La Paz, 15 de septiembre de 2022 (ANF).- “La tortura es una violación atroz de los derechos humanos”, señaló en un mensaje el secretario general de la ONU, António Guterres, y agregó que “bajo ninguna circunstancia se debe permitir que los crímenes de los torturadores queden impunes”.
En Bolivia la tortura no tiene castigo. Desde 2013 más de mil casos fueron denunciados y ninguno llegó a sentencia. Son varios los factores que confluyen para que policías, militares y funcionarios públicos civiles apliquen la tortura, o la permitan, sin temor a ser sancionados.
Hace más de 20 años el Comité contra la Tortura (CAT) recomendó al Estado boliviano adecuar en el Código Penal la figura legal de la tortura a estándares internacionales, sin embargo, este proceso no llega a concretarse.
Para Andrés Gautier, responsable del área terapéutica del Instituto de Terapia e Investigación (ITEI), los cambios no existen ni las autoridades judiciales se interesan debido a que reconocen que “necesitan esos métodos para conseguir información”.
ANF le presenta este reportaje que indaga sobre el proceso de invisibilización de la tortura por parte de las autoridades pese a las centenas de víctimas. (Pulse el botón VER en el siguiente recuadro para leer el reportaje multimedia)
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