en silla de ruedas que dependen de familiares cuya situación económica también se ha visto afectada por la crisis.
Chipana denunció además que, pese a portar carnets de discapacidad y credenciales que acreditan su condición médica, numerosos pacientes sin impedidos de atravesar los puntos de bloqueo.
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