En Bolivia hay 19 recintos penitenciarios grandes, donde está la mayoría de los reclusos, en los cuales cerca del 70% cumple detención preventiva, y el resto sentencia condenatoria. También existen recintos pequeños en capitales de provincia y ciudades intermedias, a las cuales, en esta nota, denominamos carceletas.
A continuación, ANF te presenta la ubicación de las cárceles y carceletas del país y las cifras aproximadas de privados de libertad que albergan. Algunas ubicaciones son referenciales, es decir las marcaciones solo hacen referencia al municipio donde se encuentra la carceleta y no así al punto exacto de ubicación.
Los datos fueron elaborados en base a la información proporcionada por Régimen Penitenciario, Tribunal Supremo de Justicia, la Policía y el Servicio para la Prevención de la Tortura (SEPRET) para el censo carcelario 2019.
En el mapa no se contabilizaron las celdas policiales de La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Tarija, Oruro y Chuquisaca.
Hasta los primeros meses del año se contaba con al menos 19.120 privados de libertad. Pero las cifras varían de un día a otro debido a que unos son liberadas con alguna medida judicial y otros son detenidos.
Según Régimen Penitenciario y la Defensoría del Pueblo, el hacinamiento estas cárceles entre 2018 a la fecha está entre 200% a 225%. Porcentaje que se pretende reducir con la habilitación de tres nuevas cárceles ubicadas en Uyuni, Villazón y Oruro, más la ampliación de Palmasola y El Abrá, además de la implementación de nuevas normas.
La infraestructura de las cárceles es tan precaria que, por ejemplo, una cárcel en Chuquisaca con capacidad de albergar a 102 internos cuenta con una población de 738 privados de libertad; varios recintos atraviesan este problema.
Testimonios de los reos, recogidos por la Defensoría, hacen referencia que las celdas carcelarias son inhabitables, cuestan muy caro y son muy pequeñas, incluso hay internos que duermen en los pasillos porque no cuentan con recursos para acceder a una celda.
“Duermo en el pasillo, no en celda, tengo un colchón, tengo cama, nunca tuve una celda”, contó un interno de la cárcel de Villa Busch. “Las condiciones de habitabilidad son deplorables, vivimos alrededor de 16 (dieciséis) privados de libertad en este sector el cual es muy pequeño para esta cantidad”, dijo un interno de Chonchocoro.
Una investigación de ANF reveló los costos para contar con un espacio para dormir en el penal de San Pedro. Primero, para pertenecer a una sección del penal se debe pagar desde Bs 1.000 a $us 3.000, depende a la sección que vaya uno. Luego, el alquiler en una celda pequeña donde están hacinadas unas 15 personas cuesta Bs 100 por mes; también existen celdas más amplias por Bs 1.000 al mes o anticréticos de $us 10 mil a $us 17 mil.
La situación es peor en la mayoría de las carceletas provinciales. Lugares donde existe poco control y los espacios son más precarios.
“Estas cárceles son pues el lamento boliviano, dan pena esos ambientes, cuartitos pequeños, camas sobre adobes en el caso del altiplano; en el caso de los valles, casitas a punto de caerse, y cualquier interno que está en provincia en estas carceletas se puede ir, no se van porque no quieren, porque quieren cumplir su detención, es gente que a veces tiene la llave y a veces cierran con candado, en el caso de la carceleta de Uyuni (la antigua)”, indicó a ANF el exdirector de Régimen Penitenciario, Ramiro Llanos.
Dijo que en el oriente se agrava más la situación de las carceletas provinciales, por ejemplo, en Guayaramerín el tema del acceso a la alimentación es muy precaria debido a que no existe los insumos suficientes para brindar una buena alimentación.
Las cifras son más preocupantes debido al excesivo crecimiento de la población de privados de libertad, solo en 2006 se contaba con 7.782 privados de libertad en 54 recintos carcelarios, y ahora se cuenta con más de 18 mil en 53 cárceles.
Por ejemplo, en la cárcel de San Pedro de La Paz, en 2018, se sacó un promedio de que ingresan 12 internos al penal y salen (con alguna medida judicial) entre cuatro a cinco personas; similar cifra en la cárcel de Sacaba donde ingresan 16 a 20 internos y salen 8 a 10 personas mensualmente.
A toda esta problemática, se suma la carencia de personal que está a cargo de la vigilancia y de la atención médica. El informe de la Defensoría refiere que un policía tiene que vigilar a 23 detenidos y un médico debe atender un promedio de 410 reos.
CENSO CARCELARIO 2019
Entre el jueves y el sábado pasado se realizó el censo carcelario en 53 recintos del país con la participación de 12 instituciones del Estado y 1.507 censadores, la mayoría estudiantes de derecho de las distintas universidades públicas.
Según el Ministerio de Justicia, con el censo se pretende llegar a 18.814 privados de libertad, de los cuales 4.153 están en cárceles de La Paz, 6.739 en Santa Cruz, 2.735 en Cochabamba, 1.068 en Beni, 377 en Pando, 1.129 en Tarija, 745 en Chuquisaca, 845 en Potosí y 983 en Oruro.
El censo preliminarmente ha arrojado una serie de hallazgos: “se ha logrado identificar alrededor de 60 casos verdaderamente graves, terribles, de violación de derechos de las personas privadas de libertad, los cuales en las próximas horas deberían recibir una atención inmediata”, señaló el ministro de Justicia, Héctor Arce.
Los casos fueron detectados en recintos de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, las mismas requieren atención inmediata.
La mayoría son casos de internos que cumplieron con su sentencia, pero continúan recluidos. Por ejemplo, un adulto mayor cumplió con sus 10 años de sentencia, sin embargo, sigue en la cárcel porque no se contabilizó los años cumplidos de detención domiciliaria; otro privado de libertad tiene mandamiento de libertad desde 2015, pero sigue recluido; existe otra persona detenida preventivamente más de seis años por robo, cuando la pena máxima para ese delito es cinco años.
Hay otros casos donde se detectaron internos tienen epilepsia, problemas mentales, sordo mudos e incluso una persona ciega y pese a ello, están recluidos.
“Algún gran autor de derecho, era procesalista italiano nos decía ‘que el estado de una sociedad se la puede medir por el estado de sus cárceles’, y eso es una situación que ha motivado que nosotros como Ministerio de Justicia, a instrucción del presidente Evo Morales, volquemos en un sentido humanitario nuestra atención hacia este sector”, finalizó la autoridad.
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