La Paz, 23 de julio (ANF). – Por separado y desde diferentes departamentos, los cívicos de la Chiquitanía y la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) se declararon en estado de emergencia en medio de un conflicto por las tierras en el oriente.
Los cívicos cruceños denuncian tráfico de tierras e ilegal toma de tierras; entre tanto, la organización campesina acusó al gobernador Luis Fernando Camacho y al Comité pro Santa Cruz de pretender perpetrar el avasallamientos de tierras fiscales.
La reunión de la CSUTCB tuvo lugar en la ciudad de Sucre del departamento de Chuquisaca; en el evento participaron altas autoridades de Gobierno, como el presidente Luis Arce y exmandatario y líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales.
El bloque cívico chiquitano y los comités cívicos provinciales de la cruceñidad se reunieron en el departamento Santa Cruz y resolvieron apoyar el funcionamiento de la Comisión Agraria Departamental (CAD), además se declararon en emergencia para la defensa de la región chiquitanía y otras zonas donde ocurren “avasallamientos y tráfico de tierras”.
Exigieron respeto al artículo 107 de la Ley 3545 que delimita la dotación de tierras fiscales, las que deberían estar a favor de las comunidades indígenas originarias; asimismo, piden respeto y conservación de las áreas protegidas, parques nacionales y bosques en general.
Caciques y cívicos de Roboré, San Ignacio de Velasco, San Miguel y otros, denunciaron la existencia de comunidades fantasmas en áreas protegidas que tendrían autorización del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). Una comisión especial de la oposición en la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) constató la existencia de asentamientos ilegales en áreas protegidas.
Los cívicos cruceños también determinaron pedir a la ALD trabajar una “Ley de Pausa Ambiental” para proteger el territorio de posibles incendios debido a autorizaciones de deforestación.
Entre tanto, la CSUTCB analizó que los depredadores y los más interesados en tomar tierras fiscales en el oriente del país son los de la “oligarquía cruceña” que presuntamente pretenden hacer a un lado a las personas de otras regiones que “buscan un lugar donde vivir”.
“El golpista Fernando Camacho en complicidad con el Comité pro Santa Cruz (pretenden) beneficiar a las elites cruceñistas, latifundistas, extranjeras, traficantes de tierras. Instamos a nuestros afiliados (…) de los nueve departamentos a mantenernos en estado de emergencia nacional”, señala una de las determinaciones de la Confederación.
Precisaron que la administración de la tierra es privativa del nivel central del Estado y no de los gobiernos subnacionales; asimismo rechazaron las convocatorias de los cívicos a cumbres o encuentros sobre la tierra que supuestamente tendrían tintes divisionistas.
Instaron al INRA, al Viceministerio de Tierras, a la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT) y a otras instancias del Estado a no asistir a las reuniones convocadas por entidades como la gobernación de Santa Cruz.
“Pedimos al Ministerio Público, Ministerio de Gobierno, Ministerio de Justicia y otras instancias del Estado Plurinacional de Bolivia, tomar medidas de emergencia y la detención de autoridades y personas que insten a la violencia e intenten usurpar funciones del Estado central, para beneficio”, señala la séptima resolución de CSUTCB.
Entre tanto, los cívicos de la Chiquitanía, exigieron al INRA que participe en la siguiente convocatoria para la conformación de la CAD en Santa Cruz. “Nos declaramos en movilización permanente y le exigimos al director Departamental del INRA su participación en la siguiente convocatoria de la Comisión Agraria Departamental en caso de su ‘inasistencia’ en 72 horas los Comités Cívicos chiquitanos tomarán medidas de hecho.”, advirtieron.
El gobernador de Santa Cruz convocó a principios de este mes para la conformación de la CAD, pero a falta de la asistencia de representantes del INRA no se logró concretar.
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