La Paz, 11 de abril (ANF).- La Defensa Pública nunca ha mostrado una eficacia absoluta en la labor que tiene, afirmó el presidente del Colegio de Abogados de La Paz, Edson Foronda. Abogados litigantes y privados de libertad observan que los defensores públicos sugieren a sus patrocinados acogerse al juicio abreviado y aceptar la culpa; la estrategia técnica no es efectiva, pese a que cuentan con los elementos jurídicos para hacerlo; llegan tarde a las audiencias; sugieren acogerse al derecho al silencio, entre otros.
“No le puedes pedir a una institución que tiene que atender sin presupuesto y con la cantidad de casos, y con la cantidad de profesionales, que sea el servicio de excelencia que quisiéramos”, dijo a ANF el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima.
El Servicio Plurinacional de Defensa Pública (Sepdep), institución autónoma dentro del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, tiene la misión de “garantizar la inviolabilidad del derecho a la defensa y el acceso a una justicia oportuna y gratuita”.
El Sepdep cuenta con 55 abogados con un presupuesto total de 10,9 millones de bolivianos para la atención jurídica en esta gestión, según datos del Sistema de Gestión Pública del Ministerio de Economía y Finanzas.
“Es un tema más complejo que el simplemente decir ‘es una basura la Defensa Pública’ porque ni están viendo que son 55 los abogados, que ganan poco, que no tienen presupuesto ni para sacar fotocopias, que no tienen ni auto para ir a (los penales) Chonchocoro y a Palmasola”, respondió Lima.
El ministro indicó que la carga de trabajo promedio de los abogados de la Defensa Pública es de 700 casos, con más los procesos en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, y menos en Pando y Tarija.
“Y les estamos pidiendo a estos defensores que revisen todos los casos que litigan; que vayan a la cárcel; que lleven sus memoriales y que hagan el trabajo con un sueldo que es muy bajo. Con 55 abogados no voy a lograr un servicio de calidad, una defensa técnica impecable”, apuntó la autoridad.
De acuerdo a la escala salarial del Sepdep, obtenida de su página web, los sueldos mensuales de los funcionarios están entre 19.534 bolivianos -director nacional- y 2.110 -portero y mantenimiento-. Los sueldos de los defensores públicos están entre 6.112 bolivianos y 4.438 bolivianos, el último monto para los que están en calidad de auxiliares.
El presidente del Colegio de Abogados de La Paz, Edson Foronda, afirmó que la Defensa Pública “nunca ha mostrado una eficacia absoluta en la labor que realiza” debido a que no existe estabilidad en esa entidad, aunque los abogados hayan ingresado por examen de competencia, y porque la capacidad física de los mismos es mínima para atender todos los casos que les presentan.
En ese sentido, dijo que “es entendible que muchas veces estos abogados sugieran a sus defendidos que se sometan a un juicio abreviado para aligerar la carga procesal, pero en definitiva, no es lo correcto”, dijo a ANF.
Apuntó que la Ley 387 del Ejercicio de la Abogacía sanciona estos extremos y puede ser que los abogados sean sometidos inclusive a un proceso en el Tribunal del Colegio de Abogados de La Paz.
La Agencia de Noticias Fides recibió varias denuncias de privados de libertad sobre la insistencia de los abogados de la Defensa Pública para que se acojan al proceso abreviado, pese a que les aclaran que son inocentes.
“Ellos solo buscan cerrar rápido el caso, pese a que le dije (a mi abogado) que yo no cometí ese delito, me insistía en que me acoja al proceso abreviado, que acepte la culpa, que de esa manera podría salir más rápido”, refirió Juan B. C. El proceso abreviado es usado como una estrategia legal para avanzar en el caso.
Foronda indicó que estos casos son muy recurrentes cuando el defensor de oficio es un abogado que está haciendo “sus primeras armas”, mientras que para los casos penales se requiere por lo general de abogados expertos.
El abogado constitucionalista Jorge Quiroz señaló que muchos de los defensores públicos ingresan al Sedep con el propósito de practicar, por lo que es común escuchar entre ellos “echando a perder se aprende”.
“En este caso no prima conocer la verdad de los hechos, hacer justicia, ellos no quieren litigar, prefieren rápidamente encontrar una salida al caso con el juicio abreviado y no complicarse”, apuntó.
El Ministro de Justicia dijo al respecto que la Defensa Pública “es una escuela donde muchos abogados quieren entrar a trabajar porque tienen la oportunidad, como los médicos, de atender muchos casos, y no es correcto”.
Agregó que “no es justo que una persona a la que acusan con 30 años de cárcel tenga de abogado a un jovencito que nunca ha ido a un juicio, un caso grave debería tener a un abogado muy competente para que atienda el caso”.
Cambios estructurales
El ministro Lima señaló que en principio el Servicio Plurinacional de Defensa Pública no debería estar en el Ministerio de Justicia, debería ser independiente y estar al mismo nivel de la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía.
Y una primera condición para esta nivelación es que los defensores públicos “tengan el mismo sueldo (que los fiscales) y no puedo darles el mismo sueldo”.
“Tengo 55 defensores públicos para todo el país y la fiscalía tiene 501 fiscales; si hay igualdad de armas tendría que tener 501 defensores públicos y tendrían que ganar lo mismo que los de la fiscalía”, enfatizó Lima.
Refirió que, para cambiar esta realidad, que es estructural, se necesita mejorar el servicio de Defensa Pública, por lo cual “tenemos que armar el Servicio de Acceso a la Justicia de manera que nosotros como cabeza de sector podamos ordenar este trabajo y controlar la calidad del servicio”.
En ese sentido informó que el Gabinete aprobó el nuevo Registro Público de Abogacía “y la ley obliga a los 84.000 abogados del país a que nos rindan cuentas de cómo están usando su obligación de atender pro bono (gratis) el primer año de su profesión, y luego durante su carrera”.
Agregó que el Ministerio de Justicia lo que tiene que hacer ahora es organizar el trabajo de los abogados “de manera que tengamos un servicio de calidad”.
“Lo que he visto es tener un Servicio de Acceso a la Justicia, que nosotros tengamos el control sobre todos los abogados que hay en el país, que atienden este tipo de casos, que actúan pro bono, para que les controlemos la calidad y también para que los premiemos, para que los formemos y para que les demos todos los incentivos necesarios, para que ordenemos este trabajo, esto va a ser el Servicio de Acceso a la Justicia”, explicó.
La autoridad citó que hay ONGs que reciben dinero de los bolivianos y de organizaciones internacionales para defender imputados “y no me dan cuentas, no sé qué es lo que están haciendo con ese dinero”.
Además, hay abogados que recibe un sueldo del Estado y que están en las alcaldías y en las gobernaciones, así como en otras instituciones estatales, y no informan sobre cuántos casos atienden y la forma en que los llevan. “Es necesario controlar todo eso”, dijo.
Informó que el servicio informático para el Servicio de Acceso a la Justicia ya está terminado y se realiza una prueba piloto en La Paz, y en breve se irá ampliando este servicio a todas las entidades que brindan acceso a la justicia.
El segundo paso, dijo, es decirles a los grandes estudios de abogados de Bolivia, a los defensores particulares, que puedan contribuir con el trabajo, “que puedan darnos horas de su tiempo para atender los casos más graves”.
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