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Nacional Seguridad

Dos defensores del pueblo Leco criminalizados por defender su tierra de la actividad minera

El Observatorio de Defensores de la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (UNITAS) recuerda a las autoridades nacionales, departamentales, y municipales, que es deber del Estado garantizar que los defensores de derechos puedan cumplir con su labor,
19 de Noviembre, 2020
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Draga utilizada para la explotación de oro. Foto: ANF

La Paz, 19 de noviembre (AND).- Según el abogado Erick Osvaldo, la comunidad indígena Leco de Santa Rosa de Cadima, ubicada en el municipio de Guanay, en La Paz, afronta la depredación de su territorio a causa de operaciones mineras ilegales. Estas son impulsadas por la Corporación de las Fuerzas Armadas para el Desarrollo Nacional (COFADENA), en coordinación con una empresa unipersonal creada por Mario Orihuela Aguirre, un comunario que, aprovechando de su posición como dirigente, obtuvo un poder de los comunarios para otorgar consentimiento ilegítimo en dichas acciones extractivas. Como consecuencia, se afectó a los terrenos donde funciona la unidad educativa del lugar, además de viviendas de algunos comunarios.

Ante la resistencia  y oposición a estas actividades que afectan a la vida de los habitantes de la comunidad, COFADENA y Mario Orihuela iniciaron procesos penales contra los dirigentes del lugar y contra uno de los propietarios de las viviendas afectadas. En este sentido, se ha evidenciado actos de criminalización de dos defensores, uno en detención domiciliaria, y otro detenido en el penal de San Pedro, en La Paz.

El Observatorio de Defensores de la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (UNITAS) recuerda a las autoridades nacionales, departamentales, y municipales, que es deber del Estado garantizar que los defensores de derechos puedan cumplir con su labor, tomando las medidas necesarias para evitar que cualquier persona, ya sea autoridad pública, agente estatal o individuo particular, actúe de tal manera que impida el rol de defensa de estas personas. En este caso, no solo se ha obstruido el trabajo de quienes están detenidos, sino que, a partir de esta acción legal, se ha generado un clima de hostilidad contra otros defensores, pudiendo haberlos intimidado y así anular la oposición a las actividades extractivas ilegales y depredadoras.

Este análisis es parte del boletín Alerta Común que elabora el Observatorio de Defensores de UNITAS y que se distribuye, principalmente, por correo electrónico. Si desea recibir este material, le invitamos a verlo y si gusta suscríbase ingresando al siguiente link: https://redunitas.org/boletin-alerta-comun-observatorio-de-defensores/

///Agencia de Noticias para el Desarrollo

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