La Paz, 23 de marzo (ANF).- A lo largo de estos años se conoció de denuncias sobre actividades irregulares de empresas chinas en la región de América Latina y en el marco de la 49° sesión del Consejo de Derechos Humanos, un reciente informe ratifica vulneraciones a los derechos humanos y ambientales de estas inversiones del gigante asiático en países como Bolivia, Perú y Colombia.
Más de 60 organizaciones de la sociedad civil presentaron hoy este nuevo reporte que evalúa 26 proyectos chinos en nueve países de la región latinoamericana, en el cual se demuestra que existe un patrón de incumplimiento del Estado chino frente a los estándares internacionales en materia de derechos humanos y el ambiente.
“Todas estas compañías tienen mayor incidencia en las afectaciones a los derechos relacionados con el medio ambiente y pueblos indígenas”, estableció, durante la presentación del informe, la Coordinadora de la alianza por los derechos humanos del Ecuador; Vivian Idrovo.
Idrovo agregó que las operaciones chinas que vulneran estos derechos en mayor cantidad están relacionadas a las actividades extractivas mineras.
El reporte denominado “Derechos humanos y actividades empresariales chinas en Latinoamérica” evalúa el nivel de cumplimiento de las recomendaciones adoptadas por China en su último EPU (Examen Periódico Universal), a partir del examen de las vulneraciones a los derechos humanos y de la naturaleza en 26 proyectos con participación china (23 consorcios y al menos 6 bancos) que se desarrollan en los sectores de minería (12), hidroelectricidad (6), hidrocarburos (3) y otros (5). “
“La conclusión final de este informe es que el Estado chino ha hecho esfuerzos insuficientes para cumplir los compromisos asumidos y garantizar los derechos humanos más allá de su territorio nacional”, manifestó Idrovo.
Es así que estás instituciones del Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas (CICDHA), detallaron en este documento internacional, que en 24 casos hubo violaciones al derecho a vivir en un medioambiente sano y daños al ambiente, en 18 casos se dieron violaciones al derecho de participación y consulta libre, previa e informada y en la mitad de los casos hubo violaciones al derecho a la tierra, al territorio y a una vivienda adecuada. Así mismo, existe una presencia constante de vulneraciones a los derechos civiles y políticos fundamentales y los derechos laborales, individuales y colectivos, entre otros.
Por ello, estas instituciones de la sociedad civil en América Latina emiten sus recomendaciones frente a este escenario de vulneración, como exigir a los bancos y a las empresas chinas una reparación efectiva y oportuna de los impactos sociales y ambientales ocasionados por inversiones chinas.
Franco Albarracín, asesor en derechos humanos del Cedib (Centro de Documentación e investigación de Bolivia), dio a conocer que entre las recomendaciones de estas instancias colectivas está el de demandar control, transparencia y acceso de información para la sociedad respecto a estos proyectos y que inserten “cláusulas en los acuerdos de comercio para la protección de los derechos humanos, el ambiente y la sostenibilidad de los recursos naturales, conforme a los estándares internacionales”.
Situación de Bolivia
En el caso de Bolivia, el informe sobre derechos y actividades empresariales chinas incluye tres casos. Uno de ellos es el proyecto Siderúrgico Mutún, financiado por el Banco de Exportaciones e Importaciones de China e impulsado por la empresa china Sinosteel Equipment & Engineering Co. Ltda. (Sinosteel), donde hay afectación principalmente al Parque Nacional y Área de Manejo Integrado Otuquis, Pantanal boliviano (sitio Ramsar) y Bosque Seco Chiquitano y a los pueblos indígenas chiquitano y ayoreo, así como a las siete comunidades campesinas que en el habitan.
Según los datos del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib) y el CICDHA el proyecto ha violado derechos de consulta previa, al medio ambiente sano, sobre todo por la afectación a los humedales de la zona, así como derechos laborales de trabajadores empleados por la empresa, que se vienen reiterando desde 2015.
Otro caso denunciado es el de la hidroeléctrica Rositas, financiado por el Banco de Exportaciones e Importaciones de China y ejecutado por Asociación Accidental Rositas (AAR) junto con China International Water & Electric, China Three Gorges Corporation y la Empresa Constructora Reedco SRL. Este megaproyecto múltiple afectaría a 23 comunidades indígenas guaranís que habitan el Parque Nacional y Área de manejo integrado (ANMI) Serranía de Iñao, el Área Natural de Manejo Integrado (ANMI) Río Grande y el Área Protegida Municipal Parabanó.
El tercer caso es el proyecto hidroeléctrico Ivirizu, que afecta principalmente a la biodiversidad y más de 280 hectáreas del Parque Nacional Carrasco en la Amazonía de Bolivia. Este proyecto está siendo impulsado por la empresa china Sinohydro Corporation Limited, y financiado por la Empresa Eléctrica Valle Hermoso EVH con recursos propios.
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