Por Luis Fernando Cantoral
La Paz, 11 de septiembre de 2022 (ANF).- Keyla, junto a sus dos hijas, vive desde hace dos años en la ciudad de Santa Cruz, en Bolivia. Los ingresos en su país de origen, Venezuela, como trabajadora de una empresa, eran insuficientes para cubrir sus necesidades básicas. Casi todo se iba en el alquiler y poco quedaba para la comida. La situación se hizo progresivamente más insostenible y por eso Keyla decidió salir del país con su familia.
A pesar de que es administradora, hoy se desempeña como manicurista en Bolivia y maneja un emprendimiento financiado por organizaciones que apoyan a los migrantes. Sus ingresos le alcanzan para vivir, pero la regularización migratoria es un gran obstáculo a superar, sobre todo para documentar a sus dos pequeñas hijas de 6 y 12 años, que viven con ella en Santa Cruz.
El Decreto Supremo N° 4576 de regularización migratoria fue aprobado en el gobierno del presidente Luis Arce en 2021 y benefició a una parte de la población venezolana, principalmente adulta, en el año que estuvo vigente. La norma contemplaba la eliminación del cobro de multas y la reducción hasta de la mitad de los aranceles para una permanencia temporal de dos años. Pese a ello, el monto que se debía pagar llegaba a 314 dólares por persona, una cantidad elevada para una población que tiene como principal e inmediato objetivo cubrir necesidades elementales como alimentación y vivienda.
Keyla pudo conseguir la visa de permanencia temporal con la ayuda de instituciones, luego de un proceso lento y engorroso, pero no logró formalizar a sus dos hijas. Fue una tarea que se tornó imposible por los requisitos. El primero era el certificado de nacimiento original que debía estar legalizado y apostillado. Es decir: su autenticidad debía ser certificada por autoridades venezolanas, no solo para uso en el ámbito interno sino internacional. Lo que es un trámite de rutina en muchos países, constituye un dolor de cabeza burocrático y financiero en Venezuela.
El segundo requisito era una tutela legal, nombre que describe un documento que emite un juez de menores en Venezuela para otorgar al padre o a la madre de un niño o niña el ejercicio unilateral de la patria potestad. Solo se puede emitir con la presencia de quien renuncia a su derecho. En el caso de Keyla exigía que el padre de sus hijas estuviera presente en el tribunal y manifestara formalmente que la madre podía encargarse de las pequeñas con su visto bueno.
Así como las hijas de Keyla, existen muchos menores de edad, hijos e hijas de migrantes, que no pueden acceder a los documentos de identidad debido a que obtener los requisitos en su país de origen es mucho más difícil. Pese a que se van integrando a la sociedad boliviana, al no contar con documentos de identidad permanecen invisibles a los ojos del Estado y sin la posibilidad de ejercer sus derechos plenamente.
Cortesía: ESV
Venezuela, por la crisis sin precedentes, experimenta uno de los mayores desplazamientos del mundo. Hasta agosto de este año han abandonado el país 6,8 millones de personas entre refugiados y migrantes, de los cuales 5,7 millones se encuentran en países de América Latina y el Caribe.
A Bolivia llegaron oleadas que antes iban de paso por el continente y progresivamente han comenzado a quedarse. Según estimaciones de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), en Bolivia había hasta agosto 13.144 personas originarias de Venezuela. El decreto migratorio del presidente Arce permitió la regularización de los cuales 1.440 adultos y 258 menores de edad venezolanos obtuvieron documentación. A pesar de que el Gobierno presentó los resultados globales como un récord –hubo en total 4.328 extranjeros beneficiados, más del doble que con el decreto precedente de hace tres años– muchos de los que quedaron al margen fueron niños, niñas y adolescentes.
Requisitos imposibles
Keyla dejó de ver al padre de sus hijas hace más de cuatro años. Él también salió de Venezuela en busca de un lugar mejor. Conseguir la tutela en esas circunstancias es una tarea titánica y lejos de su alcance. “Yo podría decirle a la abuela de mis hijas que contacte a su hijo para que me dé la tutela, pero el problema es que él está en otro país”, dice y ve poco probable conseguir el documento.
Cada caso de regularización es una historia particular. Hay padres que están en otros países y además sin documentos; otros están en Venezuela, pero inhabilitados jurídicamente y hay quienes simplemente no quieren dar la tutela al tener la madre una nueva pareja. En Bolivia también se presentan problemas cuando por la discrecionalidad de los funcionarios no se reconocen las tutelas otorgadas en otros países que no sean Venezuela.
Otro factor que también incide en la obtención del documento es el económico. El costo del proceso legal para obtener la tutela está entre 1.500 a 1.800 dólares, un atentado para la economía de familias que se encuentran en vulnerabilidad económica en la mayoría de los casos. “¿Cómo hace un papá para pagar este monto así esté en Venezuela?”, cuestiona Omayrú Hernández, representante del Equipo Solidario Venezuela, organización establecida en Bolivia. “Una persona no va a sacar este monto para hacer el trámite de la tutela, que además es muy lento, sabemos que las instituciones en Venezuela no funcionan”, dice.
Hernández calificó de inflexibles los requisitos solicitados y señala que incluso no se piden en procesos convencionales de regularización. De allí que la población infantil, la más vulnerable y sin poder de decisión, fue la menos favorecida. La activista señala que dejar sin documentación a niños, niñas y adolescentes los expone a la trata y tráfico de personas, pese a que la intención del gobierno es la contraria.
Solo en el último mes del proceso se abrió un compás de flexibilización del cual muchos interesados ni se enteraron. Fue gracias a las gestiones de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) que permitieron que la Dirección General de Migración aceptara para el trámite de los niños un documento supletorio, que es el certificado de registro consular emitido por el consulado de Venezuela, para reemplazar la exigencia de las partidas de nacimiento. Pese al avance, la oficina diplomática venezolana comenzó a exigir la presencia de mamá y papá para emitir el documento, lo que antes no pedía. “Entonces, fue como un círculo vicioso”.
Keyla no cuenta con ningún familiar cercano en Venezuela para tramitar las partidas de nacimiento de sus hijas, pero eso también se puede realizar con un abogado. El costo es 100 dólares por cada una sin legalizaciones ni apostilla. Es un monto elevado para un migrante, pero ella dice que irá ahorrando, quiere que sus hijas tengan carnet de identidad como ella.
Omayrú Hernández considera que se ha cumplido en gran medida la meta de regularizar a los padres, pero remarca que el tema de los niños ha sido muy complicado. “Aquí hay niños que ya casi pertenecen a Bolivia, van creciendo y adoptando las costumbres, pero es como si fueran ficticios, que no existen de verdad, porque si no tienen sus papeles no existen”.
Por esta situación, señala Ariel Ramírez, subdirector de Fundación Munasin Kullaquita (FMK), algunas familias se vieron obligadas a irse del país al no poder obtener documentos “cuando tenían una vida establecida en Bolivia”. Instituciones como esa, la Fundación Scalabrini, el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), Pastoral Social Cáritas, entre otras, y organizaciones internacionales como Unicef, coadyuvaron para lograr un mayor acceso de los migrantes y sus hijos e hijas a la regularización, en algunos casos desde asesoría legal hasta la cobertura en el pago de los aranceles. La asistencia, sin embargo, no pudo revertir el problema infantil.
El Equipo Solidario Venezuela calcula que más de 500 niños y niñas venezolanos quedaron sin poder regularizarse. La FMK estima que solo el 30% de niños lo lograron. Es decir: al menos un 70% carece de documentos de identidad. La abogada Jéssica Echeverría sugiere una reunión entre la embajada de Venezuela en Bolivia, la Dirección General de la Niñez del Ministerio de Justicia y del Ministerio de Gobierno para encontrar una salida que pueda regular esta situación de “vacío” y que haga primar los derechos infantiles por encima de otras consideraciones. “Eso es un compromiso que tienen todos los estados y es asumido también por Bolivia”.
La directora general de Migración, Katherine Calderón, tiene una opinión diferente. Considera que los problemas fueron pocos y que muchas organizaciones ayudaron a los migrantes para que puedan acceder a regularizarse. Muestra de ello, dijo, es que la cifra de 3.500 beneficiarios estimados, como parte del Decreto, fue superada en más de 800.
“No hemos tenido muchos problemas, nos hemos acercado a la comunidad migrante, hemos trabajado con organizaciones de la sociedad civil y estas organizaciones han podido ayudar a migrantes que no tenían los recursos para poder acceder a este beneficio, hemos estado lo más abiertos posibles para que la mayor cantidad de estas personas que necesitan este beneficio pueden acceder al decreto supremo”, señaló la autoridad.
Directora general de Migración, Katherine Calderón. Foto: digemig
Los niños con derechos restringidos
Al no contar con documentos, el ejercicio de los derechos de los niños se hace incierto y conseguir la atención en una institución pública o privada se torna en una verdadera prueba de persistencia. Esta situación mantiene en incertidumbre a los padres. Son varios los derechos que se vulneran en los niños que se desprenden de la falta de documentación.
El primer derecho vulnerado es el de la identidad, seguido del derecho a la salud, a la educación, al libre tránsito, a la seguridad, a la alimentación adecuada, entre otros.
Sobre el derecho a la salud, Omayrú Hernández hace una advertencia: “En los últimos meses no están inscribiendo a los niños sin documentos al Sistema Único de Salud (SUS) y están exigiendo que el menor de edad tenga carnet de identidad con permanencia”. Entre los grupos vulnerables de extranjeros que debe atender el SUS se encuentran niños y niñas, pero menores de cinco años de edad. Hernández dice que en la gestión 2021 se les atendía de forma gratuita solo en casos de emergencia, pero no para medicina de prevención. Hasta la publicación de esta nota, no se tuvo respuesta de la Dirección de Gestión del SUS.
Los problemas derivados de la falta de documentación van más allá del SUS. Muchos niños, por ejemplo, no pueden acceder a campañas médicas como el de labio leporino al no contar con documentos. E incluso hay problemas en la aplicación de vacunas. Las mamás deben buscar en centros donde el personal de salud es más flexible con los requisitos.
En similar sentido se encuentra el tema de la educación. Antes a los niños no se les exigía tanto los documentos para la escuela, “pero ahora cada vez exigen más e inclusive colocan plazos”. “Hay papás que han firmado acuerdos para presentar los requisitos en un plazo de tres meses o antes de que termine el año escolar, pero sabemos que la cédula de identidad del niño es muy complicada sacarla con los actuales requisitos”, indica Hernández.
La carencia de documentos impacta en la inscripción en el Registro Único de Estudiantes (RUDE) o la emisión de certificados de estudio, como repasa el filósofo y especialista en educación, Rodrigo Montes.
“Esta situación hace que el cumplimiento del derecho a la educación sea cada vez más complejo, y mucho más cuando el ingreso al año escolar es extemporáneo”, refiere.
Consultado al Ministerio de Educación sobre la cantidad de niños venezolanos que acceden a este servicio y la situación legal en que se encuentran, la Unidad de Comunicación indicó en su momento que los funcionarios desconocen sobre el tema y quienes están autorizados a dar entrevistas se encuentran de viaje. La coordinadora general del Centro de Educación y Comunicación Jóvenes Bolivia (Eco-Jóvenes), Julia Velasco, señala que todos los menores de edad que se encuentran en el país, sin importar su procedencia, tienen derecho a gozar de absolutamente todos los derechos que establece el Código Niño Niña Adolescente y las autoridades están obligadas a hacerlo cumplir.
La situación de los migrantes venezolanos en general podría cambiar si el gobierno boliviano aplicara la Declaración de Cartagena que amplía la calidad de refugiados a aquellas personas que salen de su país de origen por motivos de una grave crisis humanitaria que pone en riesgo su permanencia. Sin embargo, Bolivia continúa con su política de negar el refugio al considerar que los millones de venezolanos que salieron de su país fue de forma voluntaria y por un motivo netamente económico. El reportaje “Vivir con discapacidad, perseguir la salud, esperar el refugio” (
https://bit.ly/3RtOAD7) pone en evidencia la política del gobierno de negar refugio a los migrantes venezolanos.
La posición del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) es que las personas que abandonan Venezuela lo hacen por razones que están ligadas a necesidades de protección internacional, por lo que el reconocimiento de la condición de refugiado se debe hacer independientemente de la nacionalidad de las personas y de la administración de los gobiernos.
Keyla al llegar a Bolivia, en noviembre de 2020, solicitó refugio a la Comisión Nacional del Refugiado (Conare). Dos semanas después su solicitud fue rechazada. Le respondieron que no cumple con los requisitos.
“La opinión que tenemos de Conare es que ellos califican a los venezolanos en el perfil de migrantes económicos, sin embargo, la gran solicitud de refugio que hubo tuvo su respuesta, de alguna manera, en el decreto supremo de regularización, que permitirá, a quienes accedieron, su derecho a la integración y al acceso a otros derechos”, dice el director de la Fundación Scalabrini, Ildo Grizz.
Cuando un Estado brinda el estatus de refugiado a una persona, la pone bajo su protección y le brinda todos los derechos como a un connacional, facilitando el acceso a los servicios de manera indistinta.
Keyla se siente afortunada de estar en el país. Dice que, pese a las adversidades en su viaje hacia Bolivia, no pasó lo que ocurre con muchos de sus compatriotas: maltrato y xenofobia. Al llegar a Bolivia recibió la ayuda de las instituciones de la Iglesia y en Santa Cruz la solidaridad de las personas. Ahora aspira a tener su propio local de pintado de uñas, lo que le permitirá una mayor estabilidad para sus hijas. Su principal objetivo es dotarlas de documentos para sentirse más tranquila. Por lo pronto no piensa en regresar a su país.
Niños venezolanos en un centro educativo. Foto: ESV
Producción realizada en el marco de la Sala de Formación y Redacción Puentes de Comunicación III, de Escuela Cocuyo y El Faro. Proyecto apoyado por DW Akademie y el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Alemania.
