La Paz, 3 de enero (ANF).- El Comité Cívico de El Alto y la Confederación de Gremiales de Bolivia rechazaron la obligatoriedad de portar carnet de vacunación contra el Covid-19; los cívicos además pidieron la abrogación de los decretos 4640 y 4641 y piden la renuncia del ministro de Salud, Jeyson Auza.
El Comité Cívico El Alto se declaró preocupado por la obligación de que los ciudadanos porten un carnet de vacunación porque viola los derechos constitucionales de las personas. Coartan nuestros derechos. La ley 1359 dice muy claro sobre la voluntariedad”, sostuvo uno de sus representantes.
“Hemos pedido la modificación, ahora pedimos la abrogación o anulación y la renuncia del ministro de Salud, Jeyson Auza”, acotó, de no ser escuchados hicieron un llamado a las instituciones de El Alto a movilizarse en contra de estas normas.
“Convocamos a las organizaciones de El Alto a unir fuerzas, en caso que no tomen en cuenta (nuestros pedidos) la población se va a movilizar”, advirtió.
Lamentó que el presidente del Estado, Luis Arce; el vicepresidente, David Choquehuanca y el ministro de Salud no hayan respondido a las notas que enviaron.
Por otra parte, los gremiales coincidieron que no están de acuerdo que sea obligatorio portar el carnet, porque la Ley 1359 prevé la voluntariedad de la vacunación, por lo tanto, contradice los dos decretos recientemente aprobados por el Gobierno.
“Es importante aclarar que nuestro sector no se está declarando antivacuna”, declaró el secretario ejecutivo de la Confederación de Gremiales de Bolivia, César Gonzales en contacto con radio Compañera.
Este sector anunció que en los próximos 10 días realizarán un ampliado nacional donde tratarán el tema y las resoluciones se acatarán de manera orgánica. No obstante, aclaró que la mayoría de sus afiliados ya se hicieron vacunar, pero que hay quienes no están de acuerdo.
Gonzales no se hizo vacunar, dijo que lo hará, pero no por un acto de libre decisión, sino porque es obligatorio y se constituye en un obstáculo el no tener el documento para hacer una serie de gestiones en las instituciones.
Insistió que se trata de “defender la libertad que tenemos” y que los decretos 4640 y 4641 vulneran los derechos individuales de las personas que no quieren vacunarse y por tanto, no tendrían que estar obligados a presentar este documento.
El dirigente de los gremiales también criticó que no exista una política de información que esclarezca el plan de vacunación, dudan de la efectividad de las dosis porque independientemente de ser vacunados las personas se siguen contagiando y enfermando.
“Vacunados y no vacunados siguen contagiándose, ¿cuál el sentido de las vacunas si sigues enfermando y contagiándote? Hay vacunas que son rechazadas en diferentes países del mundo, pero se las está usando en Bolivia”, cuestionó el dirigente de los gremiales.
Protestó que no exista una política informativa del Gobierno que esclarezca las “dudas” que tiene la ciudadanía en torno a las vacunas, “existe tanta información y desinformación no sabemos quién dice la verdad (…) Lo que existe en el país es una falta de información”, sostuvo.
Defensoría del Pueblo recomienda a los no vacunados declarar la objeción de conciencia
La Defensoría del Pueblo emitió un informe técnico dirigido al Ministerio de Salud y al Consejo Estratégico contra el Covid-19, en el que observa la “voluntariedad condicionada” de la vacunación.
“Sin embargo, consideramos la voluntariedad condicionada a la presentación de pruebas PCR a costo de las personas o dificultades para acceder a servicios públicos de personas que no se hubieran vacunado merecen un tratamiento diferenciado”, declaró Nadia Cruz a Detrás de la Verdad.
En esa línea, dijo que han pedido que se generen mecanismos para que las personas que declaren objeción de conciencia, que es un derecho individual, puedan ser considerados por el Estado a través de un consejo o mecanismo especial y genere una medida alternativa”.
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