La Paz, 18 de agosto (ANF). – El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) denunció que existe un abuso en el uso de la detención preventiva que obstaculiza el acceso a la verdad de la justicia en el país y mostró una falta de independencia del Ministerio Público que permitió su utilización con fines de persecución política, según el abogado y oficial de programa Senior de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF – siglas en ingles), Ramiro Orias.
Señaló que el GIEI-Bolivia hizo una fuerte observación al papel de la justicia en el país, por ejemplo, que el Ministerio Público practique detenciones ilegales en el periodo de investigación que hizo el Grupo de expertos, entre septiembre a diciembre del 2019.
“Habla sobre las detenciones ilegales que practica el Ministerio Público. Da una serie de recomendaciones fundamentales para que el Ministerio Público, principalmente, actúe con una mayor probidad y autonomía. Hace mucho énfasis en la necesidad de garantizar la autonomía del Ministerio Público en sus investigaciones; en ese sentido, es un llamado de atención muy grande al trabajo que ha estado realizando la Fiscalía, antes, durante y después de la crisis (del 2019)”, manifestó Orias a la ANF.
El GIEI presentó su informe final sobre los hechos acontecidos durante los últimos cuatro meses del 2019 a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y al Estado boliviano. Presentó sus conclusiones y una serie de recomendaciones como la reforma a la justicia y resarcimiento de daños a las víctimas.
Orias subrayó que el informe muestra una falta de independencia de la justicia boliviana, lo que permite la instrumentalización de la justicia con fines de persecución política y una práctica de abuso en el uso de las detenciones preventivas.
Indicó que el informe da recomendaciones específicas a la capacidad de investigación del Ministerio Público. Dijo que en muchos la justicia desechó las investigaciones por falta de pruebas, cuando el IDIF daba cuenta de lo contrario, especialmente respecto a personas heridas. “Algunas personas habían perdido las extremidades superiores como efectos de explosiones y dinamitas”, acotó.
Añadió que el informe también reconoce la legitimidad de las movilizaciones de jóvenes que salieron a protestar por la denuncia de un presunto fraude electoral el 2019. También reveló agresiones sexuales en la localidad de Vila Vila y que grupos civiles, y en algunos casos con la participación de funcionarios públicos del gobierno del expresidente Evo Morales, incitaron a la violencia política.
Sin embargo, dijo que la GIEI dejó claro que la investigación que realizó tiene un enfoque hacia los derechos humanos y no puede ser utilizado penalmente ni enjuiciar a los actores mencionados en el documento. Indicó que dejó claro que no realizó ningún análisis de los casos de “fraude electoral” y “golpe de Estado”.
“El uso (del informe) que se haga desde el Gobierno o desde la oposición y que contribuya a la polarización política, que contribuye a exacerbar las fisuras sociales en el país, pues es absolutamente contradictorio porque el informe más bien apela aquí el país supere la polarización social política”, subrayó.
Por último, aseveró que el decreto supremo de indulto y amnistía que promovió el presidente, Luis Arce, es paradójico porque concede amnistía a quienes participaron de actos “violentos” promovidos desde el gobierno en ese entonces. “Sin embargo, tenemos el juicio contra la expresidenta Añez, muy drástico y fuera de todo debido proceso”, manifestó.
En la página 284 del informe de la GIEI, indica que el decreto supremo 4461 de amnistía e indulto “puede interferir negativamente en la obtención de la verdad y la promoción de justicia”.
“Tomando en consideración que, por supuesto, la amnistía o indulto es un acto del Poder Ejecutivo, se advierte que la aplicación del Decreto Supremo puede reforzar la percepción de injerencia política del Gobierno en el desempeño de las funciones del Poder Judicial y de la Fiscalía”, reza el informe.
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