La Paz, 9 de julio de 2026 (ANF).- Un total de 148 procesos de investigación fueron abiertos por la Fiscalía en diferentes partes del país, la mayoría en La Paz, sobre los bloqueos de carreteras que afectaron al país entre mayo y junio pasados, cuando murieron 22 personas, la mayoría por no recibir atención médica oportuna debido a las protestas.
Así lo informó este jueves el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, en una rueda de prensa en la que también precisó que 99 de esos casos fueron iniciados de oficio por el Ministerio Público.
Del total de procesos, 114 corresponden al departamento de La Paz, 22 a Cochabamba, cinco a Oruro, dos a Santa Cruz, dos al Beni, dos a Chuquisaca y uno a Potosí.
Agregó que hay personas con detención preventiva y que el Ministerio Público no ha favorecido a ninguno de los acusados, pues las investigaciones siguen su curso.
Sobre el caso del dirigente campesino Vicente Salazar, que cumple detención preventiva en el penal de Chonchocoro, dijo que fue aprehendido porque, después de que se alcanzaran acuerdos con el Gobierno para suspender el conflicto, aún intentaba cometer delitos.
“Él continuaba con esa actitud de querer cometer delitos dentro del territorio nacional. Es por eso que el Ministerio de Gobierno ha solicitado, a través de un memorial, que se libre una orden de aprehensión específicamente en contra del señor Vicente Salazar”, dijo Mariaca.
Además, confirmó que la Fiscalía ha comenzado a investigar la denuncia presentada por el Comité Pro Santa Cruz contra el expresidente Evo Morales, el dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, y Vicente Salazar, señalados por haber instigado las protestas que pedían la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
“Se está trabajando en diferentes requerimientos y en citar a distintas personas para esclarecer estos hechos”, dijo Mariaca.
La Defensoría del Pueblo estableció que 22 personas murieron durante el conflicto, que se prolongó por más de 50 días, cuando los bloqueos afectaron principalmente a los departamentos de La Paz y Oruro, causando un desabastecimiento en alimentos, medicamentos y combustibles.
La mayoría de las 22 víctimas falleció por la falta de atención médica oportuna debido a los bloqueos, mientras que tres eran campesinos que perdieron la vida durante las protestas y los operativos de desbloqueos, según la Defensoría.
Además, las pérdidas económicas alcanzaron cerca de 3.000 millones de dólares, afirmaron diferentes cámaras empresariales.
JA
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