La Paz, 11 de julio de 2026 (ANF). - Los presidentes las Cámaras de Senadores, Diego Ávila; y de diputados, Roberto Castro, corren el riesgo de ser procesados por incumplir el fallo de la Sala Constitucional Tercera de La Paz, que ordenó la aprobación del proyecto de ley Transitoria de Funcionamiento del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
El abogado Frank Campero informó a la ANF que su cliente Rafael Quispe, el 15 de junio, presentó un recurso de queja contra ambas autoridades y contra el presidente de la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Juan del Granado, porque no cumplieron con el plazo de 45 días que estableció la resolución constitucional para aprobar ese proyecto de ley.
“El Órgano Legislativo tendrá que emitir un informe a la Sala Constitucional Tercera donde explicará cuáles son los justificativos del retraso. Si no son acordes a este informe, si no tiene razón jurídica, nosotros vamos a iniciar el proceso penal por el delito de incumplimiento a resoluciones constitucionales”, afirmó el jurista.
En diciembre de 2025, Rafael Quispe presentó una acción popular contra los autoprorrogados, los presidentes de las cámaras de Diputados, Senadores y la comisión de Constitución exigiendo que se agilice el tratamiento de una norma que permita el funcionamiento con carácter transitorio del TCP y TSJ, además del cese de funciones de los magistrados.
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