La Paz, 30 de julio (ANF).- El Gobierno analiza al menos cuatro cambios a la Ley Integral contra la Trata y Tráfico de Personas (N° 263) para fortalecer la lucha contra estos delitos. En ese marco se propone la incorporación de la pérdida de dominio de bienes vinculados a estos delitos; una mayor diferenciación de ambos ilícitos, la inclusión de los Ministerios de Defensa y Obras Públicas en la lucha contra estos delitos y la posibilidad de establecer un presupuesto para atender y prevenir esos casos, entre otros.
La propuesta la modificación de la normativa se da en la medida en que se requieren acciones más concretas para luchar contra estos delitos que cada vez más ataca a adolescentes. Precisamente hoy, 30 de julio, se conmemora el Día Mundial contra la Trata de Personas, declarado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2013, con la finalidad de concientizar a las personas y sobre todo a los gobiernos sobre la situación de las víctimas de esta problemática y promocionar y proteger sus derechos.
“Un cambio que se está trabajando es la inclusión en la ley de la pérdida de dominio de los bienes vinculados a la trata y tráfico de personas, para que estas infraestructuras puedan convertirse en oficinas, centros de atención de las víctimas de estos delitos y otros”, informó la directora general de Lucha Contra la Trata y Tráfico de Personas, Carola Arraya, durante una entrevista con ANF.
Carola Arraya, Directora general de Lucha Contra la Trata y Tráfico de Personas Foto: ANF
Dicha figura jurídica busca que, mediante una sentencia judicial, se declare la pérdida del derecho de propiedad de un bien vinculado a la trata y tráfico de personas en favor del Estado, con el fin de evitar la consolidación y disfrute sobre esos activos de origen ilícito y que éste se destine a la lucha contra esos delitos.
Al respecto, el técnico operativo del Proyecto Camino a Casa Fase 2 de Plan International, Daniel Siles, opinó que la reforma sería una buena medida para garantizar la habilitación de más centros de acogida y servicios de atención para las víctimas de estos ilícitos.
Arraya contó que otro de los cambios a la normativa, aprobada en 2012, será efectuar una mayor diferenciación entre los delitos de trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, lo cual implicará modificaciones de las figuras penales en el Código Penal.
En esa línea, Arraya precisó que se pretende cambiar el nombre de la norma como Ley de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes.
La autoridad afirmó que también se plantea incorporar en el Consejo Plurinacional Contra la Trata y Tráfico de Personas (CPCTTP) a los ministerios de Defensa, para que resguarde las fronteras frente a estos delitos, y Obras Públicas, porque regula a los sectores de transporte terrestre, aéreo y otros.
Sobre el presupuesto
Uno de los temas más sensibles en la lucha contra estos delitos es el tema presupuestario. Al respecto, la directora afirmó que se analiza la posibilidad de establecer un presupuesto para la atención y prevención de los casos de trata y tráfico de personas, aunque el tema es “muy complejo”.
Por su parte, la coordinadora en Educo del Programa Tejiendo Redes Seguras (Protejeres) y parte del Consejo como representante de la sociedad civil, Nancy Alé, expresó que es una tarea pendiente que en la ley se asigne un presupuesto específico para garantizar el funcionamiento de los servicios de atención y centros de acogida para las víctimas, la aplicación de acciones preventivas, así como la capacitación de los servidores públicos, con la finalidad de mejorar la lucha contra estos ilícitos.
De la misma forma, el director de la Fundación Munasim Kullakita (FMK) y del Movimiento Vuela Libre, Ariel Ramírez, aseveró que es urgente modificar dicha norma porque no cuenta con un presupuesto. Explicó que, por ello, la mayor parte de las defensorías de la niñez y adolescencia y las divisiones de trata y tráfico y otros se sujetan de la Ley 348 para Garantizar a las Mujeres una Vida libre de Violencia con el fin de realizar acciones de prevención de trata y tráfico, trabajo infantil en situación de calle y otros.
Detalló que dichos recursos fortalecerían las divisiones de trata y tráfico y la realización de campañas de prevención en distintas regiones del país.
Por su parte, Siles agregó que “es vital que se asigne un presupuesto concreto que pueden recaudarse en un esfuerzo conjunto por diferentes instancias para lograr resultados más efectivos para combatir estos delitos”.
Análisis de los cambios
El análisis de dichas modificaciones es uno de los avances logrados en CPCTTP, que es la máxima instancia de coordinación y representación para formular, aprobar y ejecutar la política y el plan nacional de lucha contra estos ilícitos y delitos conexos.
Dichas modificaciones fueron planteadas por la Policía Boliviana, instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil que se dedican a la atención y prevención de los casos relacionados a estos delitos.
En ese sentido, Arraya mencionó que hace más de un mes se concluyó la recepción de cambios normativos, los cuales fueron sistematizados en un documento y se hizo un análisis de dichas modificaciones en cada área, lo cual será revisado por una comisión conformada por los Ministerios de Justicia, Gobierno y Cancillería.
“Con estos avances, se puede ver que existe una mayor conciencia de las instituciones sobre esta problemática respecto a años atrás. Se ha entendido con las cifras elevadas de casos vinculados a estos delitos que es un problema estructural y que la atención y protección de las víctimas es una prioridad, así como la investigación de las redes transnacionales que están detrás de esto”, expresó Arraya.
En esa línea, Alé afirmó que se recogió propuestas de cambios normativos a la Ley 263 de diferentes instancias y el proceso fue bastante participativo, por lo cual se están sistematizando a fin de lograr que los criterios sean homogéneos y se consoliden las modificaciones.
“En los últimos meses se debe reconocer la voluntad política del Consejo Contra la Trata y Tráfico para impulsar la lucha contra estos delitos a través de la firma de convenios bilaterales, el reinicio de las hojas de trabajo con varios países y otros”, aseguró Alé.
Siles destacó que dicho Consejo, que aglutina a varios ministerios y organizaciones, esté abierto a efectuar modificaciones en la Ley 263 y otras normas relacionadas al tema porque existen vacíos cuando se desarrolla el trabajo y surgen nuevas formas de captación como las redes sociales, por lo que se requiere una adecuación de las normas.
“Ante esto, Plan International ha fortalecido estos espacios para que las organizaciones de la sociedad civil puedan efectuar este aporte y aprovechar esta apertura para plantear modificaciones a la ley, así como la inclusión de los delitos del ciber crimen”, manifestó Siles.
Nuevos delitos
Entre tanto, la directora aseveró que el equipo legal del Ministerio de Justicia también evalúa la inclusión de los delitos cibernéticos como el grooming (acoso sexual a menores y jóvenes), el sexting (recepción o transmisión de imágenes o videos que conllevan un contenido sexual mediante redes sociales) y otros al Código Penal para sancionar a los responsables de estas acciones.
Al respecto, la coordinadora en Educo de Protejeres explicó que si bien es urgente incorporar esos nuevos delitos digitales, porque se ha incrementado de forma alarmante los casos de captación de víctimas mediante las redes sociales y juegos virtuales, se requiere un debate profundo con los distintos sectores involucrados.
De su lado, el director de la FMK mencionó que se solicitó la inclusión de esos delitos digitales al Código Penal porque cuando se registran estos casos existe ambigüedad y son confundidos con la pornografía y quedan en la impunidad porque no hay una sanción para estos hechos.
Tareas pendientes del Estado
Por otra parte, Alé dijo que un problema que aún no se ha resuelto es el acceso a la justicia para las víctimas debido a que las sentencias por trata y tráfico son pocas y, por ejemplo, solo en 2020 se lograron tres fallos por estos delitos.
“Esto nos muestra la gran brecha que hay entre las denuncias y los casos que se logran sentenciar y eso se debe a que hay una debilidad institucional y no hay una especialización de los funcionarios que trabajan con estos delitos. A ello se suma que muchas familias tienen serias limitaciones económicas para seguir con el proceso y terminan desistiendo”, dijo Alé.
En cambio, en 2019 cuatro casos llegaron a juicio y hubo tan solo a una sentencia, de acuerdo con los datos del Consejo de la Magistratura.
Este panorama no ha cambiado en los últimos años. En 2018, por ello en el decimonoveno Informe Anual sobre la Trata de Personas del Departamento de Estado de los Estados Unidos se afirma que “el Gobierno de Bolivia no cumple con los estándares mininos para la eliminación de la trata de personas, pero está realizando importantes esfuerzos para lograrlo”.
Los casos
Entre enero y abril de 2021, la Fiscalía Especializada en Delitos en Razón de Género y Juvenil atendió 1.856 casos de trata y tráfico y delitos conexos en todo el país. Según esos datos, se reportan 16 casos por día de esos delitos.
En 2020, se contabilizaron 451 casos de trata y tráfico de personas y delitos conexos en todo el país, cifra que representa 17% menos del total de casos registrados en 2019, que sumaron 526, según datos consolidados del Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana y Lucha Contra las Drogas.
No obstante, las instituciones que trabajan en esta temática coincidieron en que en lo que va de este año los casos de trata y tráfico se incrementaron debido a la crisis económica generada por la pandemia del Covid-19, el desempleo, una mayor vulnerabilidad de los jóvenes, la mayor oferta de anuncios por internet de servicios sexuales de adolescentes, entre otras causas.
Prevención
Por otra parte, la directora general de Lucha Contra la Trata y Tráfico de Personas mencionó que se presentó al Consejo una estrategia nacional de prevención contra la trata de personas que incluye la capacitación permanente de los funcionarios públicos de entidades e instituciones que trabajan con ambos delitos y la realización de talleres para padres de familia y maestros, así como para sectores sociales, que además son capacitados para ser agentes de prevención de estos ilícitos.
Agregó que existe otra estrategia que se aplicará en las nuevas Tecnologías de información y Comunicación (TIC) y está dirigido a niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos con la finalidad de informarles sobre estos delitos, las formas de captación, la identificación de los tratantes de personas, las consecuencias que producen esos ilícitos, las acciones de prevención y en qué instituciones denunciar los casos, entre otras temáticas.
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